Desde hace años venimos asistiendo a un considerable deterioro de la sanidad pública, paso necesario para que la gran potenciación de la sanidad lucrativa privada, a base del dinero público de los conciertos que los gobiernos de CC han desarrollado con sus mentores y amigos empresarios de la mencionada sanidad privada, pudiera ser de nuevo rentabilizada mediante la derivación de la asistencia más “rentable” de pacientes de la pública así como, vía aseguramientos profesionales, de empresa o como particulares. Mientras, se ha ido produciendo la descapitalización del sistema público que al perder esos recursos desviados sufrirá la consiguiente insuficiencia de programas, equipos y personal, cuando no inoperancia, y su dañina repercusión en los pacientes.

Entre las deficiencias más destacadas de la asistencia sanitaria, cabe señalar las largas listas de espera que son las más largas de todo el Estado español y de la Unión Europea, amén de otras deficiencias comunes al conjunto del Estado como el escaso tiempo de visita del médico de Atención primaria (escasez de recursos y elevado número de pacientes por médico) y otras pésimas condiciones de trabajo como la alta precariedad laboral. El gasto de un 5,8% del PIB, muy por debajo de la media de la Unión Europea (7,3%) y si descontamos de ese gasto el 20% que corresponde a farmacia, nos queda realmente un 4,7% del PIB en gasto público sanitario no farmacéutico que es la cifra más baja de la UE (junto con Grecia).

Una cuestión clave para abordar los problemas de la sanidad, decisiva para reorientar y reenfocar el debate político al que debemos lanzarnos con decisión, es la consideración de la asistencia sanitaria en el seno de un más amplio contexto de “política eficaz de salud”. Es decir, las medidas preventivas o la falta de ellas, ya que poseen mayor valor social que los tratamientos curativos, abordando la salud como producto de la organización social, económica y por tanto de la política.

En este terreno cabe aclarar que la lucha contra “los malos estilos de vida” es absolutamente insuficiente. Es evidente que el tabaco mata, pero ¿por qué un hombre o una mujer van a privarse del placer de fumar si su vida es deprimente y aburrida, su trabajo alienante y sus perspectivas de futuro inexistentes? Pensemos en la pobreza, en el estrés y en la ausencia de control sobre la propia vida tanto laboral como social y económica que padecen muchos ciudadanos, en la marginación de los desempleados, de los enfermos mentales y en la soledad, aislamiento y exclusión de muchos mayores (¡para qué llegar a viejos!).

Partimos de unos indicadores de desarrollo económico-social como el porcentaje del PIB que se dedica a gasto social (20,2% del PIB), o el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del Estado del bienestar, como sanidad, educación y servicios de ayuda a la familia (5,6%), que son mucho más bajos que los promedios de la Unión Europea (28% del PIB de gasto social y 10% de la población adulta trabajando en aquellos servicios). Así mismo son peores otros indicadores específicos como porcentaje de la población bajo el umbral de pobreza, en situación de desempleo y de empleo precario, pensión promedio, etc. En Canarias la situación es aún peor, tanto en cuanto al conjunto de indicadores como a la gestión de los fondos públicos de toda esta área, bastando recordar el caso del ICFEM o el incremento de hasta un 180% de la inversión en la sanidad privada mientras que en la sanidad pública el incremento es de un miserable 7%.

La observación más frecuente y persistente de las investigaciones de salud pública es que en líneas generales cuanto más abajo se esté en la jerarquía social, definida en términos de trabajo, vivienda, educación, ingresos, o lo que sea, menor probabilidad se tiene de mantener una buena salud, e inferior esperanza de vida.

Así pues, es necesario luchar por los cambios sociales, económicos y políticos imprescindibles para sentar las bases de otra sociedad, de otra situación de salud y de otra sanidad. Frente al modelo imperante hay que ofrecer otra perspectiva que para resolver las necesidades de la población habrá de ser muy distinta o no servirá. Deberá pasar por el acuerdo social y político de la mayoría de la sociedad canaria frente a la oligarquía, su burocracia y su sistema. Debemos eliminar las desigualdades impuestas por el sistema capitalista, transformándolo y con ello también la enfermedad, la pobreza, los malos tratos, los asesinatos, los suicidios, las violaciones, la falta de salud y el sufrimiento. Dichas transformaciones deben conducir, en la lucha decidida contra la pobreza, a medidas de empleo, de pensiones, de vivienda, de salubridad ambiental y de desarrollo comunitario.

En la aplicación de políticas de empleo con readaptaciones profesionales y pleno empleo, seguridad en el mismo, mejora de los salarios inferiores, reducción máxima de tareas repetitivas y sin interés y control sobre el proceso de trabajo así como de la salubridad del ambiente laboral.

Con una política de viviendas sociales, en condiciones de habitabilidad y salubridad. Además, deberá dedicarse una especial atención a la educación continuada y al desarrollo personal, así como a la salud mental y a las personas mayores con el consiguiente y sustancial incremento de los presupuestos sociales.

En el terreno estrictamente sanitario se deberá profundizar en la prevención y salud pública frente a la asistencia sanitaria. Ello traerá consigo un modelo sanitario más racional en el que las comunidades estén involucradas participando, donde la higiene y prevención contendrá la tendencia expansionista del gasto sanitario incontrolado. Evidentemente, en el proceso dirigido a alcanzar todos estos objetivos la sanidad privada habrá de ir retrocediendo a favor de una potente sanidad pública en la que también se integre una farmacia pública como expresión de que en lo que respecta a la salud no cabe que ésta sea considerada como una mercancía más y por tanto que la tendencia imperante sea la contraria de la actual, verdaderamente a favor de la mayoría social y en contra de la minoría que se lucra o que desde el poder contribuye a ello.

Para avanzar en todo ese largo camino, la iniciativa legislativa popular habrá de ser una palanca que mediante la movilización previa y posterior a ella sea capaz de sentar las bases de cambios en las orientaciones y prioridades de la política sanitaria en Canarias, incluyendo en su articulado las prioridades que hemos mencionado tanto en lo referente a la prevención como a la potenciación de la sanidad pública. Ese es el reto que tenemos planteado el conjunto de profesionales y usuarios que estamos aglutinándonos en la más amplia plataforma para la defensa de la salud y la sanidad pública.