Mariángeles Sanchez (Avecalta) afirma que en la problemática del Canódromo, Juan José Cardona fue incapaz de defender los intereses generales
martes, 17 de enero de 2012

Realia quiere chupar dinero de donde sea, de ahí que no sea extraño que denuncie a los vecinos pese a que compró dos meses después de que estos denunciaran el caso ante la Justicia, dijo

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SB-Noticias.- Mariángeles Sanchez, portavoz de la asociación vecinal Avecalta de Las Palmas de Gran Canarias, analizó en La Trapera de Radio San Borondón las novedades en torno al caso de las Torres del Canódromo donde el Supremo desecha la sentencia del TSJC que anulaba el Plan urbanístico, pero valoró también la información publicada en la prensa en la que se indica que Realia podría denuncia al colectivo de vecinos por daños y perjuicios, y recuerda que dicha empresa compró dos meses después de haberse presentado por parte de los vecinos el contencioso administrativo, por lo que sabían perfectamente que compraban un solar que estaba sujeto a un litigio que podían perderlo.

Sánchez dijo que no ha habido sentencia del Supremo sobre la materia objeto de la denuncia de Avecalta en el TSJC, de forma que el alto tribunal no ha marcado en ningún momento si los vecinos que denunciaron el caso tienen razón o no, razón por la que personalmente interpreta como no sentencia el posicionamiento público del Supremo, dejando claro que hablamos de que es un asunto en donde los magistrados se llaman la atención los unos a los otros, pero no entra en la materia denunciada por el colectivo vecinal.

Dijo que ahora que Las Palmas de Gran Canaria tiene como alcalde, Juan José Cardona, por aquel entonces concejal de Urbanismo, y que se ha avivado la polémica en torno a este caso se le vienen a la mente los numerosos encuentros mantenidos por dirigentes de la asociación vecinal con él y con los técnicos municipales, reuniones en las que los vecinos contaron con el asesoramiento de técnicos y letrados, porque entendían que se trataban de unas “negociaciones” muy importantes en las que el consistorio demostró que no tenía intenciones de solucionar el problema, sino que quería entretener a los vecinos sin más, razón por la que los vecinos decidieron romper con el ayuntamiento.

Afirma que en esas reuniones mantenidas con Cardona, los vecinos defendían lo que desde 1985 se había reivindicado, que no era otra cosa que al hundirse el negocio del canódromo esa zona de relleno del barranco tenía que seguir siendo de estricto uso público, por lo que cualquier cosa que se hiciese allí tendría que aparejar el desarrollo del barrio a través de equipamientos, principalmente ante la carencia de parques y plazas en esa parte de la ciudad.

En este sentido, indica que en la reunión del 24 de octubre de 2002, Cardona le recriminó personalmente el por qué no había hecho alegaciones al PGO de la ciudad, a lo que le contestó que cuando el grupo municipal estaba haciendo algo en contra del interés general ella estaba atendiendo a un familiar enfermo de cáncer, lo que motivó que el documento de planificación pasara totalmente desapercibido para ella, pero además le dijo al por entonces concejal de Urbanismo que él debía velar por el cumplimiento estricto de las normas y por el interés general y no por el interés empresarial.

Lo lamentable de este asunto es que como concejal de urbanismo incapaz de defender los intereses de los ciudadanos fue capaz de achacarle a ella como ciudadana que no había presentado alegaciones al PGO y destaca que en el marco de esas reuniones los vecinos siempre fueron sinceros, ya que recuerda que le dijo a la cara al hoy alcalde que los vecinos iban a luchar hasta las últimas consecuencias para que no se especulara con esa zona, máxime cuando desde 1985 ese espacio estaba reconocido por el consistorio y recogido en el PGO de 1989 como aprovechamiento de sistema general, incompatible por tanto con la construcción de más viviendas.

Mariángeles Sánchez sostiene que la única explicación dada por Cardona para justificar la construcción de las torres de viviendas es que tras observar la ciudad en avión habían visto que en ese lugar había un espacio en el que cabían nuevas edificaciones, para lo cual se eliminaba una plaza pública reconocida y puesta en uso desde 1992.

Desde su punto de vista, la gestión de Cardona perjudicó notablemente la calidad de vida del barrio de Schamann, pero no veló por los intereses generales sino a la especulación de unos terrenos catalogados oficialmente como de uso para equipamientos y no para la construcción de más viviendas, dicho lo cual recuerda que la sentencia del TSJC daba la razón a los ciudadanos que presentaron el contencioso administrativo, al tiempo que evidenciaba indicios serios de abuso de poder por parte de la administración al haber hecho un cambio en el uso de los terrenos de sistema general a zona residencial sin haberlo recogido con una nueva presentación pública.