Carta abierta a Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de Comisiones Obreras
sábado, 07 de enero de 2012
ImageAlberto Cañete.- Estimado compañero Secretario General:

Me permito dirigirte de manera abierta y compartida estas líneas que pretenden ser una reflexión en voz alta acerca de las circunstancias y acontecimientos que, de poco a esta parte, hemos vivido y seguimos sufriendo en carne propia los trabajadores y trabajadoras de este país.
En mi condición ininterrumpida de afiliado y militante desde hace más de un cuarto de siglo, así como integrante del Comité de Empresa de mi centro de trabajo en representación de CCOO en los últimos diez años, me siento con el derecho adquirido de remitirte mis humildes impresiones directamente y sin intermediarios, con el afán constructivo de quien ha mantenido impertérrita su fidelidad a unas siglas y a una Historia como la que nuestra Confederación Sindical representa en el Estado español.
 
Creo que tanto tú como yo somos conscientes del origen de la actual situación económica y por ende social y laboral; sabemos bien de dónde proviene, a qué se ha debido, de quiénes es la responsabilidad y, sobre todo, a dónde pretende hacernos llegar. Desde siempre, el movimiento sindical –y más en España- ha estado en el punto de mira de los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad; sus cruentos ataques se han redoblado en los últimos tiempos, cuestionando abiertamente y sin graciosas florituras, hiperbólicas sinécdoques o metafóricas alegorías la base misma de su representatividad y hasta de su propia necesidad existencial. Tú mismo fuiste diana de sus ataques histriónicos e histéricos. A muchos de los actuales voceros el “ultra centrismo” les ha resultado muy fácil atacar sin tapujos la diaria labor de quienes pelean a cara descubierta para que las condiciones laborales y sociales de asalariados, pensionistas, trabajadores y trabajadoras del sector público, desempleados, dependientes o discapacitados sean las que su propia dignidad como personas les debe tener reconocidas; frente a los embates indiscriminados que provienen de ámbitos empresariales, políticos e incluso eclesiásticos, los y las representantes sindicales libran auténticas batallas con las que intentan reivindicar continuamente el sentido y el sentimiento de clase. Aunque..., adivino que con esto no te cuento nada nuevo…

Esta labor de años, aún con sus luces y sus sombras, ha supuesto un reconocimiento implícito e incuestionable de los sindicatos y del propio sindicalismo al que representan como agentes sociales de primer orden y de relevante magnitud. Más allá de las someras cifras relativas a afiliación, la respuesta de los trabajadores y trabajadoras a los llamamientos sindicales –desde las propias elecciones en sus centros de trabajo hasta las movilizaciones o huelgas sectoriales, territoriales o generales- siempre han sido importantes. Recuerdo especialmente la huelga convocada contra el infausto “decretazo” del gobierno Aznar –que se saldó con su inmediata retirada-, o la última celebrada el 29-S del pasado año contra los aún primerizos recortes del ejecutivo socialista (¿?) de Zapatero y que -sinceramente y sin afán de que nos arroguemos un protagonismo que no nos corresponde- creo que fue un claro aldabonazo en las conciencias ciudadanas que, al cabo de seis meses, imbricó una parte importante del movimiento 15M.

Si echamos la vista atrás apenas ocho años comprobaremos, entre otras, dos cosas que considero de importancia. Por una parte, la reacción de la población española –la mayoría, recordémoslo, trabajadores y trabajadoras- frente a las formas marcadamente despóticas de los años de “aznarismo” y que llevó a la izquierda moderada y casi sin esperarlo hasta el Gobierno; por otra, la consolidación de la voz sindical como indispensable en el panorama social, político y económico del país. La presencia sindical en las movilizaciones contra la participación española en guerra de Irak fue otra de sus traducciones más relevantes.

Después de dos legislaturas y por la manifiesta incapacidad gubernamental de gestionar el comienzo de la crisis desde una óptica progresista y para adoptar medidas paliativas justificadas –por justas- y justificables –por aplicación de una verdadera justicia social-, la mayoría de la población española –recordémoslo de nuevo: trabajadores y trabajadoras- optó por dar por buenas las pseudo-recetas neoliberales de la derecha nacional-españolista y sustentar su arribada al poder y su cabalgada en tropel hasta el Gobierno. Un nuevo gobierno, todo sea dicho, con un saldo deudor en su hipotético carácter regenerador y con algunos “sietes” en sus costuras: un ministro de economía salpicado sin remisión en el origen de la crisis financiera en virtud de su vinculación directa con la quebrada Lehman Brothers; otro ministro –el de industria y turismo, y canario, para más inri- inmerso en multitud de procesos judiciales relativos a corrupción y tráfico de influencias y que fue declarado culpable convicto, aunque exculpado por la simple prescripción del delito probado cometido; otro miembro del ejecutivo –el ministro de justicia- cuyo principal mérito político es el de crear al mayor agujero deficitario público en España durante su mandato como alcalde de Madrid, dejando en herencia también a una sucesora, al menos, poco digna de alabanzas (la peras y las manzanas… ¿recuerdas?). Y así, con casi todos los miembros del gabinete.

A todo esto, los inefables poderes fácticos –prensa "independiente", empresariado, iglesia católica, etc.- todos remando en la misma dirección: la involución política, las alabanzas cuasi patéticas a las medidas “correctoras” aplicadas contra la crisis y el apoyo a la algarabía para cercenar lo que pomposamente –y creo que hasta alegremente- hemos venido llamando el “Estado del Bienestar”; de paso, también se esmeraban en apoyar las medidas propiciatorias para el paulatino desmembramiento y desaparición del propio “Estado de Derecho” que, para bien o para mal, nos venía otorgando la Constitución, pero que es –o era- el único que teníamos. Una dilapidación lenta pero constante de nuestra estructura social y laboral.

Este repaso somero y –lo reconozco- totalmente subjetivo de la situación que actualmente atravesamos, y dejando en el tintero otras cuestiones no menores como la corrupción política, la escasez democrática de las instituciones y de la ley electoral que las sustenta, las injustas situaciones –unas visibles y otras menos visualizadas- en materia de vivienda digna, emancipación, inmigración, igualdad de género, etcétera, hace, no obstante, que mi preocupación se centre en el futuro: en el de nuestros hijos e hijas (soy padre de tres), en el de nuestros pensionistas (yo, como tú, algún día también lo seré…), en el de nuestro infravalorado medioambiente (el actual Presidente del Gobierno llegó, en su día, a negar el cambio climático “porque me lo dijo un primo mío”…), en el de los desahuciados (¿para cuándo la equitativa normativa de la dación en pago?) y, sobre todo, en el de los casi cinco millones de personas que, desempleados y desempleadas, no ven luz al final de un interminable túnel de miseria y deterioro personal y familiar. Y cuando la ven es, seguramente, la del tren que les viene de frente…

Y es, llegados a este punto, donde yo –y como yo muchos, muchísimos más- deseamos que la voz de los trabajadores y trabajadoras se alce y grite: ¡Basta ya!

La reforma laboral auspiciada por las cúpulas financieras y empresariales, avaladas por el anterior Gobierno y que fue la gran mecha de la huelga general del pasado año quedará –a mi modo de ver- en una mera anécdota ante la “lluvia de piedras” que se nos propone hoy desde el gobierno y la patronal españoles. No es justo seguir exprimiendo al más débil y que los poderosos –económica y políticamente- sigan saliendo indemnes de una situación que sólo ellos han creado con sus ansias especulativas y con la connivencia del bipartidismo. Bipartidismo roto, por primera vez, después de muchos años, pero de manera insuficiente para poder afrontar un periodo de garantías democráticas mínimas. Quiero hacerte copartícipe en este punto de mi impresión de que no es lógico que podamos pensar en hacer recaer el peso de la respuesta política frente a las pretensiones ultramontanas exclusivamente sobre las espaldas de la -aún exigua aunque, para mí, eximia- representación de la izquierda parlamentaria (Izquierda Unida-Chunta Aragonesista-Iniciativa Catalunya Verds, Bloque Nacionalista Galego, Ezquerra Republicana, Compromis, Geroa Bai, Amaiur). Son –somos- los sindicatos quienes deberemos ser los primeros en dar un paso al frente de manera inequívoca.

No es justo, igualmente, que los recortes –los ejecutados y los previstos- recaigan en exclusiva sobre las vidas y los salarios de los que menos tienen, mientras, por otra parte, siguan existiendo desigualdades sociales que traspasen la frontera de lo sindical y políticamente “digerible” desde ópticas de objetiva justicia social.

No es justo que, además, se pretenda colocar sobre la cabeza de la clase trabajadora la espada de Damocles de la desregulación laboral con la única excusa –que no razón- de una crisis que, como ya han advertido numerosos especialistas, no es tal: el dinero no ha desaparecido, ni se ha esfumado o volatizado, ni se ha trasmutado en otro elemento etéreo o intangible; el dinero aún existe (aunque muchos se empeñan en hacérselo esconder en paraísos fiscales, en SICAVs y demás parafernalia de ingeniería financiera), pero concentrado cada vez en menos manos. Una manos cerradas y embolsilladas, a la espera del gran “golpe de timón” que anule la presencia sindical y ahogue la garganta social; sería entonces cuando esas manos se empezaran a abrir para ir soltando limosnas en forma de infrasalarios dirigidos a los claudicados “nadies” de la economía global y cuando todo lo que hemos ayudado a conseguir y todo por lo que la clase trabajadora ha luchado durante años y siglos sea aniquilado definitivamente. El gran sueño capitalista se vería, al fin, cumplido.

Lamento transmitirte tanto pesimismo condensado, aunque te confieso, compañero, que siempre he pensado que, al fin y a la postre, un optimista no es más que un pesimista mal informado… Por eso te pido, encarecidamente te pido, que pienses que algunas veces es preferible sufrir de pie que sucumbir arrodillado y que no sería de recibo –al menos, así lo pienso yo- que por un mal entendido sentido de la responsabilidad podamos caer en una situación aún menos deseada que la primigenia, indeseable por sus consecuencias inmediatas y –lo que creo que sería peor todavía- sin posibilidad plausible de retorno.

Sabemos –tú, yo y miles más- que sí existen otras alternativas; economistas politólogos, sociólogos y sindicalistas ya han desgranado sus propuestas y procedimientos y que son de sobra conocidas y refrendados. No podemos hacer oídos sordos a estas voces y limitarnos a escuchar ensimismados los eternos e inconsistentes cantos de sirena de los de siempre; se impone un órdago a la grande (o, como decimos en Canarias, un envido-siete) en el que me encantaría que se encontrara sumada la voz, la presencia, los argumentos y la fuerza de nuestro sindicato. No me perdonaría –no nos perdonaríamos- que pudiéramos entrar por una puerta falsa en un status colaboracionista de concesiones sin condiciones, con el único pretexto de intentar parchear una situación crítica que necesita y demanda soluciones realistas, sí, pero también justas y de calado. Reformas estructurales son necesarias, pero sin dar ni un paso atrás en lo conseguido; y si hay que ceder, cederemos todos, no solamente los de abajo.

No recuerdo que nunca los trabajadores y trabajadoras hayan sido acreedores de bonificaciones sociales, resarcimientos fiscales o de cualquier otra prebenda o medida de gracia que ayudara a sus condiciones laborales, sociales o familiares, como sí lo ha sido y es benefiada constantemente la clase empresarial. Una clase empresarial a la que, salvo honrosas excepciones, sólo se le identifica por haber estado entrando al trapo de las políticas especulativas, las actitudes corruptas en connivencia con cierta parte del poder político y por haberse convertido en adalid del llamado “libre mercado”, que no es otra cosa que la gran escabechina ejecutada contra lo que debería haber sido su propia razón de ser: la creación de riqueza y la ampliación del mercado laboral, del trabajo digno y con derechos y del motor económico de este país. Antes al contrario, ha transitado por estrategias atilanas de tierra quemada y ahora deberemos ser los demás quienes apaguemos sus brasas. Tampoco olvidemos que durante años han mantenido en sus cúpulas directivas y representativas a auténticos indolentes –cuando no delincuentes-, incapaces de ver más allá de sus propias cuentas corrientes, la mayoría de ellas en paraisos fiscales.

La urgencia manifestada por el nuevo Gobierno para aplicar recetas encaminadas a solucionar el desempleo y la –según afirma- escasa productividad de nuestro sistema económico, cual si de pócimas mágicas se tratase, no puede –no debe- ser bula ni dar pábulo a cualquier tipo de medida que desmonte el ya de por sí frágil equilibrio entre empleadores y empleados en nuestro país. Creo –y estarás de acuerdo conmigo- que una nueva edición de reforma laboral, por sí sola, no será capaz de relanzar nuestra economía y mucho menos de erradicar de un plumazo las altas tasas de paro que hoy registramos. Ya sabemos lo que los empresarios buscan.

Hace falta, antes, la aplicación de otras medidas que coadyuven a superar este status malicioso: una reforma a fondo del sistema financiero implementando tasas por transacciones internacionales, transparencia y Responsabilidad Social en las empresas y corresponsabilidad penal de sus dirigentes y directivos en caso de fraude, entre otras medidas; una revisión completa de la legislación fiscal, aplicando una fiscalidad porcentual creciente al nivel de rentas y eliminando las tasas abusivas de los impuestos indirectos; una legislación específica que recoja la dación en pago como alternativa real y justificada ante la imposibilidad de atender los compromisos hipotecarios…; sin estas reformas previas no habrá solución factible al irreductible proceso de recesión al que nos hemos visto abocados. Todo aquello a lo que, con nuestras buena fe e intención, podamos renunciar quedará irremediablemente en el camino, como cadáveres de una batalla desigual, y con escasas o nulas posibilidades de recuperación futura. Sería éste el gran error histórico del sindicalismo de clase en España. Nuestro gran error.

Por todo ello te conmino a que, en estrecha unidad de acción con el otro sindicato representativo y abriendo vías de entendimiento con otras organizaciones sindicales de clase, se condicione cualquier tipo de acuerdo próximo al compromiso de cumplimiento de las mínimas condiciones previas que garanticen que cualquier medida de ajuste que implique a trabajadores y trabajadoras conlleve un beneficio constatable y lo más inmediato posible, en aras de recuperar sendas de prosperidad, justicia social y regeneración democrática. Un apunte: cuidado con los llamados sindicatos “independientes”; nunca me han gustado y creo que su inconsistencia ideológica y su incontinencia dialéctica les hace doblemente peligrosos para los trabajadores y trabajadoras y para el propio movimiento sindical.

Mi padre, antiguo combatiente republicano de la Guerra Civil, fue quien me indicó su referencia y preferencia sindical cuando, a mis 17 años, comencé a trabajar: “Marcelino Camacho y Comisiones Obreras”, me dijo. Desde entonces éstos han sido mis referentes y quiero y deseo que lo continúen siendo. “No nos doblegarán”, nos enseñó Marcelino y a esa aseveración sigo, con 50 años de edad, confiando mi corazón y mi raciocinio.

Unos versos del trovador cubano Frank Delgado dicen: “Nos debatimos entre / ponernos del lado de los que tiran/ ponernos del lado de los que cogen / o ponernos al lado de los que siembran y nunca recogen”. Creo, mi admirado Ignacio, que tanto tú como yo sabemos de sobra, a estas alturas de nuestras vidas, del lado que nos debemos poner.

Recibe mis mejores y más sinceros deseos de bienestar y felicidad para ti y los tuyos en el nuevo año.

Alberto Cañete
La Laguna-Tenerife
Islas Canarias
5 de enero de 2010