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El Fiscal Jefe del TSJC, Vicente Garrido, ve precisa la creación de centros de menores en Lanzarote y la remodelación inmediata de "La Montañeta" en Gran Canaria. Además, resaltó la dificultad para hacer cumplir las leyes por “la preocupante es la situación penitenciaria en nuestra Comunidad Autónoma” debido a la saturación de los centros.
“La corrupción es un auténtico cáncer social, que produce graves deterioros en las relaciones sociales y políticas, hasta llegar a producir, cuando el mal está muy extendido, la paralización de la propia comunidad”, dijo hoy el Fiscal Jefe del TSJC, Vicente Garrido, en el marco de la apertura del curso judicial.
Por ello, Garrido reclama para luchar contra esta lacra, la creación inmediata de Unidades de Apoyo en las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia, como se apunta en la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, puesto que “los medios empleados para combatirla resultan, a veces, insuficientes e ineficaces para lograr un adecuado control de las actividades fraudulentas”.
Este incremento de los medios debe estar extendido, tal y como manifestó el Fiscal Jefe del TSJC, para resolver la “especialmente preocupante es la situación penitenciaria en nuestra Comunidad Autónoma”: “La saturación absoluta de población reclusa que están soportando los centros penitenciarios de Salto del Negro, Tahíche y Tenerife II, duplicando en número la capacidad inicialmente prevista de internos”.
Instó a los responsables políticos a la resolución de este problema cuanto antes para permitir “el restablecimiento de los valores de equidad, justicia y solidaridad”
Garrido lamentó la situación “perniciosa” pues es preciso un traslado masivo de penados, nacidos o arraigados en Canarias a otros centros penitenciarios de la Península. Este hecho motiva la frustración de los fines de reeducación y reinserción social perseguidos por la Constitución, aumentando de esta manera los efectos negativos de la pena.
MENORES
Garrido ve precisa también la creación de un centro de ejecución de medidas en la isla de Lanzarote y la inmediata remodelación de “La Montañeta” en Gran Canaria.
El pasado año, los Fiscales de Canarias abrieron 456 diligencias preprocesales, informativas o de investigación por lo que en los próximos años se necesitará “una adecuación de los medios personales y materiales a sus necesidades reales”, afirmó Garrido.
No quiso tampoco olvidar Garrido en su discurso la profunda reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que fue aprobada la semana pasada por las Cortes Generales.
Para la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la reforma afectará profundamente a la organización, “en dos grandes aspectos como son un nuevo despliegue territorial y una decidida apuesta por el principio de especialización”, manifestó.
El nuevo despliegue territorial supondrá la existencia de dos Fiscalías Provinciales claramente diferenciadas, aunque equiparadas, sobre las que se situará de manera efectiva la Fiscalía de la Comunidad Autónoma. |
