Los ponentes analizarán la situación actual del movimiento vecinal y la necesidad de converger en federaciones de ámbito comarcal, insular y de todo el Archipiélago.

Expondrán el proceso que se ha vivido desde su surgimiento con la transición democrática, el papel que ha jugado en el desarrollo de la sociedad el grado de participación de los vecinos en los asuntos que les conciernen como colectivo; la instrumentalización que ha sufrido el movimiento vecinal en muchos lugares bajo intereses partidistas; la marginación a la que son sometidos por ciertos ayuntamientos, por no seguir directrices de los partidos gobernantes, los obstáculos de tipo legislativo que se han introducido cara a dificultar la verdadera participación vecinal en los Plenos de los Ayuntamientos...

Se analizará la noticia comunicada a la opinión pública recientemente por parte del Consejero de la Presidencia, el Sr. Ruano, anunciando la aprobación inminente de una Ley de Participación Ciudadana en el Parlamento Canario.

En la democracia española no hay tradición de participación ciudadana directa, pese a que el artículo 23 de la Constitución indica: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".

El movimiento vecinal se enfrenta a problemas directa o indirectamente generados por los Planes de Ordenación o por actuaciones urbanísticas de los ayuntamientos, tal es el caso de El Centenero, San Lázaro, El Sobradillo, Candelaria, Valleseco, El Toscal... De ahí la necesidad de debatir sobre el concepto de participación ciudadana en la vida pública, y de encontrar el espacio amparado por la Constitución Española, donde la voz de los ciudadanos pueda ser escuchada directamente por la Administración.

Muchos de los representantes vecinales vienen reclamando en los últimos tiempos que las grandes sumas de dinero que el Gobierno Canario y el Central prevén invertir en infraestructuras viarias, portuarias o aeroportuarias se destinen a necesidades básicas: sanidad, educación, servicios sociales (atención a personas mayores, a menores, discapacitados, etc.), transporte público.

Nuestra sociedad observa con preocupación el modelo económico canario, el preocupante ritmo de crecimiento poblacional, la degradación galopante del medio ambiente, el progresivo abandono del sector agrario y pesquero, un planeamiento urbanístico basado en un crecimiento desmedido, las elevadas cifras del paro, más de un 25% de la población de las islas situada bajo el umbral de la pobreza...

Una situación ésta agudizada en los últimos tiempos por los alarmantes casos de corrupción generados en el seno de algunas Administraciones Públicas.