Afirma Fumero no entender “cómo habiendo sentencia firme se ha dictado una suspensión cautelar que sólo dura tres días. Me parece absolutamente ridículo y, además, crea una expectativas en los vecinos, para los que ahora debe ser un poquito más duro”.
Entiende el mismo que los vecinos de Cho-Vito “han sido el chivo expiatorio de estos desastres que hay en Canarias en el dominio público, porque si hablamos de dominio público es mejor no mirar el litoral canaria, sobre todo el tinerfeño”. Añade que, aunque prefiere no valorar si la medida es justa o injusta, “me parece que cualquier ciudadano entiende que la ley no se aplica igual a todos”.
En cuanto al no derribo, por el momento, de las casas que constituyen la primera vivienda de sus moradores, dice: “Da igual. Eso es estar en el corredor de la muerte, y eso es lo grave del caso. El que está en el corredor de la muerte sabe que un día u otro lo van a ejecutar, y eso es muy duro”.
“Conocemos viviendas, hemos visto viviendas, incluso de gente con mucho poder adquisitivo, que se han hecho infringiendo también la Ley de Costas, que se hizo en un momento determinado y luego todo el mundo miró para otro lado... y aquí tenemos los resultados”, comenta, añadiendo que le parece “indignante que en un Estado de Derecho se tenga que hacer estas cosas a unos vecinos sí y a otros no”.
Apunta, asimismo, que en Tenerife concretamente “hay mucho que hablar de este tema, sobre derribar viviendas con carácter ilegal, y ya no sólo atendiendo a la Ley de Costas. Hay otras viviendas que tendrían que ser derribadas, y sin embargo no lo hacen”.
“En cualquier caso, me parece denigrante lo que se ha hecho con Cho-Vito. No sé si la Justicia ha hecho bien el proceso, pero entiendo que hay un agravio comparativo con otros sitios”. Insiste en que no entiende por qué la jueza decidió levantar la suspensión cautelar, “si en esos días hubo presiones hacia la jueza...No sé, no entiendo...”, comenta.
Asegura que, en cualquier caso, hay que seguir luchando, a ver si finalmente se consiguen salvar las pocas viviendas que quedan aún en pie. “Yo entendería que hay otras construcciones, aunque no sean justamente viviendas, sino otro tipo de infraestructuras, que también habría que derribar y pedirle responsabilidades a quien las ha hecho y a quien las ha dejado hacer”.
“Si aplicarámos la Ley de Costas por igual en todo el litoral español, equivaldría probablemente a los efectos de un terremoto de 7 u 8 grados en la escala Richter, y eso sería muy perjudicial para los ciudadanos”, concluye.
