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400 personas desobedecieron al gasto militar en 2017 en el Estado español

El pasado año 2017, más de cuatrocientas personas se negaron en 2017 a contribuir con sus impuestos a financiar los ejércitos y sus guerras a la hora de hacer la declaración de la renta, en el marco de la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar, en marcha desde 1983.

Desde el MOC, recuerdan que en este mismo periodo, el Estado destinó 93 millones de euros al día a gasto militar y control social, que implica que casi 900 euros de cada habitante del estado español fueron a parar a gastos militares.

Por contra, con el importe recaudado a través de esta campaña, se destinaron más de 50.000 euros a financiar destinos alternativos.

En el marco de la Campaña mundial contra el gasto militar (GCOMS), que se celebra desde el 14 de Abril hasta el 3 de Mayo, donde se denuncia que el mundo está sobre armado y sub financiado para la Paz; Alternativa Antimilitarista MOC ha anunciado que existen 400 objetoras fiscales "aunque sabemos que la cifra real dobla o triplica esta estimación", de 37 provincias del conjunto del Estado,  que se negaron en 2017 a contribuir con sus impuestos a financiar los ejércitos y sus guerras a la hora de hacer la declaración de la renta.

El dinero dejado de pagar al Estado para el mantenimiento de la estructura militar ascendió a 50.768,56 euros y, en su lugar, fue destinado a sostener los destinos alternativos elegidos por las y los desobedientes para la defensa y construcción del modelo de vida, desarrollo y de sociedad que desean para el presente y el futuro. La cuantía media de las objeciones fue de 139 euros por persona.

Entre los proyectos alternativos financiados a través de la objeción fiscal destacan los relacionados con la contribución a cajas de resistencia para hacer frente a las multas derivadas de la realización de acciones directas noviolentas, la edición de documentales que recojan la memoria de la luchas desobedientes y noviolentas como la insumisión, cubrir los gastos de encuentros de defensoras de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, proyectos de grupos ecologistas, de ONG para el Desarrollo o de colectivos que trabajan en Yemen.