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Santiago Pérez responde a la Secretaria del Pleno

Entrevista a Santiago Pérez en Radio San Borondón

"La Secretaria, que debió abstenerse porque está denunciada, ha emitido un informe en el que hace juicios de intención"

“Si llego a la conclusión de que nuestra iniciativa no es viable legalmente, o incluso pudiera parecerlo, la retiraré”

“Entre el alcalde y yo hay mucha diferencias, y una de ellas es que nunca tomo decisiones en contra de la legalidad y él lo hace cada vez que conviene a los intereses que representa, por eso está imputado”

El concejal de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, explica que presentó la moción para que se abonen los salarios pendientes a dos trabajadores de las grúas “con la buena intención de intentar poner remedio a una injusticia: que sigan sin cobrar sueldos correspondientes a aquella etapa caótica de la empresa de grúas dirigida por los amigos de Fernando Clavijo”.

Santiago Pérez señala que la Secretaria del Ayuntamiento, “que al parecer tiene dos cajas de herramientas jurídicas, la que utiliza cuando se convierte en la abogada del alcalde y la que usa cuando informa sobre las iniciativas de la oposición, ha elaborado un informe muy duro en el que hace juicios de intención, diciendo que lo que se pretende con esto es eludir la prescripción de las nóminas pendientes de pago”.

El concejal entiende que la Secretaria “debiera tener un poco de cuidado cuando nos atribuye a los concejales no se sabe qué malas intenciones, porque ella lo que tiene que hacer es informar con objetividad”.

Pérez se va a “estudiar este asunto porque según la documentación de que disponemos el Ayuntamiento nunca ha puesto en cuestión judicialmente que se le debieran esos sueldos a estos dos trabajadores. Lo único que hizo, vergonzantemente, es utilizar la herramienta de la prescripción, que los asesores jurídicos de los trabajadores niegan y les ha llevado a recurrir este asunto al Tribunal Supremo”.

Ahora bien –añade--, “ya que la Secretaria quiere actuar en este caso tan celosamente, tengo que decir que si llego a la conclusión de que nuestra iniciativa no es viable legalmente, o incluso pudiera parecerlo, la voy a retirar. Porque entre el alcalde y la secretaria por un lado y yo por el otro hay una diferencia: no actúo nunca en contra de la legalidad. Ni siquiera dando apariencias de ilegalidad. Por eso el alcalde está imputado y yo no”.

Además, cree que la Secretaria debería de haberse abstenido de informar sobre una iniciativa mía. Porque la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (artículo 23.2.a) exige a los funcionarios que puedan tener algún litigio pendiente con un interesado abstenerse de intervenir.

“Todo el mundo sabe, y la secretaria también, que el 22 de enero presenté una denuncia ante la jurisdicción penal contra el alcalde y la propia secretaria, por su colaboración imprescindible, en la medida que tomó José Alberto Díaz como presidente del Consejo de Administración de Muvisa, impidiéndonos a la mayoría de ese Consejo cambiarlo, como es nuestro derecho. Para evitar que la mayoría de la Corporación nos hiciéramos con las riendas de la empresa Muvisa que se ha convertido en un auténtico búnker de Coalición Canaria”, apuntó.

En consecuencia, la Secretaria debió abstenerse y debiera hacerlo en el futuro de informar sobre cualquier iniciativa que presente o sobre cualquier procedimiento en el que sea parte interesada Santiago Pérez, hasta que los tribunales resuelvan o archiven la denuncia que ha presentado.

Dice también la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que “los superiores jerárquicos de los funcionarios, imagino que el alcalde, pueden ordenarles que se abstengan de intervenir cuando ellos no lo hicieren, si existe una causa que les obligue a ello. Es evidente que el alcalde no lo va a hacer, porque es más consciente que yo de que la Secretaria tiene dos cajas de herramientas jurídicas: una que utiliza para hacerse cómplice de las cosas que él hace y otra la que usa para informar algunas iniciativas de la oposición”.

Así es que “si llego a la conclusión de que esta iniciativa no es viable jurídicamente, aunque responda a una exigencia de justicia material, de equidad evidente, la retiraré. No seré yo el que vaya a hacer lo que hizo el alcalde precisamente cuando se votó por el Pleno el dictamen del Caso Grúas: y es que a pesar de que la Secretaria de entonces, la señora Campos Colina, informó que ni él ni Pérez-Godiño podían votar en un asunto que les concernía directamente, votaron en contra del informe de legalidad y el voto de ellos resultó decisivo para determinar la mayoría”.

“Entre el alcalde y yo –finalizó diciendo-- hay mucha diferencias, y una de ellas es que nunca tomo decisiones en contra de la legalidad y él lo hace cada vez que le conviene a los intereses que representa, por eso está imputado”.