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El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad y la diputada María del Mar Arévalo (PP) señalan que los resultados de la Ley Integral no son buenos. CC y PSOE demandan que se refuerce el servicio de información a las mujeres que se encuentran en Canarias de forma irregular y que temen que la denuncia implica expulsión.
El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, lamentó hoy las nueve mujeres muertas por violencia machista en 2008 en las Islas, y explicó que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) recibió durante el pasado año -hasta el mes octubre- casi 11.000 llamadas relacionadas con la violencia de género.
José Miguel Ruano explicó que del total de llamadas, 3.015 estuvieron relacionadas con situaciones de peligro inminente para la integridad física de la mujer (emergencia); 3.959 llamadas de urgencia, que requieren atención personalizada pero no suponen un peligro inminente, y 3.953 para solicitar información.
La tendencia de llamadas estuvo en torno a las 300 mensuales, con lo que de cumplirse, el número de llamadas superarán las 11.500, cifras similares a las del año 2007, cuando se contabilizaron un total de 11.434 peticiones de atención, agregó Ruano en comisión parlamentaria.
El consejero explicó que este tipo de alertas que se reciben en el Cecoes son derivadas a un servicio especial de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género.
Ruano destacó que de las nueve muertes por violencia de género registradas en Canarias durante el pasado año, seis se produjeron en el mes de diciembre, pero destacó que las agresiones contra la mujer “son muchas más” que los homicidios.
LEY INTEGRAL
Señaló que los resultados la ley Integral contra la violencia de género, que entró en vigor hace cuatro años, no son buenos, pero destacó que ha propiciado la creación de unidades especializadas en el ámbito judicial, así como la puesta en marcha de medidas educativas a los jóvenes.
Habló de las acciones puestas en marcha por el Gobierno canario para luchar contra la violencia machista y citó la creación y financiación de servicios estables de prevención, entre los que destacó los relacionados con la mediación familiar.
Señaló también el acuerdo alcanzado con los cuatro colegios de abogados de Canarias para la creación de un turno de oficio específico, y subrayó la dotación de nuevos juzgados de especializados las dos islas capitalinas.
Señaló también la elaboración de un protocolo de actuación dirigido a todas las fuerzas de seguridad, que está pendiente de la firma y autorización del Gobierno central y del Consejo General del Poder Judicial, y cuya puesta en marcha “pude producir mejoras”.
FORMACIÓN
Asimismo, destacó la formación policial que se imparte en la Academia Canaria de Seguridad que ha permitido cambiar la forma de actuar y la atención hacia las víctimas por parte de los agentes las policías locales.
La diputada del Partido Popular (PP) María del Mar Arévalo consideró “espeluznantes” las 73 mujeres asesinadas en 2008 -según datos del Gobierno de Canarias- y recalcó que nueve de ellas se produjeron en las Islas, con lo que Canarias acabó el año como la sexta comunidad en mujeres fallecidas por violencia de género.
“En 2008 hemos fallado todos en 73 ocasiones”, dijo Arévalo, quien destacó que en la violencia contra las mujeres se debe implicar toda la sociedad.
Recalcó que este tipo de violencia es un símbolo de la desigualdad real entre hombres y mujeres, y dijo que, pese al incremento de las penas para los agresores y la medidas de protección y económicas para las víctimas, la ley Integral no ha impedido que cada año se incremente “esta lacra” social.
Flora Marrero, diputada de Coalición Canaria (CC), defendió la importancia de la colaboración y coordinación de todas las administraciones para concienciar a la sociedad y señaló que el problema de la violencia de género “todavía es entre dos, cuando debería implicar a todos”. En este sentido, animó a que vecinos, familiares y amigos denuncien las agresiones.
Marrero también habló de las nueve víctimas mortales registradas en las Islas en 2008, dijo que seis de ellas son extranjeras y destacó que muchas víctimas inmigrantes irregulares tienen miedo a denunciar por temor a la expulsión.
Así demandó al Gobierno de Canarias que refuerce el servicio de información a este colectivo para que sepa que una denuncia no les acarreará la expulsión del país.
A esta demanda también se sumó la diputada socialista Eulalia Guerra, quien precisó no obstante que el servicio de información debe ser prestado por la administración más cercana.
Guerra señaló que Canarias sigue siendo, en proporción a la población, la comunidad en la que más se denuncia y en la que más mujeres mueren, aunque precisó que eso no la convierte en una comunidad violenta.
Pese a asegurar que la violencia contra las mujeres es una lacra difícil de erradicar, criticó que el Gobierno de Canarias no haya evaluado aún el I plan de prevención y erradicación de la violencia de género, la no creación de unidades multiprofesionales de apoyo a los forenses y el retraso en la firma del protocolo integral. |
