UGT, a través de un comunicado, se congratula por la aprobación, en el Consejo de Ministros, del Reglamento que desarrolla y mejora la Ley 32/2006, de 18 de octubre, que regula la subcontratación en el sector de la construcción. Considera que pondrá en marcha un orden y freno a una situación de gran descontrol que constituye una de las principales causas de la alta siniestralidad laboral que padece el sector, como es la subcontratación en cadena.

Por otro lado,  el sindicato lamenta no obstante el retraso para su puesta en marcha, cuatro meses después de la entrada en vigor de la Ley el pasado 19 de abril.  

Este Reglamento viene a desarrollar aspectos importantísimos de la nueva Ley que requieren un buen desarrollo para cristalizar su total funcionalidad, como puede ser garantizar la estabilidad en el empleo para las empresas contratistas y subcontratistas, la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas que debe crear cada Comunidad Autónoma y en el que están obligadas a inscribirse todas las empresas, las condiciones para la habilitación del Libro de Subcontratación que debe disponer cada contratista, y la concreción de algunos de los requisitos de las empresas para poder operar en el sector.

UGT se muestra convencido de que tanto la Ley como su Reglamento favorecerán a todo el sector de la construcción y muy especialmente a sus trabajadores porque garantiza que se limitará la siniestralidad laboral y también porque fomentará la contratación indefinida al obligar a las empresas a afrontar el empleo fijo, a combatir la contratación fraudulenta que escondía la subcontratación en cadena, crear un registro de las empresas que pueden actuar en el sector, y obligar a que haya un Libro de Subcontratación en cada obra.

Esta nueva medida afecta a las relaciones laborales y empresariales de más de dos millones de trabajadores asalariados y de unas quinientas mil empresas del ramo. 

Esta Ley y Reglamento cuentan en definitiva, con un consenso amplio entre los agentes sociales y las fuerzas políticas, lo que contribuirá fehacientemente a facilitar su implantación y cumplimiento por parte de todos. De lo contrario puede ocurrir lo mismo que con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que, tras once años de su entrada en vigor, la gran mayoría de los empresarios y los trabajadores desconocen, y por tanto no aplican, su contenido, según aparece en el comunicado de UGT.