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Miriam Henríquez (SAD): «Que los servicios sociales sean totalmente públicos y no se privaticen»

Escucha la entrevista completa con Miriam Henríquez, integrante del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) Canarias.

Miriam Enríquez intervino en Radio San Borondón para explicar la adhesión de las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria al movimiento 15-S que se manifestará el próximo jueves por la mejora de los servicios públicos en Canarias.

“Desde Unión Técnicos Sociosanitarias del SAD Canarias estamos unidos al movimiento 15-S porque queremos defender los derechos sociales y públicos, para luchar contra la vulnerabilidad, desigualdad y exclusión social”, afirmó Enríquez.

Recalcó también que el movimiento no está vinculado a ningún partido político, sino que nace de la indignación frente a la privatización de los servicios públicos y la financiación insuficiente para los servicios sociales. “Tiene que haber la suficiente financiación que garantice la prevalencia de lo público y por supuesto poner la economía al servicio de los cuidados”, destacó.

Las trabajadoras del SAD lamentan que se les haya excluido del catálogo autonómico de servicios sociales y solicitan el derecho a una jubilación anticipada, por las consecuencias sobre la salud que genera este empleo, y a una evaluación de riesgos laborales.

Solicita Miriam Enríquez que los sindicatos asuman estas legítimas reivindicaciones para una profesión que está además totalmente feminizada.

“Luchamos por que los servicios sociales sean totalmente públicos y no se privaticen por medio de empresas multinacionales que solo buscan su beneficio económico”, subrayó Enríquez, denunciando además que estas compañías multiplican su rentabilidad precarizando a las trabajadoras, ahorrando en EPI, salarios, desplazamientos y otros derechos laborales.  

Llama a la población a movilizarse el próximo jueves 15 de septiembre, en la Plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife y la Plaza San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria, a las 18:30 horas, para la defensa de los derechos sociales y exigir “que se empiece a considerar la financiación de los cuidados como una inversión y no como un gasto”, finalizó Enríquez.