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Inician una ofensiva jurídica global para denunciar la gestión sanitaria del Gobierno canario

  • Published in Sanidad

Charla-coloquio en la Sala San Borondón

SB-Noticias.- Este lunes tendrán lugar una serie de movilizaciones en Canarias, convocadas por la Marea Blanca de la Sanidad Canaria y por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, contra la mercantiliziación de la sanidad, las listas de espera… sumándose a una movilización estatal.

Los actos tendrán lugar a las 19:00 h. en  la sede del SCS en la c/Pérez de Rosas 5; a las 18:00 en la Plaza de Las Ranas de Las Palmas de Gran Canaria; y a las 19:00 en la Plaza de la Iglesia de Puerto del Rosario.

El pasado viernes, en la Sala San Borondón, Guillermo de la Barreda y Arturo Borges (Presidente y portavoz respectivamente de la Asociación para la defensa de la Sanidad Pública de Canarias) ofrecieron una interesante Charla-coloquio, donde abordaron desde todos los frentes, la situación de la sanidad canaria, sus causas y las alternativas.

Denuncia global contra la política sanitaria de CC

En el Marco de la campaña que han iniciado recientemente para divulgar y denunciar la pésima política sanitaria del Gobierno, destacan la campaña de recaudación económica a través del sistema de crowfaouning, pero también mediante las tradicionales huchas, hasta conseguir 8.800 €, una cantidad que  - de conseguirla – irá dedicada a que el equipo jurídico que en el año 2013 consiguió paralizar la privatización sanitaria en la comunidad de Madrid, inicie un proceso similar contra el gobierno de Canarias y su política privatizadora. Inician una ofensiva jurídica para denunciar de manera global la nefasta gestión sanitaria del Gobierno canario

En este sentido, explican que se personarán en las denuncias que ya han sido presentadas por organizaciones como Intersindical Canaria, Podemos y el Defensor del Paciente en Fuerteventura: “Nosotros vamos a intervenir en todos los ámbitos, por lo penal y contencioso administrativo. Nos vamos a personar en todos los proceso. Si esta campaña sale adelante vamos a abordar toda una batería de intervenciones en terreno judicial”, afirmaron.  

Acciones de censura con cariz mafioso del Gobierno de Canarias

Los destacados conferenciantes confirman que Marea Blanca y ADSPC va a proceder a denunciar a la empresa Publicidad Atlantis, por ceder de manera vergonzosa y vergonzante a las presiones de la Consejería.

Se trata de un sorprendente incidente por el cual, tras la firma de un contrato de 6 meses, con factura y  compromiso de pago mensual por una valla publicitaria junto al Hospital Insular con el texto “No al negocio con la medicina nuclear”, ésta fue primero dañada y a las pocas horas retirada completamente.

Afirman que van a responder ante lo que califican de desfachatez y desvergüenza intolerables: “lo que más temían es que en plena campaña electoral se les sacara la careta, como hemos hecho con este mensaje”.  

Sin embargo, reconocen que nunca pensaron que fueran capaces de responder con actitudes mafiosas como mandar a un ejecutor a romper una valla y al día siguiente conseguir que la empresa publicitaria enviara a sus operarios a desaparecer el cartel.

Pero los colectivos se muestran orgullosos porque "a los ejecutoresles ha salido el tiro por la culata”, pues lo que denunciaban en la valla, ahora se ha divulgado más. Tras el incidente también se ha impulsado la recaudación por crowfonding para presentar la demanada judicial “que sea contundente y definitiva, contra las políticas sanitarias de Coalición Canaria”.

El negocio con la Medicina nuclear

Uno de los ejemplos que consideran más “salvajes” del proceder de la política sanitaria de CC, es lo que viene pasando con la medicina nuclear. Desde hace más de diez años la medicina nuclear la gestiona una empresa “satélite” del grupo San Roque (de donde proviene el Consejero de la sanidad pública), con un concierto firmado por él mismo cuando era Gerente en San Roque.

En el año 2015 finalizó el contrato por este servicio. Precisamente en esta época, cuando entró  en la Consejería el PSOE, tras encargar una serie de estudios e informes se demostró que el paso al sector público de esa unidad - que está dentro de un hospital público- , tendrá un ahorro de unos ochocientos mil euros.

Sin embargo, al acceder a la Consejería José Manuel Baltar,  se mantiene el contrato con la privada. Desde las colectivos en defensa de la sanidad públcia entienden que precisamente ante el temor de que esto pudiera ser denunciado, la Consejería empieza a hacer contratos mensuales.

La realidad es que  los primer año del Consejero Baltar implican que la facturación del servicio de medicina nucler del Hospital Dr Negrín suba un 84 %, de unos dos millones sube a más de cuatro en un año.

La Medicina nuclear es aquella que realiza pruebas para diagnosticar los cánceres. En concreto uno de los sistemas fundamentales es el PET, estudio que diagnostica y objetiviza las zonas con matástasis del paciente, que no se observan normalmente.

En Gran Canaria hay dos PET: El que está en el hospital Negrín – de la clínica San Roque -   y otro en la propia clínica San Roque. Por tanto la conclusión es que con los beneficios que sacan de lo público  han puesto otro sistema PET en su hospital privado, que está facturando al SCS. Mientras tanto niegan al Hospital Insular la compra de un PET.

De la Barreda y Borges rechazan frontalmente lo que califican como un vergonzoso negocio por parte de una empresa privada, nada menos que con el tratamiento del cáncer, donde llevan años facturando millones a la sanidad pública de modo ilegal, con un acuerdo que caducó y que fueron prolongando mes a mes hurtándole este servicio a la gestión pública.

El negocio de la sanidad privada

Los ponentes explican como ha sido el proceder del gobierno de CC para defender a toda costa los intereses de la sanidad privada. En este sentido recuerdan que desde el año 2006, la Consejería lanza un decreto para homologar los hospitales que realizan concertaciones. Como ninguno de los hospitales privados cumple la mayoría de criterios de homologación, el Gobierno les da 10 años, plazo que finalizó en 2016. Como en esta fecha todo sigue igual, lo prorrogan dos años más y luego lanzan un decreto para prorrogar otro más, pero además acuerdan que aunque estos centros privados no se homologuen no pierden el concierto.

Otro aspecto que consideran “más tomadura de pelo” es que cundo toman las decisiones de firmar las concertaciones y privatizaciones, reconocen que el Consejero, José Manuel Baltar, es incompatible y no puede firmar este acuerdo por tener intereses directos en la empresa privada, y entonces el Gobierno decide que quien va a firmar será el Consejero de Agricultura: “es decir, el decreto lo hace la Consejería de Baltar, pero lo firma el responsable de agricultura... ¿estamos locos?”.