Hemos conocido últimamente, por los medios de comunicación, que el agua que consumimos en Tenerife, es insalubre y atenta contra nuestra salud, en este caso debido al exceso de flúor.

La recomendación del Servicio Canario de Salud, el Cabildo de Tenerife y la Federación Canaria de Municipios de no beber agua del grifo en doce municipios tinerfeños es un dato preocupante y a tener muy en cuenta. Porque si bien es cierto que el aumento en la concentración de flúor es causa para detener el consumo, hay que conocer que es lo que ocurre con el líquido elemento y sus condiciones de salubridad referentes al consumo humano.

El flúor es un elemento químico presente en la composición de las aguas de Canarias que, por su condición geológica volcánica y la forma de extracción con la que se obtiene, ya sean mediante galerías o de pozos, determinan que mantengan una concentración alta de aquel, siendo las fuentes y manantiales más afectados los que están más cercanos al Teide. No obstante, no olvidemos que este mismo elemento tiene su importancia y beneficio para la salud, especialmente aquellos relacionados con la dentición y para la prevención de caries dentales. Pero esto siempre de unos niveles que no lo conviertan en tóxico, ya que el consumo de agua con elevadas concentraciones y de manera mantenida, pueden dar lugar a afecciones óseas como fragilidad, osteoporosis, fracturas patológicas, cánceres, lesiones sobre el sistema nervioso central, y daño en el esmalte de los dientes con un moteado típico que se conoce como fluorosis.

Las organizaciones sanitarias mundiales aconsejan que las concentraciones de flúor en el agua potable deben oscilar entre 0,7 y 1,5 mg/l; en Tenerife, nueve municipios de la isla supera una concentración de 2,7 mg/ y en dos de ellos tienen niveles superiores a los 4,5 mg/l. Según los nuevos criterios de la legislación vigente, se aconseja no consumir agua cuando se detecten niveles de flúor entre 1,5 y 4 mg/l a niños menores de 8 años y a nadie cuando se rebasen los 4 mg/l.

La recomendación de los gobernantes políticos de nuestra tierra en el sentido de minimizar las graves consecuencias que pueda tener el consumo de esta agua, indicando que no se trata de aguas contaminadas ni con riesgos eminentes para la salud, ya que las afecciones se producen solo con el consumo prolongado, es de una grave irresponsabilidad ya que “olvidan” que desde hace casi cuarenta años se viene conociendo ésta circunstancia como lo demuestran los estudios epidemiológicos de Fernández Caldas y Pérez García en 1974 que encontraron niveles de 0.25 mg/l en manantiales del norte de la isla de Tenerife y 1 y 6,4 mg/l en la región noreste de Gran Canaria; también Falcón y otros, en 1984 resaltaban que estos niveles eran elevados en flúor en un muestreo masivo que realizaron; en 1986, Reyes y Hardisson concluían en que mantenía el problema; otros estudios más modernos, 1990 - 1995, encargados por la Dirección General de Salud Pública, han ido elaborando mapas epidemiológicos en nuestra comunidad autónoma para evaluar el contenido de flúor en nuestras aguas determinando la presencia y prevalencia de fluorosis entre la población detectándose siempre un alto nivel que ha ido progresando paulatinamente en la última década.

Por consecuencia, la poca o nula información a la población consumidora de esta agua, trae consigo una responsabilidad de quienes no lo han hecho hasta que han saltado las alarmas. Y es que esta situación se remonta ya a treinta o cuarenta años atrás, por lo que las afecciones por su uso prolongado, tal y como dicen las autoridades, están mas que consolidadas a día de hoy.

Las Directivas Europeas en cuanto a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano de 1998, tienen por objeto proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo humano garantizando su salubridad y limpieza. Y obliga a los Estados a adoptar las disposiciones necesarias a fin de que las aguas sean salubres y limpias, velando de que no permitan en ningún caso la degradación de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y de que se adopten las medidas correctivas para restablecer su calidad teniendo en cuenta en que medida se ha rebasado el valor paramétrico en cuestión y el peligro potencial para la salud humana; y se prohibirá todo suministro de agua que constituya un peligro potencial para la salud, ose restringirá su utilización, o se tomaran las medidas que resulten necesarias con el fin de proteger la salud humana.

Creo que ha llegado el momento de tomar medidas correctoras como establece la legislación vigente. Que sea responsabilidad de los Ayuntamientos como abastecedores de aguas municipales, que sea del Gobierno en su área de Sanidad, o que sea de quién sea, es preciso y urgente contar con plantas depuradoras que filtren y limpien nuestras aguas, no solo de flúor sino de otras sales minerales, que también están elevadas en sus concentraciones por encima de lo permitido y aconsejado y en otros municipios que no son solo los del norte de la isla. Plantas de tratamiento que mediante tecnología diversa de filtros de carbón, arena, electrolisis o no sé cuantas más posibilidades, resuelvan estas deficiencias de las aguas duras y alteradas que consumimos en Canarias, a pesar de que sea una tecnología cara y que requiera de presupuestos especiales. Porque ahorraremos luego en tratar enfermedades e invertir más tarde en tratamientos médicos que serán precisos por no haber prevenido que aquellas se produjeran; sin olvidar que estamos permitiendo con su consumo una pérdida de la salud.

Y es que no todo hay que invertirlo en carreteras, tranvías, auditorios, playas o que todo se lo lleve el turismo. Hay prioridades sociales que hay que atender de manera prioritaria antes que otras. Ésta es una de ellas.

(*) Doctor en Medicina y Cirugía
Unión Ciudadana - CSEA