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La compra de terrenos de Geneto una suma de irregularidades que solo benefició a un grupo de empresarios

  • Published in Sociedad

El Cabildo de Tenerife se pone a disposición de la Justicia para que se investigue la compra de los terrenos de Geneto

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha mostrado la plena disposición de la Corporación insular para trasladar toda la información oportuna a las autoridades judiciales para contribuir a la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en la compraventa de unos terrenos en Geneto al CD Tenerife.
Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en la que Pedro Martín ha comparecido junto al vicepresidente primero, Enrique Arriaga, tras darse a conocer que la Fiscalía Provincial ha abierto una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el interventor general del Cabildo por la presunta comisión de delitos en torno a la compra de terrenos anexos a la ciudad deportiva del CD Tenerife durante la presidencia de Coalición Canaria.
Los hechos que se investigan se remontan al año 2012, cuando el Cabildo compró los terrenos ubicados en el barrio de Geneto, en La Laguna, por 18,9 millones de euros, precio que se incrementó un 524% por encima del valor de mercado tras una tasación. En su denuncia, el interventor general del Cabildo aprecia posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y administración desleal.
En su intervención, el presidente del Cabildo explicó que ha habido un informe elaborado por el interventor que ha sido remitido tanto a la Audiencia de Cuentas como a la Fiscalía Provincial, que surge después de haberse recopilado una serie de informaciones durante los últimos meses cumpliendo con las obligaciones del interventor.
Pedro Martín aclaró que el interventor solicitó en varias ocasiones información en mandatos anteriores de cuál fue el procedimiento para la compra de los terrenos en Geneto. De hecho, consta un informe de solicitud del año 2015 trasladado al Parque Científico y Tecnológico pidiendo información que nunca le fue suministrada. Además, indicó que este asunto surge justo ahora porque el grupo de gobierno ha suministrado la información que ha llevado a que el interventor evacue este informe.

Martín afirmó que la operación de compraventa de los terrenos, tal y como plantea la Intervención del Cabildo, no se encuentra justificada porque estaba previsto realizar la construcción del Parque Científico y Tecnológico en los terrenos de Cuevas Blancas y, por tanto, se hacía innecesario comprar uno nuevo suelo en Geneto. Es más, apuntó que el Cabildo, el 21 de febrero de 2011, determinó que la mejor ubicación para el Parque Científico era precisamente Cuevas Blancas: "Por tanto, surge la duda de por qué comprar un suelo para algo en donde ya se había acordado que no se iba a construir el Parque, y que hoy sigue sin construirse nada en ese lugar".
Asimismo, dijo que tampoco se justifica la adquisición directa del inmueble y tampoco se tramitó el preceptivo procedimiento de licitación que garantizase los principios de publicidad y concurrencia, según la información del interventor.
En cuanto a la tasación de los terrenos, el presidente del Cabildo consideró "cuestionables" los criterios tomados para valorarlos, pues se trata de parcelas que no están urbanizadas, se encuentran en un lugar alejado y sin dotaciones públicas, por lo que no pueden compararse en su valor con parcelas ubicadas en la calle Castillo, Villalba Hervás o la Plaza de la Candelaria, apostilló. Al mismo tiempo, apuntó que si se hace un repaso de las valoraciones desde 1997 a 2011 1997 a 2011 de los terrenos de Geneto, el precio del m2 pasó de 17,95 a 196,36 euros.
Igualmente, Pedro Martín consideró llamativo que en este procedimiento, en el momento que se hace la compraventa, la tasación que sirvió de marco estaba caducada. Es más, subrayó que en ese proceso de tasación se tenía que haber tenido en cuenta la información que tenía que suministrar el Consejo Insular de Aguas, el Ministerio de Defensa y las Consejerías de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, que tampoco obran en el expediente.
En relación a la forma de pago, Martín detalló que se estableció mediante la subrogación de préstamos hipotecarios, para lo que es necesario aprobar un plan anual de actuaciones, inversiones y financiación, del que se carece, además de la autorización previa del Consejo de Gobierno del Cabildo. De igual forma, destacó que se asumieron unas deudas mediante este compromiso de subrogación sin tener ningún plan de viabilidad que garantizase que la empresa Parque Científico y Tecnológico pudiera asumir las deudas.
Derivado de toda esta situación, Pedro Martín comentó que el Parque Científico y Tecnológico se encuentra hoy en una situación económica "delicada" y tiene que hacer frente, cada año, al pago de 1,4 millones de euros de amortizaciones, y ha llevado a que la empresa registre resultados negativos desde el año 2012.
Todos estos asuntos han llevado al interventor a trasladar esta información tanto al presidente del Cabildo, como a la Fiscalía Provincial y la Audiencia de Cuentas, para que, en su caso, se proceda a tomar las decisiones oportunas.
Pedro Martín incidió en que uno de los objetivos del grupo de gobierno es buscar la transparencia en todos aquellos asuntos que tienen que ver con el Cabildo, el que sus empresas funcionen y que la gestión del dinero público sea la adecuada. Por tanto, anunció que a partir de ahora van a hacer una "labor de vigilancia" para que esto no siga sucediendo. Además, volvió a mostrar su disposición para trasladar toda la información que sea oportuna.
Por su parte, el vicepresidente primero del Cabildo, Enrique Arriaga, hizo hincapié en que el objetivo del grupo de gobierno no es hacer una "caza de brujas", sino poner todas las empresas y el sector público del Cabildo a funcionar correctamente, lo que, dijo, ha permitido encontrar algún tipo de irregularidad.
Arriaga agregó que el Parque Científico y Tecnológico tiene un "agujero" económico causado por este perjuicio, lo que llevó a investigar el porqué. Así, con toda la información recopilada, indicó que lo que ha hecho el grupo de gobierno es ponerse a disposición del interventor, que será el que dirima judicialmente si hay o no delito. "Nosotros no vamos a hacer caza política de este asunto", afirmó.
Por último, aclaró que desde el Cabildo se ha intentado mantener "toda la transparencia pero también la discreción". Añadió que este informe lleva tiempo pero no han querido "entorpecer la investigación" y por eso no se ha hecho ningún tipo de declaración. Quiso dejar claro, también, que una vez se conocen las situaciones que parecen ser irregulares, desde el grupo de gobierno "no podemos callarnos, ser partícipes y encubrirlas, sino recopilar la información necesaria  y trasladarla a los órganos de fiscalización".