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CC "echa un cabo" al empresario Antonio Plasencia, con varias condenas millonarias

  • Published in Sociedad

SB-Noticias.- No es casual, aunque lo parezca, que coincidan estos días el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife aprobando las compras de un terreno y un edificio, al conocido empresario Antonio Plasencia condenado en el Caso Las Teresitas y por la extracción de áridos de Güimar.

El Cabildo de Tenerife aprobó el pasado viernes adquirir por 23 millones de euros, un inmueble propiedad de Plasencia de 13 plantas de oficina para uso sociosanitario, en concreto para realojar a 270 pacientes del hospital Febles Campos, a pesar de que el inmueble está en suelo de uso administrativo.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado miércoles adquirir el solar anexo al Hospital de La Candelaria, para ampliación del recinto sanitario y aparcamientos subterráneos. En este caso, el importe para la empresa de Antonio Plasencia asciende a 5.524.737,07 €.

Sorprende la coincidencia y el aparente interés de las instituciones gobernadas por CC, por "sanear" las arcas del empresario, condenado por el Caso Las Teresitas (en la actualidad recurrido en el Supremo) y en el caso de las extracciones de Güimar, con una indemnización de 52 millones de euros.

Algunos especulan si esta "coincidencia" podría ser consecuencia de que vaya a salir ya la resolución del Tribunal Supremo desestimando el Recurso planteado por los condenados en el caso Las Teresitas, entre los que se encuentra Antonio Plasencia. Incluso otras voces aventuran si podría haberse filtrado dicha sentencia.

¿No tendrían que haber sido embargados ambos bienes patrimoniales de Plasencia previamente por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, perjudicado por la compraventa de Las Teresitas?, es otra de las cuestiones planteadas por alguos expertos, que llegan a calificar de posible delito de "alzamiento de bienes"... "legal".

IUC afirma que el edificio de Cabo Llanos habría costado 7 millones menos si lo hubiera construido el Cabildo

Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, afirma que es preocupante que el Cabildo de Tenerife decida la compra de un edificio, por 23 millones de euros, para destinarlo a actividad sociosanitaria, al empresario condenado a penas de prisión por la compraventa ilegal de parcelas en Las Teresitas. Si lo hubiera construido el Cabildo habría costado siete millones de euros menos.

 Asimismo, el portavoz municipal de IUC cree que hay que explicar las razones por las que la compra del edificio, ubicado en Cabo Llanos, coincide con la compra de un solar anexo al Hospital Universitario de La Candelaria por 5,5 millones de euros, por parte del Gobierno de Canarias, sin que aún haya sentencia definitiva sobre la anulación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife.

El edil de IUC afirma que sorprende el gasto de 29,1 millones de euros en la compra y rehabilitación del edificio de Cabo Llanos para albergar a los 270 pacientes del Hospital Febles Campos mientras se construye el Febles Campos II, que estará acabado en 2021, costará 16,7 millones y tendrá 205 plazas.

Trujillo advierte que la adquisición del edificio de Cabo Llanos supone unos 107.800 euros por plaza, frente a los 81.400 euros que habrá costado cada plaza cuando se construya el Hospital Febles Campos II. Cada plaza en Cabo Llanos costará 26.400 euros más y se trata, en principio, de un uso provisional, que durará unos dos años.    

En suma, el edificio de Cabo Llanos costará 7,1 millones de euros más del precio que tendría si lo hubiera construido el Cabildo con el mismo coste por plaza que el Febles Campos II. Por lo tanto, según Trujillo, “lo menos que puede diagnosticarse es incompetencia en la planificación de las necesidades sociosanitarias por parte del Cabildo”.

Por otra parte, la compra de la parcela anexa al Hospital Universitario de La Candelaria debiera esperar hasta que la Sentencia sobre la anulación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife se haga firme. Porque si la anulación del Plan es revertida cabe la posibilidad de expropiar la parcela considerada como sistema general sanitario.

En cualquier caso, afirma Trujillo, la Sentencia que anula el Plan General muestra cómo la incompetencia política sería la que provoca la compra de la parcela a un precio desmesurado. Pues la Sentencia afirma que no se justifica que la parcela esté sujeta a expropiación porque, al establecer el sistema general sanitario en su superficie, “no se han concretado las necesidades a las que será destinada”.

La Sentencia, de julio de 2017, afirma que el cambio de calificación de la parcela anexa al Hospital de La Candelaria, en 2005, “no se ha ejecutado” y que hay “una gran incertidumbre sobre la posibilidad futura de su ejecución”, o una “extrema indecisión” sobre el uso futuro. Esto quiere decir que si se hubiera concretado el uso específico de esa parcela y, además, se hubieran dado los pasos oportunos para llevarlo a la práctica, se habría podido aplicar la expropiación y ahorrar dinero público.