Ahora que es la época en la que se acercan los carnavales y mucha gente se pone la máscara, debería el llamado estado de derecho continuar su labor de hacer todo lo contrario. Es decir, desenmacarar a quienes han utilizado la política y el poder que les ha dado la democracia para beneficio propio, el de sus amigos o el de sus partidos

En Canarias parece que no ha habido excepciones y en mayor o menor medida han intervenido personas que pertenecen a los partidos más significativos.

Se han producido irregularidades de diferentes tipos: urbanísticas, administrativas, cohechos, prevaricaciones, contra el medio ambiente, etc.

Para controlar las acciones que se estiman presuntamente ilegales está el Parlamento de Canarias. Ahora, lo que no se puede admitir es que sean personas que supuestamente están detrás de tramas y otras irregularidades quienes formen parte de “Comisiones de Investigación”, porque eso sería una tomadura de pelo a los ciudadanos. Y aquí en Canarias, no sólo se ha producido esa situación esperpéntica sino que al mismo tiempo se han desarrollado esas comisiones que no han conducido a nada, como, a no ser que sirvan para marear la perdiz. No han clarificado nada ni se han depurado responsabilidades., Ni nadie ha dimitido. Ese verbo no se conjuga en la política española en general y en la canaria en particular.

Luego resulta que tenemos el instrumento legal de la justicia para buscar a los presuntos culpables, y los mismos políticos que deberían velar por la transparencia de la democracia nos salen con reticencias contra las medidas jurídicas y emplean sus poderes fácticos para denunciar “supuestas persecuciones políticas” y hacer creer al pueblo que son víctimas de una conspiración. Es una forma de manipular las conciencias.

En Canarias se ha permitido el destrozo de playas, de barrancos, de acantilados, en nombre del progreso, de unos supuestos empleos, en beneficio de unos cuantos especuladores y empresarios de la construcción. Se han cargado el paisaje, el patrimonio natural, sin control ni medida. Existen construcciones turísticas ilegales, o que han construido más de lo que tenían permitido.

No es ciencia ficción decir que en Canarias, a lo largo del desarrollo turístico, ha habido compra de voluntades, presiones, favores, beneficios para unos pocos amigos, e incluso maletines con dinero constante y sonante para derribar muros y dificultades. Y de ellos tengo constancia, después de informar durante casi treinta años sobre la actividad turística en Canarias. Algunos se extrañaban cuando decíamos que había mafias en Canarias.¡Y vaya si las hay! Y no son solamente las que utilizan la pistola, la amenaza, y la extorsión para conseguir sus propósitos. También las hay de cuello blanco.

Políticos que aceptan “favores” de grandes empresarios para a su vez, desde su cargo, concederles algún beneficio. Políticos que aceptan comisiones y tantos por ciento a la hora de aceptar contratos de empresas. Políticos que se meten en tramas y planes con visos de ilegalidad y luego denuncian que son víctimas de acoso y descrédito. Políticos que intentan sobornar a otros para beneficiar a sus partidos.

Lástima que el pueblo canario no tengan una amplia conciencia política para desenmascarar a quienes están haciendo de la democracia una caricatura de la misma.