SB-Noticias.- José Manuel Rivero, abogado de reconocido prestigio y destacado miembro de la Asociación Justicia y Sociedad, valora el debate sobre la Justicia que publicara el diario La Provincia en su última edición dominical, discusión para la que contaron con algunos de los máximos responsables judiciales en las Islas (Antonio Castro Feliciano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, fiscal Superior de Canarias; Luis del Río, teniente fiscal de Canarias y delegado de Anticorrupción en Las Palmas; Pilar Parejo, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas; y Guillermo García Panasco, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas). “Esto es una puesta en escena que oculta los verdaderos y graves problemas de la independencia judicial en Canarias”, señala Rivero.
Su primera consideración en torno al debate organizado por el conocido diario isleño trata acerca de los tertulianos. “En ese debate creo que faltaban actores y operadores jurídicos importantísimos, porque lo que habían nada más era magistrados y fiscales: el Fiscal Jefe, el Fiscal Anticorrupción y Fiscal Provincial de Las Palmas, además de la Presidenta de la Audiencia Provincial y el Presidente del TSJC”, observa.
Critica que no participaran otros operadores jurídicos tanto o más importantes que éstos en su opinión. “Ahí no estaba el Colegio de Abogados, no estaba el Colegio de Procuradores, no estaba la Junta de Personal de la Administración de Justicia, es decir, los funcionarios judiciales, los verdaderos muñidores y trabajadores y, vamos a llamarlo así, parias, porque están mal pagados, llevan el peso, el trabajo de los juzgados desde las 8 de la mañana”.
Se refiere José Manuel Rivero a aquellos que “son los que están soportando la carga de la penuria de medias, son los sacrificados y valerosos funcionarios de la Administración de Justicia en Canarias”.
Concluye, así, que “están ocultando la dependencia del Poder Judicial de Canarias al poder político y por ende al poder económico y empresarial que domina Canarias”.
Según el abogado, si bien es cierto que uno de los problemas de la Administración de Justicia en Canarias es efectivamente la escasez de medios materiales y humanos, también lo es la falta de preparación y el control de calidad de las resoluciones judiciales. “Está uno recibiendo resoluciones judiciales con unas carencias manifiestas de calidad. Eso es una cuestión que hay también que hablar y debatir: la preparación, la calidad, el modo de selección, de designación que se está haciendo hoy para proveer las vacantes y las plazas de la judicatura en la Administración de Justicia de Canarias”, señala.
Hace referencia también, al “servilismo que tiene la Administración de Justicia en Canarias hacia el poder económico-empresarial en las Islas, que instrumenta la composición del poder político y de la forma de Gobierno en Canarias”.
En este sentido, ejemplifica el abogado sus razonamientos recordando por ejemplo que en los últimos días de la pasada legislatura fueron autorizadas 5.500 camas en un trámite urgente, “metido con calzador”, lo que se llamó la excepción a la moratoria turística. La aprobación de esas camas traía como antecedente las conversaciones teléfonicas de Berriel, Santana Cazorla, Adán Martín. Unas escuchas telefónicas por un presunto delito de tráfico de influencias en el que estaban implicados las personas mencionadas y que “en un pis-pas, con una celeridad y agilidad en la Administración de Justicia tal que parece que no existiera colapso a esas alturas, en un corto espacio de tiempo, fueron archivadas”.
No olvida, tampoco, la asistencia de magistrados, o de uno en concreto a banquetes que hacen grandes constructores con ocasión de bodas o de celebraciones anuales en grandes mansiones del sur de Gran Canaria; “la asistencia a estos ágapes con la “flor y nata” de la clase político empresarial que gobierna Canarias, incluso algunos imputados de corrupción”.
O la celebración del III Encuentro de Jueces Canarios, organizada por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, que tuvo lugar entre los días 16 y 18 de octubre en uno de los hoteles ilegales de Lanzarote, y al que asistieron más de cincuenta jueces.
