UGT pide que el 60% de las viviendas nuevas sean de protección oficial , además este sindicato cree necesario impulsar el alquiler, con ayudas directas a los arrendatarios e incentivos fiscales, además de mayores garantías para los arrendadores. Según datos contrastados por UGT, Canarias se encuentra entre las comunidades que menos VPO construye del Estado y donde mayor incremento se ha registrado en el precio de la vivienda pública en los dos últimos años.
Transcurridos dos meses desde la celebración de las elecciones municipales ya es hora de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos se pongan manos a la obra e intenten solucionar el problema de la vivienda, una de las principales preocupaciones de los canarios.
UGT valora la nueva Ley del Suelo, que permitirá frenar la especulación del mismo, y el Plan Estatal de Vivienda 2005- 2008, que contempla la vivienda como un derecho social, y recuerda algunas de las propuestas del sindicato en esta materia. Medidas como que las viviendas protegidas alcancen el 60 por ciento del total de las licencias de construcción de viviendas nuevas; impulsar el alquiler, introduciendo incentivos fiscales y reforzando las ayudas directas a los arrendatarios; establecer una tributación especial para aquellas viviendas que se compruebe, fehacientemente, que están deshabitadas de manera permanente, sin causa justificada; y facilitar la rehabilitación de las viviendas más antiguas estableciendo, entre otras medidas, ayudas municipales para personas sin recursos económicos.
Distintos indicadores señalan el fin del boom inmobiliario y la moderación en el precio de las viviendas. La subida de los tipos de interés, con el consiguiente endeudamiento familiar (más allá de los problemas financieros para el capital, el riesgo de impagos puede suponer el deshaucio para las familias menos favorecidas); las recomendaciones de que las hipotecas no se prolonguen excesivamente en el tiempo; o las expectativas de venta cada vez más difíciles, están ajustando el mercado inmobiliario español.
UGT recuerda a travñes de un comunicado que el derecho a residir dignamente cuando se carece de recursos es un derecho constitucional, que obliga a todos los poderes públicos en atención a sus competencias.
El sindicato propone impulsar las viviendas protegidas, de tal forma que alcancen el 60% del total de las licencias de construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, hasta el momento, en Canarias la vivienda pública representa un porcentaje mínimo, que no llega apenas al 10%, respecto a la construcción de vivienda libre. De ellas, la mitad debe destinarse a alquiler. Asimismo, pide que se establezcan registros locales y autonómicos de demandantes de viviendas para conocer las necesidades reales y adecuar la oferta a la demanda.
El sindicato pide información, transparencia y participación en la gestión urbanística municipal y, sobre todo, en la gestión de los patrimonios públicos del suelo y afirma que recuerda que el suelo cedido a los ayuntamientos por los promotores debe ser la materia prima sobre la que realizar las políticas sociales de vivienda y no una vía de financiación.
Para el sindicato es esencial impulsar el alquiler, incentivando la demanda y reforzando la oferta, pues la proporción de viviendas de alquiler en España es una de las más reducidas de la UE -25.
Para aumentar el atractivo del alquiler frente a la propiedad UGT propone:
Deducciones por alquiler en el tramo transferido a las Comunidades Autónomas en materia de IRPF, estableciendo una deducción del 10% del alquiler pagado en la cuota del IRPF, con un tope máximo de 1.000 euros anuales y ello para hogares con ingresos familiares no superiores a 3,5 veces el IPREM (1.747,20 euros/mes)
Crear un Fondo Nacional de ayuda al alquiler.
Establecer ayudas adicionales al inquilino cuando su nivel de esfuerzo económico sea superior al 30% de sus ingresos, sobre todo para personas pro debajo de 2,5 veces el IPREM.
En relación con las subvenciones al alquiler que otorga el Plan Estatal y que finalizan a los dos años, permitir que, acabado este plazo, los mayores de 65 años o personas con discapacidades sigan percibiendo las ayudas mientras sean necesarias.
Instituir una subvención a la vivienda en alquiler cuando ésta supere los 90 metros cuadrados, en atención a las necesidades familiares. Se mejorarían así las condiciones del Plan Estatal, que prima las viviendas de tamaño reducido.
Para reforzar la oferta de alquiler las propuestas de UGT en el sector privado son:
Establecer incentivos fiscales para los arrendadores que pongan sus viviendas en alquiler a los mismos precios que los de las viviendas públicas.
Reforzar las garantías del arrendador: favoreciendo el arbitraje como medio de solución de las controversias; estableciendo un seguro de caución en los contratos que garantice al arrendador el cobro de las rentas (además de la fianza el arrendatario deberá pactar con el arrendador un seguro de daños al inmueble).
Fortalecer las actuaciones de la Sociedad Pública de Alquiler, apostando por la colaboración con los municipios.
Movilizar el contingente de viviendas vacías para su incorporación al mercado. Para ello, es preciso crear registros municipales de solares y de viviendas desocupadas para su posible incorporación al mercado de alquiler con arrendamiento tasado, a través de medidas como la rehabilitación, en caso de ser necesario, o los avales y seguros públicos frente a impagos y deterioro.
Establecer una tributación especial para aquellas viviendas que se compruebe, fehacientemente, que están deshabitadas de manera permanente, sin causa justificada. La legislación deberá concretar las cuantías y los mecanismos para comprobar que las viviendas están desocupadas.
Respecto al sector público, UGT considera que la oferta de viviendas protegidas, no debe bajar de 100.000 al año en todo el Estado y que la mitad de las mismas debe destinarse al alquiler (no alquiler con opción de compra). Esta cifra supera ampliamente lo previsto en el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y los objetivos para 2007.
En lo que se refiere a la rehabilitación es necesario cumplir las previsiones del Plan Estatal de Vivienda en colaboración con los ayuntamientos; establecer ayudas directas para las zonas degradadas; promover ayudas municipales para personas sin recursos económicos; facilitar la concesión de “créditos blandos”, a través de acuerdos con el sector bancario; instituir ayudas para la adaptación de las viviendas de residentes con movilidad reducida o necesidades especiales; y fomentar la participación social en el seguimiento y evolución de los proyectos.
