Pa’lante la segunda mega querella anticorrupción en Arona. Y gestándose la cuarta…
lunes, 04 de junio de 2012

Blanca Hari
 
ImageBuenas noticias para los amantes de la emoción y de los espectáculos novedosos: Esta causa no es una mera reiteración-repetición del guión del Caso Arona 1 (u Operación Edén). Nada más lejos de la realidad. 

Incluye incontables novedades al incorporar nuevos protagonistas políticos, nuevos técnicos en escena (los que habían pasado unos meses en prisión, puestos en libertad condicionada y reincorporados a su trabajo hasta que saliera su juicio -por su derecho a la presunción de inocencia-, quedaron en segundo plano de la Oficina Técnica Municipal. Y el primer plano pasaron a ocuparlo otros nuevos, en este caso, elegidos de forma directa por Antonio Sosa como concejal de Urbanismo.

Intento hacerles un recordatorio-entradilla para que se pongan en contexto:

En esta segunda parte del culebrón penal de Arona, cambia el concejal de Urbanismo (y casi todo el gobierno, pues el por entonces ya imputado alcalde solo mantuvo la confianza a-de dos de sus anteriores concejales (Ramonito y Marta). Cambian los jefes técnicos y jurídicos en esa concejalía y en la Secretaría General del Ayuntamiento (a gusto del gobierno bertista). Cambia escenario económico con el reventón internacional de la burbuja del ladrillo.

Jeje, y cambian los métodos de cambalache legal, aquí viene lo bueno, introduciendo novedosos y espectaculares efectos especiales.  Si algún día el bertismo disminuye su frenético ritmo de producción de escándalos, les posteo algunos documentos incluidos en esta segunda querella de Fiscalía para que alucinen con los increíbles argumentos que llegaron a esgrimir juristas y gobernantes municipales para conceder licencias urbanísticas estrombóticas que no se tenían en pie legalmente (muchas de ellas bloqueadas durante años a cuenta de su inclusión o relación estrecha con el controvertido Caso Arona 1).

Aunque resulte difícil de creer, cuando ya el Ayuntamiento aronero y sus responsables estaban ya en la picota judicial, llegaron a conceder licencias que tenían tropecientas anomalías legales e informes en contra ateniéndose a la insólita supremacía de ‘principios’ como el de la costumbre y la alarma social por escándalos mediáticos. Jajajaja, eso sí, todo al estilo Bertorrente. En eso la peli no pierde su esencia.

Otro de los platos fuertes de este nuevo peliculón sobre corrupción urbanística que entra en la cartelera de los top ten films judiciales del Archipiélago canario, es que su rodaje comenzó durante la etapa más crítica de la Crisis de la Corrupción Aronera. Ésta llevaba dando coletazos desde el inicio de la Democracia (por no remontarme más en el tiempo. Pero su bestial reventón-explosión comenzó en marzo de 2006, con el estallido del Arona 1. Sus estruendosas consecuencias judiciales, económicas y sociales responden a que la querella tocó de lleno a todo el sistema de relaciones político-técnicas-empresariales-financieras-laborales-periodísticas y sociales que dominaba desde la sombra (al margen de la legalidad) el Urbanismo y la Política de este imperio turístico y urbanístico del Sur de Tenerife.

¿Se acuerdan, no? Una denuncia de Fiscalía desencadenada por el abogado Felipe Campos en representación del ya extinguido grupo municipal del PSC-PSOE de Arona (sigue habiendo grupo socialista en este desastroso Ayuntamiento, vamos, pero todos los de esa etapa fueron abatidos por el bando político-empresarial socialista durante la guerra interna que vivió el Partido Socialista de Tenerife -y de Canarias- en torno a la judicialización de la política. También en Arona ganó el bando que luchó por el principio de que no deben mezclarse política y juzgados; su lema era el de que no hay que judicializar la vida política porque esa especie de ‘desviación’ perjudica a la economía y al empleo.

Sin olvidar que ese mismo lema anti judicialización de la política (hubiera corrupción o no) lo compartían también de forma expresa los constructores y sus asociaciones, empresas vinculadas a contratos municipales, Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, varias empresas periodísticas y un montón de vecinos (suficientes para que Berto-CC concurriera a las elecciones de 2007 como imputado y lograra 13 de 25 concejales: la primera mayoría absoluta conseguida en el municipio desde hacía décadas).

Uno de los motivos de que ese lema sumara tanto apoyo a pesar de que implicaba un apoyo-tolerancia hacia la corrupción, es que las imputaciones han afectado a miembros de los tres grandes partidos, y no solo a nivel municipal, sino también insular y autonómico. Así como a cargos de la Cámara de Comercio tinerfeña, empresarios, cuerpos de seguridad, técnicos, responsables de concesionarios municipales y, de rebote, hasta algunos vecinos.

Fue la leche la que se lió: El Ayuntamiento se bloqueó urbanísticamente coincidiendo justo con el reventón de la burbuja inmobiliaria y con el inicio de la crisis económica y de sistema que tiene estremecido al Planeta. Cuando los bancos empezaban a cerrar el grifo de la financiación y a ser intrasigentes con la pasta arriesgada en ladrillo. Cientos de solicitudes de licencia de obra mayor y de primera ocupación paralizadas durante meses y años por la incertidumbre y el pánico de políticos, técnicos y juristas municipales. El Plan General de Ordenación que supuestamente estaba listo para entrar en vigor desde principios de 2007, desaparecido misteriosamente -y siguió así hasta principios de este año 2012-).

Encima, por si fueran pocas crisis y nervios, en la época en la que está ambientado el segundo mega caso penal contra los escándalos de corrupción político-técnico-empresariales de Arona saltó, no se olviden, un súper pufo económico en La Caixa: el entonces coordinador-jefe de La Caixa en el Sur de Tenerife (Esteban) fue pillado, denunciado, embargado y condenado por delitos económicos. Oficialmente ha trascendido poco de ese pufo de varios cientos (y hasta miles) de millones de euros. La versión oficial fue que se trataba de un asunto de alteración de dígitos: se detectaron desfalcos multimillonarios, operaciones de alto riesgo y chanchullos en infinidad de cuentas y operaciones bancarias de esa entidad en oficinas de toda la comarca.

Es escándalo se hizo público justo cuando ese aronero natural de Valle San Lorenzo estaba dando el paso a la política como fichaje estrella del Partido Popular de Arona. Llegó a ser oficialmente presentado como candidato a la alcaldía pepera en 2007. Solo que unos cuatro meses antes de las elecciones trascendieron sus trapicheos como directivo de La Caixa y se truncó su apuesta de salvación. Me he detenido un poquitín en esto porque este mega pufo alertó a prácticamente todos los bancos de los arriesgados desmadres que habían estado cometiendo en torno al hiper valorado ladrillo.

De repente los constructores-promotores (tambien la ciudadanía) vieron cerradas las dos puertas que le habían permitido construir imperios ladrilleros a lo largo de décadas: se impuso la legalidad repentina en el Urbanismo y en la contratación pública aronera, se acabó la vista gorda de la banca a las promociones urbanísticas sustentadas en ilegalidades-problemas burocráticos…

Resumiendo (joer, que miren que es difícil), el Caso Arona 2 arrancó cuando el estallido de la citada crisis judicial de la corrupción derivó en una sofisticación de las formas de intentar saltar la Ley en la gestión del Ayuntamiento, y no en la recomendable erradicación de las malas mañas corruptas. Es todo un símbolo de resistencia: un montón de poderes se unieron justificando y apoyando el funcionamiento ilegal de la Administración Pública y, para lograr su objetivo de tutela a la decadencia consistorial -dicen que porque genera empleo y economía-, se unieron para aplacar-erradicar-aplastar-hundir-netralizar a sus denunciantes. Hubo de todo: amenazas, insultos, boicots, trampas, espionaje, calumniosas campañas de descrédito, intentos de soborno…

De la resistencia de los denunciantes contra todo eso, nació la causa judicial que nos ocupa hoy. Un capítulo apasionante de nuestra historia. Se los digo yo, que lo he vivido de cerca.

Este nuevo escándalo judicial sobre asuntos de corrupción urbanística y económica dispara contra gobernantes y ex gobernantes de dos mandatos (2003 a 2011), buena parte de ellos aún con responsabilidades de gobierno.

De la pedazo de guerra que declararon quienes pretendían alejar a los tribunales de la política, del urbanismo y de las contrataciones municipales a toda costa contra quienes abogamos por asfixiar judicialmente la corrupción (y me incluyo), emanó este Caso Arona 2.

Luego vino el Arona 3 y, para que se vayan haciendo a la idea, esta semana se está ultimando el inicio del Caso Arona 4 (sobre las principales escándalos políticos de los últimos meses). Lo malo, que a estas alturas del cuento aún persistan los flirteos con las ilegalidades en la gestión de los fondos e intereses de la población (empresarios incluidos). Joer, y que ahora tampoco está para bollos el horno de los imputados y de los empresarios que han logrado sobrevivir hasta ahora…

Lo bueno, que con tanto quiebro judicial acumulado, caen en alguno fijo. Aunque sea por el Caso Enchufe, independiente de la saga que les acabo de enumerar, pero a punto de dirimir en los próximos días si cae una condena de inhabilitación contra Berto el alcalde (CC) y contra su ex socio de gobierno, ahora en la oposición, Manuel Barrios (CCN-CAN).

Qué municipio más intenso, ¡¡¿ehhhhhhh?!! Y qué agotador, xdddddd.

Como no doy para más, me quedo con las ganas otra vez de ponerles links, negritas, titulines, artículos publicados en esa época y documentos varios que tengo de la misma (las denuncias incluidas.