Justo Fernández 

En Canarias, se están produciendo suficientes hechos políticos, económicos, sociales o laborales, negativos, como para dedicarles una atención exclusiva, pero, nuestros gobernantes, incluida la oposición, en sus diversas escalas, andan de “vacaciones”, visitando islas o territorios exóticos o maniobrando para ganar los congresos que van a celebrar,PSC, PP y CC, en los próximos meses.

Mientras el PP, ha impedido cualquier alternativa a José Manuel Soria y Coalición Canaria, se debate entre el “soberanismo” y el “estado libre asociado” a los sectores empresariales afines, la estrategia de algunos socialistas, es continuar siendo una fuerza política complementaria de Coalición Canaria, a cambio de algunos cargos y prebendas, para lo que se suman a la ofensiva, de ambos partidos, orientada a obstaculizar e impedir que, Juan Fernando López Aguilar, puede encabezar el cambio profundo, que necesita Canarias, en beneficio de los ciudadanos y en contra de la corrupción y la deshonestidad generalizada, en la acción política. A esa estrategia, algunos, la denominan “relevo generacional” . 

El otoño se presenta caliente…motivos sobran. El conflicto de Educación no parece tener una solución cercana, la división sindical continúa beneficiando la estrategia del Gobierno. Ahora, soportamos los billetes de tranvía y guagua más caros de España; las mayores cifras de desempleo, con el menor coste laboral para los empresarios y una inflación superior a la del resto de autonomías. Encabezamos la tasa de paro juvenil, con un 35,6%; la siniestrabilidad laboral, con resultado de muerte, se ha incrementado, en el primer semestre, un ¡¡92,3!!, sin que el Gobierno canario, haya dicho una sola palabra. Puede resultar lógico, las víctimas, sólo, son trabajadores. Ellos defienden otros intereses.

Sin embargo, estos ejemplos, de una situación inadmisible, la peor de España y de la Unión Europea, no admite comparación con los padecimientos de las poblaciones indígenas del mundo. Por eso, quiero denunciar algunos de los aspectos más negativos, con motivo de la celebración, del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, que continúan soportando los indígenas de Africa, Asia y América Latina.

Existen más de 5000 comunidades indígenas, alrededor de 370 millones de personas, en más de 70 países. Representan el testimonio y la herencia de la diversidad cultural de nuestra historia. Hablan más de 4.000 lenguas, en peligro de desaparición, de las 6.700 que existen en la actualidad.  Aunque, no superan el 5% del total de la población mundial, agrupan al 10% de los más pobres, siendo víctimas de la vulneración sistemática de sus derechos. Más de cien sociedades farmacéuticas financian proyectos para estudiar su conocimiento acerca de las plantas medicinales.

Durante los últimos 30 años, muchos indígenas se han desplazado de sus tierras tradicionales a las zonas urbanas, buscando oportunidades de empleo o educativas. Hoy, más del 50% vive en ciudades. Muchas de sus comunidades continúan siendo masacradas, encontrándose al borde de la extinción. La FAO advierte que los indígenas serán los primeros en sufrir las consecuencias adversas del cambio climático.

Las mujeres indígenas son objeto de doble discriminación, como mujeres y como indígenas. Padecen de pobreza extrema, tráfico, anafabetismo, imposibilidad de acceso a sus tierras ancestrales, cuidados médicos, inexistentes o escasos y violencia en la esfera privada y pública, exacerbada, cuando existen conflictos, que convierten a la mujer en blanco de la violencia, mientras han de continuar su trabajo diario, trayendo leña o agua para la familia.

El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidió establecer el “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas”, a celebrarse el 9 de agosto de cada año, durante el  I Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. El objetivo era “seguir fortaleciendo la cooperación internacional,  para resolver los problemas que afrontan, en esferas tales como la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y desarrollo económico y social”. 

La Declaración les reconoce su derecho a no ser objeto de discriminación, fundada en su origen e identidad y a no ser víctimas de etnocidio y genocidio cultural. Recoge su derecho a la libre determinación, decidiendo su condición política y desarrollo económico, social y cultural; el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y a gozar de garantías para no ser desplazados, por la fuerza, de sus tierras. Trece años después, en septiembre de 2007, la ONU adoptó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.

Todas estas decisiones, aparentemente, importantes, se produjeron en medio de la gran ofensiva neoliberal de globalización económica, quedando aparcadas y, sin que, la mayoría de los gobiernos, realizaran el mínimo esfuerzo para ponerlas en marcha. Los graves incumplimientos de todos estos compromisos; la desidia de la mayor parte de los gobiernos y la incapacidad de los organismos internacionales, incluidas las Naciones Unidas, para imponer sus propios acuerdos y decisiones, les obligó a propugnar, el 22 de diciembre de 2004, un “Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas”.

Casi cuatro años después, el pasado 9 de agosto, el Secretario General de las Naciones Unidas, lanzaba un mensaje, más, de justificación del rotundo fracaso que, de un balance de objetivos alcanzados. “En 1994, las Naciones Unidas se situaron en la vanguardia de la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, para poner fin a su marginación, su extrema pobreza, la expropiación de sus tierras ancestrales y demás violaciones graves de los derechos humanos que habían padecido y continúan padeciendo. De hecho, en el sufrimiento de los pueblos indígenas se plasman algunos de los episodios más oscuros de la historia del hombre”.

Más realista ha sido la intervención de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, para los Derechos Humanos, Kyung-wha-Kang. Denuncia la presión, en América Latina, de empresas mineras, petroleras, sojeros, buscadores de oro y diamantes, que logran el paragua de los gobiernos, para avasallar la naturaleza y, con ella, a los indígenas. Se producen denuncias diarias, que sólo se conocen en las redes de comunicación de los indios, porque no tienen sitio en los medios de comunicación “libres”, referidas a muertes, torturas, violaciones y engaños a comunidades y pueblos a los largo del continente, sin importar las leyes vigentes y, siempre, en relación de las tierras que ocupan y el uso de los recursos naturales.

 Constituye una broma, de mal gusto, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que “garantiza”, que “no cambiara la vida diaria de hombres mujeres y niños”. ¿Qué quieren decir…?