Log in

El Gobierno habla de consenso sobre la Ley de Servicios Sociales y la oposición la acusa de asistencialista

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, presentó en el Parlmento de Canarias, en debate de primera lectura el proyecto de Ley de Serivicios Sociales, "un texto ampliamente participado por los sectores implicados, que genera un nuevo derecho subjetivo en el ámbito de la justicia social que puede ser reclamado ante la administración de justicia".

Valido habló de que el proyecto de Ley contempla la figura del concierto social que dará estabilidad financiera y laboral al Tercer Sector. Aseguró la Consejera que se trata de un proyecto de ley muy participado, Fecam, Fecai, colegios profesionales, Tercer Sector y organizaciones sindicales se han pronunciado, tanto en la fase de elaboración, como en la prescriptiva de alegaciones.

La Consejera prometió que la nueva ley ofrecerá estabilidad a "un pilar fundamental en la prestación de servicios como es el tercer sector, reconociendo, como ya lo hacen otras leyes y propicia la Unión Europea, la posibilidad de Concierto Social y Convenio Social, una forma de dar estabilidad y seguridad a usuarios y trabajadores, siempre sometidos a la incertidumbre de la subvención año a año".

Otro aspecto a destacar, según la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda es que se creará un Sistema Público Canario de Servicios Sociales, centrado en la persona, universal, garantista, moderno y accesible. La universalidad del sistema que configure la Ley permitirá que “todos y todas en Canarias podemos ser personas usuarias de los servicios sociales en algún momento de nuestra vida".

En este sentido, cabe reseñar que como novedad el proyecto de Ley introduce la llamada Historia Social única, "unn hito cuya importancia, convendrán conmigo, es de vital importancia, y que permitirá homogeneizar los instrumentos de valoración y diagnóstico en los servicios sociales municipales e insulares".

Como tercer punto a subrayar Valido mencionó el Catálogo de Servicios y de Prestaciones Económicas que unificará en todo el territorio el coste del servicio por persona/día /hora y, por primera vez, se introducen también los costes de la infraestructura que los desarrollan. El Catálogo de Servicios se regulará por un decreto en el que el Gobierno ya está trabajando y que también regulará las ratios mínimas de profesionales por prestaciones, "lo que influirá en las plantillas de los ayuntamientos, cabildos y entidades sociales implicadas".

En cuanto a la financiación de la nueva ley para 2018, sin incluir los créditos extraordinarios, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma recoge un crédito de específico de 1.209.116. 439 euros a lo que se añadirá el resultado de lo que estipule el nuevo y actualizado Catálogo de Servicios.

Podemos afirma que la Ley de Servicios Sociales “no es la que merece Canarias”



No se mostró muy convencida la oposición, Noemí Santana denuncia que el texto del Gobierno de Clavijo apuesta por un sistema asistencialista y no universal y alerta de que el texto del Gobierno “abre la veda” a privatizar los servicios sociales.

La secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha puesto en evidencia las contradicciones que existen en el proyecto de Ley de Servicios Sociales que este martes se ha tomado en consideración en la Cámara regional y ha denunciado que el texto, “tal cual ha entrado en este Parlamento, no es la mejor ley que merece Canarias ni la que los canarios y canarias se merecen”.

Por ello, ha anunciado que “promoveremos con las numerosas enmiendas que presentaremos, de forma real, la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de todas las personas que viven en Canarias, que son los que en el fondo peor lo están pasando, pues el sistema que diseña no es universal y es tajantemente falso que se cambie a uno no asistencialista”.

Santana, que ha señalado que “aunque el Gobierno siga la premisa de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”, lo cierto es que, como han denunciado varios colectivos sociales, “la exclusión de los servicios no esenciales como derechos subjetivos y la estructuración de los mismos mantiene el concepto asistencialista” del sistema diseñado por el Gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo.

Para Santana, casi tres años después de la promesa del presidente, “el Archipiélago no sólo tiene la lista de espera más alta en dependencia sino que aún carece de una ley que reconozca derechos y los garantice”.

Un cinismo presidencial en el que ha incidido Santana durante el debate, puesto que “resulta abrumador” comprobar cómo “en 2015 Clavijo decía que la ley de servicios sociales rompería con la pobreza y hace tan solo unos meses hace unos meses afirmó que el texto que ahora tenemos sobre la mesa no va a solucionar nada”.

Otra muestra de cinismo resaltada por la portavoz es que se ha hecho extensivo al texto del proyecto, pues “a pesar de que en la exposición de motivos “se intenta constantemente repetir que se cambia de un sistema asistencialista al reconocimiento de los derechos sociales como derechos subjetivos, esto es tajantemente falso, ya que los servicios no esenciales no quedan garantizados en la ley al no entenderse como derecho subjetivo”.

Y además, “existe la contradicción en el texto de hablar de universalidad del sistema cuando en el artículo 7 establece atenciones prioritarias a ciertos colectivos”.
 
Abrir la veda a la privatización

Asimismo, el texto remitido por el Gobierno al Parlamento equipara el valor de las prestaciones, programas y servicios de titularidad pública con el de la titularidad privada, “abriendo  la veda de una mayor privatización a manos de empresas privadas de los servicios públicos”.

“La concertación debe ser subsidiaria y de calidad supervisada, alejada de criterios economicistas y mercantilista, y debe primar el carácter público y universal de los servicios sociales”, ha insistido Santana.

También ha criticado la “falta de ficha financiera capaz de dar respuesta a los medios humanos, técnicos y financieros necesarios para el funcionamiento de la Ley”, lo que Podemos Canarias considera muy preocupante, pues la redacción del texto “impedirá a las entidades del Tercer Sector de Acción Social seguir prestando los servicios”.

Definir prestaciones y servicios y garantizar la equidad

Otros fallos de la Ley, que será enmendada por Podemos Canarias asumiendo las reivindicaciones de los colectivos, colegios oficiales, sociedad civil y profesionales con los que se han reunido, es que no quedan bien definidos la cartera de los servicios y el catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios, cuyo desarrollo se deja para posteriores decretos o reglamentos, o que no queda garantizada la equidad en la accesibilidad de toda la ciudadanía, independientemente de la isla en la que resida.

“Para ello es importante no sólo clarificar en qué competencias en materia de Servicios Sociales se van a transferir a los Cabildos sino impulsar la remunicipalización de los servicios sociales y la coordinación del Sistema público de Sanidad,  el Sistema público de Servicios Sociales y otros como el Educativo o el de Empleo”, dijo la portavoz.

Asimismo se pretende garantizar la tutela judicial efectiva incluyendo la reclamación del derecho a las prestaciones y servicios en vía administrativa y jurisdiccional, y se incluirán mejoras en el diseño de infracciones y sanciones de centros y servicios sociales no sólo meramente económicas.

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Cruz Oval, defendió este martes que la ley de servicios sociales de Canarias sea una ley de máximos que consolide el cuarto pilar del estado de bienestar. “Debemos pasar de una mera declaración de principios a una norma que garantice un derecho subjetivo a las personas”, dijo en la Cámara.

Durante el debate de primera lectura del proyecto de ley, agradeció la responsabilidad demostrada por el PSOE durante su etapa en el Gobierno por haber situado esta iniciativa entre sus prioridades por ser “seña de identidad” del Partido Socialista, así como a las entidades sociales que han presentado alegaciones para poder aspirar a tener la mejor ley posible, “una ley para todos y todas que, no obstante, aún dista mucho de ser el sueño al que aspira el PSOE”.

Como recordó, la primera Ley de Servicios Sociales la aprobó un Gobierno socialista hace 31 años y ha sido de nuevo el PSOE Canarias el que hará posible esta segunda ley. “Durante dos legislaturas, CC intentó aprobar, sin éxito, una nueva ley de servicios sociales. En apenas un año, la anterior consejera, Patricia Hernández, consiguió poner de acuerdo a los colegios profesionales, organizaciones sociales, cabildos y ayuntamientos”, dijo Cruz Oval.

La parlamentaria destacó el amplio consenso con que contó el anteproyecto de ley contó, así como el apoyo unánime con que superó el primer trámite del Consejo General de Servicios Sociales. Defendió la necesidad de evitar el “uso torticero” de esta nueva ley como una “especie de remedio universal para resolver todos los problemas sociales que lastran esta tierra, ya que superarlos implica acciones del conjunto del Gobierno”.

Teresa Cruz dijo que los significativos cambios experimentados en la última década justifican la apuesta por una ley que responda a las actuales demandas sociales, que avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres, que se desarrolle ampliamente, que corrija las desigualdades territoriales y que consolide el sistema canario de servicios sociales con una financiación suficiente, estable y justa “que vaya más allá de las buenas voluntades de un convenio o subvención, como viene sucediendo”.

Frente a las debilidades del proyecto, la diputada abogó por aprovechar esta oportunidad para ver sus fortalezas, “porque antes de la aprobación definitiva tendremos la posibilidad de mejorar el texto con la presentación responsable de enmiendas”.

CALIDAD

Teresa Cruz Oval lamentó que “para otros” no esté en su agenda política esta ley, “lo que justifica, en parte, las grandes desigualdades sociales que existen en Canarias y que estemos a la cola en esas políticas, mientras permanecemos a la cabeza de la cabeza en superávit presupuestario”. Remarcó que como para el PSOE sí era y es esencial, “no bastaba con aprobarla de cualquier manera para cumplir un compromiso político”.

Recordó que el presidente Clavijo daba solo seis meses a la exconsejera Patricia Hernández para sacar adelante esa ley, mientras que el PSOE siempre defendió que se garantizase la participación para contar con un completo análisis de la realidad social canaria. “Esta ley es muy importante porque genera un derecho subjetivo nuevo de naturaleza social a la población canaria; es una ley para la igualdad, determina qué prestaciones y servicios deben estar garantizados, cuáles están condicionados a disponibilidad presupuestaria y, por primera vez, habrá una cartera de servicios y un catálogo de prestaciones”.

Para Cruz Oval, la ley “también da un salto significativo al pasar de un modelo con marcado acento individualizado a uno más integral y grupal, en el que la promoción social, prevención y eliminación de las causas que conducen a la exclusión social tienen un espacio relevante”. Al respecto, señaló que por primera vez se determina que las ayudas de emergencia social deben estar garantizadas y atendidas de forma inmediata.

El texto también pretende definir un marco de calidad en el sistema público de servicios sociales, devuelve a los ayuntamientos el “protagonismo hurtado por algunos insularismos y por el PP con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, convirtiendo a los ayuntamientos en puertas de entrada al sistema”.

Teresa Cruz hizo hincapié en que este proyecto de ley “expresa un compromiso con lo público, convierte en prioritaria la gestión directa de las administraciones canarias con la colaboración de la iniciativa social, preferentemente sin ánimo de lucro, y ofrece un tratamiento detenido a los órganos de participación social”.