SB-Noticias.- CC.OO. Canarias manifiesta a través de un comunicado de prensa su rechazo absoluto a las descalificaciones del Gobierno al Consejo Económico y Social de Canarias relacionadas con el Dictamen 5/2008 sobre el “Anteproyecto de Medidas urgentes de Ordenación Territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo” solicitado por la Presidencia del Gobierno por el trámite de urgencia con fecha 19 de mayo de 2008.

El sindicato recuerda a la señora Portavoz, y al conjunto del Gobierno, que con fecha 25 de marzo de 2008, el Presidente del Gobierno, los Secretarios y Secretarias Generales de las Organizaciones Empresariales y Sindicales, firmaron un Manifiesto Institucional que recompuso el diálogo social y abrió la 5ª Concertación Social, donde se compartía un diagnóstico general así como la necesidad de avanzar en un modelo de desarrollo económico sostenible.

Según CC.OO., cualquier proyecto que pretenda el calificativo de “sostenible”, habrá de sustentarse sobre tres pilares: Que económicamente sea viable, que socialmente sea justo, y que medioambientalmente sea asumible. Entiende CC.OO. que "afirmar que el territorio y su ordenación no tienen efectos sobre el medioambiente, o que éste no es asunto social ni económico, es una muestra clara de la más absoluta ignorancia de cuales son, o debieran de ser, los criterios prioritarios de cualquier intervención política".

Observa Comisiones Obreras que el Consejo Económico y Social del Estado señala específicamente entre sus funciones (apartado d, 1.3 las materias medioambientales), y que tanto el CES del Estado como el de Canarias son Órganos Consultivos, donde se encuentran representadas las organizaciones empresariales, sindicales y sociales. Sus Dictámenes son preceptivos para aquellos asuntos, que se pretendan legislar, con contenidos económicos, sociales y laborales; y según establece su Ley de Creación (1/1992 de 27 de abril), esto es así con la única exclusión de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. "Es responsabilidad del Gobierno considerar, o no, sus recomendaciones, pero en ningún caso argumentar su incompetencia para determinadas materias, y menos cuando es el propio Presidente del Gobierno quien solicita Dictamen Preceptivo", explica la nota.

En cualquier caso, señala CC.OO. que el Dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias acompañará la propuesta de Proyecto de Ley que el Gobierno presente al Parlamento de Canarias, institución donde reside la soberanía por voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, y quien tiene la capacidad de legislar. "No olvidemos que el Presidente del Gobierno lo es por voluntad del Parlamento mientras que el Gobierno lo es sólo por voluntad del Presidente", sentencia el sindicato.

La organización sindical afirma que "las Democracias avanzadas se distinguen por como se construyen las propuestas que las instituciones definitivamente tendrán que aprobar, con respeto a todas las opiniones y procurando el máximo consenso posible de la sociedad, y sobre todo de los órganos de participación institucional donde está representada la sociedad civil organizada. La aritmética de los votos sólo otorga responsabilidad, pero en ningún caso veracidad, infalibilidad, etc. Estas actitudes nos aproximarían a los criterios europeos de buena gobernanza", concluye.

Considera Comisiones Obreras que lo que se pretende desde el Gobierno es dejar sin contenido toda la legislación elaborada en la última década sobre ordenación del territorio y regulación del turismo.

"Desde CC.OO. Canarias, nunca hemos responsabilizado de la crisis al Gobierno de Canarias; también sabemos que ninguna de las medidas que se adopten la resolverá. En todo caso y con mucho acierto, minimizará sus efectos sobre la economía canaria, Pero sí entendemos que es una oportunidad para reflexionar y adecuar nuestra estructura productiva de manera que nos haga menos dependientes y menos vulnerables a futuros vaivenes económicos, que sin  duda en una economía globalizada siempre nos afectará", recoge la nota de prensa.

CC.OO. Canarias, manifiesta que comparte plenamente el Dictamen del CES y expresa su preocupación por los efectos que pudieran tener ciertas desregulaciones, que estiman que en ningún caso, serán la solución a la actual crisis, pero que pudieran causar un perjuicio irreparable sobre nuestro territorio.