De verdadera operación cosmética se pueden definir todos los intentos de la Consejería de Sanidad en relación con el sistema público de salud; de auténticos planteamientos electorales y propagandísticos lo que nos quiere vender a los ciudadanos canarios; de mensajes mediáticos conducidos por grupos de opinión de editoriales que no hacen sino vender humo y ocultar las carencias y desaguisados que padecemos en materia de gestión sanitaria en connivencia con los grupos gobernantes en el poder.

El llamado Pacto Social por la Sanidad elaborado por la Consejería de Sanidad del Gobierno Autónomo, no tiene apoyos sociales que lo sustente. Y ellos lo saben. Ha sido rechazado por los grupos políticos mayoritarios en el Parlamento de Canarias, PSOE y PP; por los sindicatos Intersindical Canaria, UGT y CCOO; por la Universidad de La Laguna y por otros sectores, sin que, y mucho más importante, los ciudadanos intervinieran en su redacción, control y menos en su firma y ratificación. Es cierto, y hay que recordarlo, que fue firmado por algunos sindicatos de clase y por algunos colegios profesionales, como el de enfermería y médico, sin respaldo ni consenso de sus propios colegiados, y por algunos sectores empresariales de Tenerife, que, como todos sabemos, tienen una gran implicación en el negocio de la sanidad canaria.

Con estas premisas, llama la atención que la consejera de sanidad siga “vendiendo”, en distintos foros fuera de las islas, este mal llamado pacto que publicita una y otra vez en un intento de llegar “frescos” al próximo compromiso electoral, a pesar de seguir manteniendo el fraude sanitario al que tiene sometido a nuestra sociedad y ciudadanos.

Se argumenta e insiste que dicho pacto ha sido elaborado para “despolitizar” la sanidad, siendo no menos cierto que no hace sino ratificar la grave politización que Coalición Canaria y su Gobierno pretende seguir manteniendo en la misma; porque no se entiende que no se llegue a consensuar un proyecto que, a todas luces, puede ser revocado si en las próximas elecciones cambia el gobierno de Canarias. Ni el PSOE ni el PP lo mantendrán vigente ya que lo han repudiado. Por tanto, mantener esa empecinada postura en contra del sentir mayoritario del arco parlamentario, sí que es una “politización” del tema.

Utilizar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como hace cíclicamente la consejera de sanidad para insistir en mostrarnos sus buenos oficios en temas sanitarios, haciéndonos saber ahora su preocupación por la falta de especialistas en nuestra comunidad, en el intento de trasladar el problema a un “debate de Estado”, en una táctica ya conocida por todos, soslayando que desde su propio ámbito comunitario podría realizar planteamientos y soluciones que resuelvan o alivien esta precariedad, puesto que con las propuestas de privatización constante que mantienen en cuanto a las prestaciones sanitarias de Canarias, vías concertaciones, no parece de recibo que se utilice siempre el lamento y lloriqueo de nuestros gobernantes ante la metrópoli, referido machaconamente al sistema de financiación y nunca realizando una autocrítica sobre la nefasta gestión que llevan a cabo. Y me explicaré.

Nos informa de que no son competencias de las Comunidades Autónomas el definir el número de estudiantes de Medicina ni de los médicos internos y residentes (MIR), que se forman en nuestros hospitales, sino que es responsabilidad nacional del estado.

Pero obvia, primero, que no se pueden aumentar el número de médicos en formación de nuestros hospitales puesto que el sistema de acreditación lo impide, por el insuficinete número de camas y por las ausencias de patologías suficientes que se tratan en los hospitales públicos debido a las derivaciones que se hacen hacia los centros privados. Recordemos que en el último año,dos de cada tres pacientes de listas de espera quirúrgica, han sido intervenidos en centros privados concertados por la consejería, en datos ofrecidos por la propia administración pública.

Obvia, segundo, que los especialistas médicos formados en nuestros propios hospitales, al finalizar su periodo de formación, se marchan porque no son contratados por el sistema público, al parecer por faltar presupuesto, y son contratados en las clínicas privadas de la isla donde cobran tres veces más de los dineros públicos que la propia consejería les abona vía concertación. O lo que es lo mismo: de los propios presupuestos comunitarios canarios, a unos especialistas se les triplica el sueldo realizando la misma labor asistencial de operar las listas de espera. Por tanto, se convierte la propia administración pública en su propia competidora, de forma desleal y poco ética.

¿Por qué no contratan a estos especialistas que tanto claman, por su déficit, en Canarias? ¿Por que los dejamos marchar después de haber invertido en su formación y cuando podemos utilizarlos profesionalmente en beneficio de mejorar nuestra sanidad, para que emigren a otros hospitales o países o centros privados?

La fuga y el éxodo de profesionales cualificados de nuestra tierra hablan de que algo no funciona en nuestro sistema sanitario. Nuestros médicos y enfermeros salen del país en busca del trabajo que no les ofertan en su propia tierra. Y aquí en Canarias, nuestros gobernantes contratan a médicos que provienen de estados sudamericanos, que homologan sus títulos y trabajan básicamente en los hospitales concertados que la propia consejería mantiene con el erario público.

Y todo lo achacan a un problema de financiación escasa, de que falta dinero estatal, nunca a un problema de gestión de nuestro sistema canario de salud del que llevamos ya siendo responsables tras doce años de asumir las transferencias sanitarias.

Mientras todo esto ocurre, los impactos negativos sobre la ciudadanía se mantienen gracias a las demoras de sus listas de espera, gracias a la poca utilización de los propios recursos sanitarios públicos, sin grandes inversiones en los presupuestos, sin mejora en las prestaciones. Mientras, los recursos y los profesionales de los grandes hospitales públicos están ociosos, por las ausencias de camas y de quirófanos que permitan realizar el trabajo con optimización. Y esto es un lujo que no nos podemos permitir.

A pesar de que a la consejera de sanidad no le guste que estemos cuestionando el sistema que ella representa, de una clara política privatizadora en materia de salud, seguiremos denunciando lo nefasto de su proyecto sanitario que nos coloca a Canarias a la cola de las comunidades de todo el estado y que nos deje de vender, electoralmente, los “esfuerzos” que realiza desde su consejería y que tanto le alaban algunos medios de comunicación en un intento vano de engaño continuado a la ciudadanía.