SB-Noticias.- Así de contundente se manifiesta el informe de la organización ecologista Greenpeace en relación a la situación medioambiental de la isla de Fuerteventura. El Cabildo Insular –gobernado por CC- de la isla vende sus playas como “las mejores del Atlántico”, pero lo cierto es que la política que realiza está muy lejos de defender los intereses públicos. También se confirma en el informe que tampoco la Ley de Costas se cumple en Fuertevenura: así lo demuestra la existencia de los hoteles “Oliva Beach” y “Tres islas”, construidos sobre dominio público. 

SB-Noticias le ofrece un extracto de las principales conclusiones a las que llega el informe titulado “Destrucción a toda costa/2008” elaborado por la organización ecologista greenpeace. Así, a la hora de justificar el calificativo de “desastre” aplicado al nivel de protección de la costa majorera, en el informe  se indica expresamente que: “Así se constanta en el caso del Plan Parcial de Majanicho, desarrollado en un área costera completamente virgen del norte de Fuerteventura, impugnado judicialmente por el Grupo Ecologista AGONANE y que resultó finalmente anulado por el TSJC en el año 2006. Durante el desarrollo del pleito, la alcaldesa entonces del Municipio de La Oliva, Claudina Morales de Coalición Canaria – obligada a cesar en su cargo tras una reciente moción de censura-  y el Presidente del Cabildo, Mario Cabrera –Coalición Canaria-, trataron de dar visos de legalidad al citado Plan Parcial, lo que permitió que las obras continuaran gracias a la aprobación de las licencias caducadas para casi un millar de viviendas. En la actualidad la sentencia de Majanicho ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por los promotores, Nombredo, S.L.”

 “No se cumple la Ley de Costas en Fuerteventura”

 El informe de Greenpeace señala lo siguiente en relación a la inaplicación de la Ley de Costas: “Los hoteles “Oliva Beach” y “Tres Islas”, construidos a finales de los años setenta en las Dunas de Corralejo, perdieron, después de más de 20 años, el pleito contra el Estado ante el Tribunal Constitucional”. Según el informe, la sentencia del alto Tribunal declara que ambos hoteles “estaban construidos sobre dominio público. Sin embargo, las presiones de la poderosa cadena hotelera RIU han conseguido que el Ministerio de Medio ambiente suscribiera un acuerdo ilegal, según el cual, la cadena RIU cede al Estado la titularidad de la isla de Lobos (declarada Parque Natural y donde RIU nunca hubiera podido construir nada) a cambio de obtener una ampliación de sus concesiones para los dos citados hoteles: 10 años para el Oliva Beach y 30 años para el Hotel Tres Islas.” La organización ecologista Greenpeace recalca que “con este acuerdo de cesión, RIU dejará de pagar 60.000 euros anuales por el Impuesto de Bienes Inmuebles. Así, la promesa de derribarlos que hizo José Fernández, Director General de Costas entre el 2004/08, a Greenpeace, ha quedado en papel mojado. Mientras tanto los estudios encargados por el propio ministerio de Medio Ambiente a diversos científicos han diagnosticado que este sistema dunar está gravemente amenazado y su desaparición es una muerte anunciada, por mala gestión”.