Justo Fernández 

Según la OIT, pese a la existencia de 19 convenios, 26 recomendaciones y 37 códigos de conducta, cada año se producen 2,3 millones de muertes por accidentes laborales y 160 millones de trabajadores sufren enfermedades por el trabajo que realizan.  Sejii Machida, especialista de la Sede de la OIT, en Ginebra, denuncia que, “cada año los accidentes y enfermedades asociados al trabajo suponen una pérdida de más del 4% del PIB mundial”.

Para intentar buscar nuevas formulas que reduzcan el número de accidentes laborales, del 29 de junio al 2 de julio, se ha reunido, en Seul, el XVIII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, al que asistieron unos 4.000 representantes empresariales, autoridades, expertos en seguridad y salud y sindicalistas, de más de cien países.

La Resolución final, débil y ambigua, recuerda que el derecho a un medio ambiente de trabajo, seguro y saludable, debe ser reconocido como un derecho humano fundamental; apoya la importancia de la educación, formación, consulta e intercambio de información; reconoce el importante papel de los gobiernos y los interlocutores sociales, en la promoción de la prevención; estima que, mejorar la seguridad y salud en el trabajo, tiene un impacto positivo en las condiciones de trabajo, la productividad, la economía y el desarrollo social, para lo que, establece algunas condiciones:
 
1.-La seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Los planes nacionales deben garantizar prioridad a la seguridad y salud en el trabajo.

2.-Una cultura nacional de seguridad en el trabajo, es la que gobierno, empleadores y trabajadores, participen actívamente, mediante un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos y en la que se concede máxima prioridad a la prevención.

3.-Los gobiernos deberían, considerar prioritario, garantizar que la seguridad y salud laboral, este protegida por un sistema adecuado de ejecución de las normas y un sistema sólido y eficaz de inspección laboral y de las correspondientes sanciones.

4.-Los empleadores deberán garantizar que, la prevención es una parte integral de sus actividades y el cumplimiento de las normas de seguridad, una obligación ineludible.

5.-Los trabajadores y sus representantes deberían ser consultados sobre cuestiones que afecten a la seguridad y salud; seguir las instrucciones sobre seguridad y salud y sus procedimientos, incluisdo el empleo de equipo de trotección personal y participar en los cursos de formación.

¿Cuánto habrá costado la Conferencia, en viajes, dietas, estancias y demas gastos?. ¿Merecen estas tímidas, recomendaciones y consejos, tal despilfarro?.

En Asia, Africa y Latinoamérica, cerca de tres mil millones de personas, el 65% de los trabajadores, estén sometidos a la economía informal, con escasos salarios, nulas normas de seguridad y escasa o nula protección social, con sindicatos débiles  y gobiernos dictatoriales, entregados a los intereses empresariales. ¿Quién va a luchar para evitar el aumento de las víctimas por accidentes laborales?.
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Cualquier forma de morir es injusta. Pero, cuando acudir a trabajar, en una amplia gama de actividades laborales, constituye un riesgo cierto de accidente, con graves consecuencias para la salud, incluso, la invalidez o la propia vida, esa injusticia se acrecienta hasta límites que la sociedad debería considerar inadmisibles y que la legitima para exigir responsabilidades a empresarios, sindicatos y gobiernos, exigiéndoles una aplicación intransigente de la legislación vigente o la implantación de nuevas normas jurídicas que puedan erradicar o, al menos, reducir, esta auténtica lacra social.

Las trágicas consecuencias sanitarias y sociales de la siniestrabilidad laboral y la indmisible sangría de vidas humanas, no pueden explicarse, como intentan algunos, por el mayor desarrollo económico, sino por la desmedida ambición de muchos empresarios y la inadmisible relajación de los poderes públicos, amigos, para exigir el cumplimiento de las leyes.

Las causas de los accidentes laborales no son un misterio. Incumplimiento, casi impune, de las normas de seguridad; subcontraciones y trabajo a destajo; falta de formación y precariedad, en los puestos de trabajo de mayor riesgo; prolongación excesiva de la jornada laboral; ausencia de medidas de protección individual o colectiva; incapacidad o falta de personal o de celo de la Inspección de Trabajo, ausencia de voluntad política de alcaldes, cabildos, diputaciones y gobierrnos autonómicos, para enfrentarse a empresarios o multinacionales, a los que ayudan en sus negocios, a cambio de apoyo electoral o prebendas. 

Si no es posible cuantificar,en terminos monetarios,el sufrimiento de las víctimas y sus familiares, sí se puede constatar que los accidentes laborales, tienen costes directos, administrativos y procesales, importantes; gastos de asistencia médica, quirúrgica, ortopédica hospitalaria y de rehabilitación; indemnizaciones, pensiones de viudedad u orfandad que hemos de pagar entre todos.  

Durante los ocho años de gobiernos aznaristas, se dispararon los accidentes laborales mortales, por encima de los mil accidentes, cada año. Lógicamente, imperaba la defensa de los intereses empresariales Cerca de 10.000 trabajadores perdieron su vida mientras trabajaban. En los últimos cuatro años, el gobierno de Rodríguez Zapatero, se ha logrado reducir esas cifras, de accidentes mortales, significativamente, por debajo de los mil anuales.

En 2007, la siniestrabilidad mortal alcanzo sus niveles más bajos, desde la reinstauración de la Democracia. 844 trabajadores fallecieron en su lugar de trabajo. 189 trabajadores  menos que en 2003. Además, los fiscales consiguieron presentar 650 autos de acusación, que determinaran la responsabilidad en los accidentes, lo que significa un incremento del 86%, sobre el año anterior.

En cualquier caso, continuan siendo cifras inadmisibles, que ni el Gobierno, mucho menos, los Sindicatos y, desde luego, la sociedad española no deberían tolerar.

Debería considerarse que la responsabilidad, ante la muerte de un trabajador, por incumplimiento de las normas de seguridad, de patronos de empresas privadas o responsables de empresas públicas, tenga la calificación de “homicidio impremeditado”, respondiendo a esta acusación, de comportamiento criminal, con penas de cárcel.