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Cataluña: oportunidad común frente al agotamiento de un modelo anacrónico

  • Published in Política

Ante lo acontecido en relación al denominado “asunto catalán” y frente al dramático cariz que adquiere su desarrollo y que podría desembocar en un callejón sin salida de mantenerse la actual espiral de acción-reacción por parte de sus actores políticos, el Aula de Pensamiento y Alternativas-APAL hemos considerado oportuno manifestarnos y queremos hacerlo en los siguientes términos y consideraciones:

1.  Valoramos que esta situación, tan compleja en esencia como en sus orígenes históricos, socio-culturales y políticos, no puede ser abordada de forma reduccionista,  limitando el análisis a una mera cuestión de ámbito jurídico, a una llana confrontación entre legalidad y alegalidad.

De idéntica forma, tampoco cabe contemplarlo como un simple “choque de trenes” entre administraciones -central y periférica-, o entre oligarquías y centros de poder.  A lo largo de los años y, particularmente, a través del menosprecio y la caricaturización ejercidos desde el centralismo del estado español, el pueblo catalán ha venido experimentando un incremento de su desafección respecto a ese Estado al que, en proporción cada vez más significativa, vislumbra como lejano y ajeno.

A esa sensación sin duda ha contribuido, de forma notoria, el rechazo del Estado español a las aspiraciones de autogobierno planteadas de forma democrática en la reforma del “Estatut” en el año 2005 después de haber pasado todos los trámites legales. El Partido Popular, por entonces en la oposición en el Congreso de los Diputados, tras una recogida masiva de firmas, presentó un recurso al Tribunal Constitucional (controlado por las derechas españolas lideradas por el PP) que fue aceptado. El texto del nuevo Estatut había sido propuesto por el gobierno tripartito presidido por Pasqual Maragall, del PSC-PSOE; fue sometido a referéndum por la ciudadanía de Cataluña y refrendado  por el Parlament. Posteriormente, en 2006, fue aprobado por las Cortes con importantes cambios.

El pueblo catalán no se confronta con el resto de pueblos que conforman la realidad pluri-nacional de nuestro estado, sino con la relación a la que le somete el propio estado centralista.

2. La posterior negación sistemática de sucesivos gobiernos centrales, a atender diferentes demandas de negociación para redefinir la relación entre Cataluña y el Estado, ha venido a profundizar una brecha que ha terminado superando a los propios partidos nacionalistas e independentistas catalanes, ampliando las bases del distanciamiento entre el pueblo catalán y  el Estado que se acentúa con los gobiernos del PP. . La ausencia de muestras decididas de voluntad, por parte de las izquierdas estatales, de presentar  propuestas alternativas, tampoco ha ayudado a evitar que cada vez se perciba más distante la posibilidad de cambios en esa situación de bloqueo. En definitiva, las pretensiones de mayor autogobierno y la base social de apoyo a los partidos políticos independentistas crecían en proporción inversa a la falta de respuesta del Estado. Esas aspiraciones no conseguían instalarse en la agenda política a pesar de todo y… sabemos que un problema no es problema si no entra en la agenda política.

 3.  Mientras tanto y especialmente durante estas dos últimas legislaturas, el conjunto de la ciudadanía del estado está siendo testigo (sufriendo directamente sus consecuencias)  de múltiples síntomas de agotamiento de un sistema-régimen del 78 que agoniza por su incapacidad para garantizar un estado al servicio de las personas y sus necesidades. Los datos e índices de pobreza y de exclusión social, de sustracción de derechos básicos como la vivienda o el empleo decente a millones de ciudadanos, así lo indican. La Constitución de 1978 es esgrimida, si permitir discusión, como marco inamovible e inmodificable que bloquea automáticamente cualquier propuesta tendente a reformar las relaciones entre el estado y los diferentes territorios que lo integran.  La misma Constitución que en un plazo récord fue modificada en su artículo 135, para priorizar el pago de la deuda y sus intereses, o para agilizar la proclamación de Felipe VI, se defiende como intocable si se trata de adaptarla a nuevos planteamientos de la estructura del estado y sus autonomías.

4. Un creciente déficit democrático acompaña al desamparo social al que se ven sometidas millones de personas, al tiempo que la información libre e imparcial se ve mermada en favor del pensamiento único con el que las grandes empresas mediáticas, cada vez con menos reparos y escrúpulos, pretenden generalizar estados de opinión favorables a un establishment del que forman parte. Mientras tanto y especialmente durante estas dos últimas legislaturas, el conjunto de la ciudadanía del Estado está siendo testigo, y sufriendo directamente sus consecuencias, de múltiples síntomas de agotamiento de un sistema-régimen  se resiste a permitir su amortización (o al menos su corrección).  Derechos fundamentales como la libertad de expresión, se ven preocupantemente mermados a través de leyes como la “Ley Mordaza”, mientras que la corrupción   se extiende a todos los ámbitos administrativos, señalando escandalosamente y de forma múltiple al partido que sustenta al gobierno, sin que eso impida que siga manejando las riendas de la gobernanza. La misma corrupción, por cierto, que impregna a algunos de los partidos catalanistas y que pudieron creer, en un principio, que el “Procés” terminaría borrando de la memoria de sus paisanos. Sin embargo, los resultados electorales que han ido cosechando les relega del papel de liderazgo en ese proceso, para pasar a tolerarlos como meros acompañantes que, en el camino, se han visto obligados a radicalizar sus propias posiciones -antaño menos contrapuestas a las de sus homólogos ideológicos en la derecha centralista-.

La teórica separación (garante de autonomía) de los poderes del Estado, establecida en la Constitución del 78, ha dejado también entrever sus limitaciones, especialmente en relación al Poder Judicial. Órganos como la Fiscalía General del Estado, o el propio Tribunal Constitucional, quedan continuamente en entredicho por la más que sospechosa “politización” y parcialidad de sus actuaciones y los mecanismos de elección de sus integrantes, hasta el punto que son muchos ya los organismos, nacionales e internacionales, que advierten sobre la peligrosa deriva autoritaria  que se desprende de esta relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el reino de España.

5. Ante la gravedad de la situación,  consideramos imprescindible crear las condiciones inmediatas para una solución dialogada y, por ende, civilizada, a este conflicto en el que no sólo se juega la “cuestión catalana”, sino la propia apertura del estado español a un nuevo “Proceso Constituyente” que permita traspasar  definitivamente  la barrera que impusiera en sus estertores el régimen dictatorial; el mismo régimen que formalmente cerramos (en falso) con la Constitución del 78. No al menos, con un estado central gobernado por un partido que tiene bien claro que su propia supervivencia viene ligada a la posibilidad de aplastar, o al menos humillar, la rebelión desatada en Cataluña, porque con ello conseguirá sobreponerse milagrosamente al cuestionamiento que genera su aireada corrupción; debilitar -por mucho tiempo- el armazón ético del concepto plurinacional de España y,  al tiempo, neutralizar una de las más importantes simientes presentes en el ADN de las izquierdas, tanto estatales como territoriales.   

La Declaración Unilateral de Independencia del  estado catalán es el escenario que conviene al ultra-nacionalismo  español para  justificar una  entrada triunfal en Cataluña   y que además permitiría inmovilizar  a las izquierdas  ( ya timoratas y desconcertadas) junto a los movimientos sociales progresistas y socavar cualquier posibilidad de acción  conducente a hacer valer otras alternativas.

Con la inestimable ayuda de los poderes mediáticos, el gobierno del PP conseguiría legitimarse ante la opinión pública para imponer su propio “golpe” -al estilo Turquía- como respuesta al denominado “golpe de estado catalán” ( ya inoculado  como dogma de fe en gran parte del común a base de insistir en la idea).  

En virtud de este análisis, APAL se suma a todo llamamiento en favor de restablecer el diálogo y de posibilitar la intervención de cualquier fórmula de mediación (interna o externa) que contribuya a enfriar el conflicto y tender puentes que alejen un desenlace violento. Nos adherimos a cualquier iniciativa ciudadana que haga recapacitar al gobierno central y al govern catalá y les inste a “bajar las espadas”. Consideramos fundamental que el Parlament  paralice la “hoja de ruta” que traza su Ley de Transitoriedad Jurídica y que, por tanto, no proceda a la Declaración Unilateral de Independencia.

Pero no perdemos de vista que la cristalización de tales llamamientos (y en el mejor de los casos) no nos permitirán otra cosa que ganar tiempo -que no es poco- para iniciar un verdadero proceso resolutivo y duradero. Restablecer la convivencia pasa inexorablemente por construirla en base a la dignidad de las personas y de sus pueblos, en el atento y  escrupuloso cumplimiento de los Derechos Humanos-incluido el derecho a decidir- y la proposición de un modelo inclusivista en el que todas y todos nos sintamos contemplados y cómodos. Restablecer la convivencia pasa por recomponer el estado social y de derecho, modificando aquellos marcos legislativos que nos condenan a renunciar a derechos básicos y fundamentales y aquellos otros que, lejos de incentivar nuestra voluntad de trabajar por ese proyecto, nos lo presentan como un yugo imperecedero.

No es posible encontrar una solución al asunto catalán sin de paso afrontar un “Proceso Constituyente” que, entre otros asuntos prioritarios, permita dibujar un estado al servicio de las personas, que restituya el actual déficit democrático, que garantice una verdadera división de poderes y que permita desarrollar un proyecto de España como “país de países”. Ni que decir tiene que, en ese conjunto de mínimos, el “derecho a decidir” debe quedar nítidamente contemplado y la mejor forma de lograrlo es a través de la negociación de un referéndum pactado y vinculante, no sólo para el pueblo catalán, sino para cualquier otro pueblo que estimase oportuno reclamarlo.

Mucho nos tememos que ese camino resolutivo no será posible recorrerlo con la buena voluntad de los actuales inquilinos del gobierno central,  por lo que una eventual salida de esta espiral desastrosa pasa por que las fuerzas progresistas (incluidas opciones nacionalistas) se pongan de acuerdo para sustituir al actual gobierno en minoría del PP, de forma democrática (por ejemplo una moción de censura), bajo un compromiso de mínimos. La Historia, en un momento muy difícil pero decisivo, le reclama al PSOE una ubicación clara en un momento crucial;  volviéndole  a colocar entre sus principios y el temor a que se le señale en una foto en la que muchos de sus barones se niegan a estar.