SB-Noticias.- La organización ecologista Greenpeace concluye en el informe titulado “Destrucción a toda costa” que el Cabildo de La Palma ha implantado en los últimos años el mismo modelo urbanístico que ya ha fracasado en otras islas  por su fuerte dependencia económica del exterior, por los escasos beneficios que reporta a sus habitantes y porque realiza a costa del medio natural palmero, que se había mantenido relativamente aislado del “boom” inmobiliario del Archipiélago.

El informe hecho público por Greenpeace indica que “con el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística se pretende duplicar el número de plazas alojativas, con un aumento de 13.000 nuevas camas. También se plantea la construcción de cinco nuevos campos de golf, varios puertos, un aeropuerto y carreteras que enlacen todo este entramado de dispersión de infraestructuras turísticas en suelo rústico protegido.”

Añade a continuación el informe que: “Un claro ejemplo de la ambición empresarial a costa del medio natural, es la apuesta del Ayuntamiento de Tazacorte por la urbanización de su franja litoral. La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife está investigando el expediente de construcción de un edificio residencial, con viviendas de lujo, en la zona de Los Tarajales, en el Puerto de Tazacorte, en un suelo que según varias sentencias, no se considera urbano. A pesar de las resoluciones judiciales en contra; de que el proyecto haya sido cuestionado por el anterior Ministerio de Medio ambiente y de que la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio ambiente de Canarias –COTMAC- haya solicitado al Ayuntamiento la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana, el consistorio (gobernado por el Partido Unión Bagañeta) sigue apoyando la construcción del edificio residencial, al entender que se puede justificar que el suelo cuestionado por los Tribunales es urbano y cumple los requisitos legales para ello. Mientras tanto, ya se han adquirido parte de las viviendas del edificio en conflicto y los trabajos de las obras de construcción continúan.”

Greenpeace termina su informe afirmando que “La seguridad de este Ayuntamiento en su agresiva ordenación urbana llega al grado de amenazar con la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la Dirección General de Costas del Gobierno de España por ampliar el Dominio Público marítimo-terrestre de 20 a 100 metros.”