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El Cabildo de Gran Canaria aprueba el informe que demuestra los perjuicios inversores del Gobierno hacia la Isla

El pleno del Cabildo aprobó hoy la propuesta de la Comisión de Desequilibrios que recoge los importantes perjuicios inversores y de cargos intermedios que afectan a Gran Canaria, lo que pone fin a tres años de trabajo y recopilación de datos sin que se haya podido llegar al auténtico alcance del desequilibrio porque el Gobierno canario no ha facilitado la balanza fiscal ni los datos solicitados por la Institución insular.

La Comisión de Desequilibrios, integrada por todas las formaciones presentes en el Cabildo de Gran Canaria, aprobó la propuesta del grupo de Gobierno a la que se incorporó aportaciones de otros grupos políticos, casi la mitad son del grupo Unidos, proponente de la creación de la Comisión, así como del resto, si bien cada grupo votó finalmente por la suya y se abstuvo en el resto, salvo CC que votó en contra de todas salvo la propia.

El documento aprobado este viernes recoge tres capítulos, el primero centrado en el procedimiento seguido para recabar la información de los agentes sociales y de las instituciones, el segundo en el análisis objetivo elaborado por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y el tercero dedicado a las propuestas para corregir los desequilibrios, como dar traslado al Parlamento canario y un plan de inversiones por una cuantía similar al desequilibrio de 321 millones en lo que va de siglo detectado por la Comisión.

La distribución territorial de cargos públicos intermedios es uno de los desequilibrios más destacados, ya que Gran Canaria dispone del 29 por ciento frente al 53 por ciento del que dispone la otra isla capitalina, lo que implica un claro escoramiento en los mandos de poder.

Además, el grupo de Gobierno presentó de apoyo los datos de una entidad externa, la Confederación Canaria de Empresarios, que en un único gráfico muestra una desventaja presupuestaria con respecto a Gran Canaria de 3.415 millones de euros

La propuesta aprobada será elevada al Parlamento de Canarias, a sus grupos políticos para su debate y llegue a toda la sociedad.