El martes 8 de Julio de 2008 tuvo lugar la charla-coloquio “El escándalo de Las Teresitas. Última hora”, con la participación de José Pérez Ventura (Izquierda Unida; Asociación Justicia y Sociedad) y Lola Schneider, (portavoz de las familias propietarias de las parcelas afectadas).

La charla forma parte del Ciclo La corrupción en Canarias, que viene programando la Sala SB, situada en la esquina de las calles Daute y Cruz de Candelaria, junto a la estación de guaguas de La Laguna.

El escándalo de corrupción político-empresarial que rodea el monumental caso Las Teresitas se ha convertido en los últimos tiempos en un asunto que ha conmocionado a la sociedad canaria. Cientos de personas son víctimas de esta gigantesca trama; modestas familias que se han visto obligadas a contratar abogados para defender sus propiedades (parcelas y viviendas) que inexplicablemente aparecieron registradas un día a nombre de unos sujetos desconocidos...

José Pérez Ventura

Los propietarios de 32 parcelas, que ocupan casi 60.000 metros cuadrados, se negaron en los años setenta a integrarse en la Junta de Compensación de Las Teresitas, amparados por la ley. El Ayuntamiento aplicó la expropiación forzosa, pero los vecinos, que no estaban conformes con el precio ofrecido para la expropiación, recurrieron judicialmente y ganaron en todas las instancias, pero la Junta renunció a la expropiación al no poder pagar la cantidad establecida en la Sentencia.

De todo lo anterior existen abundantes pruebas documentales, tal como afirma el letrado Ángel Isidro Guimerá: El Ayuntamiento certificó el 3 de diciembre de 1977, y en años posteriores, a propietarios del Valle de Las Huertas que la junta de compensación de Las Teresitas había renunciado a expropiarles sus terrenos. Luego todos los terrenos de aquellos que no aceptaron integrarse en la Junta revertieron a sus antiguos propietarios. Pero en 2002, estas familias descubren que en el registro de la propiedad del Ayuntamiento, sus parcelas habían cambiado de titular, ya no estaban a su nombre. El litigio aún continúa.

En cuanto al otro gran frente de la operación, el 24 de noviembre de 2007 se hizo público que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo acababa de emitir el día anterior un auto que desestimaba el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Cruz pidiendo la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo por considerarla inejecutable. Dicha sentencia implicaba que la compraventa de los terrenos en la playa de Las Teresitas quedaría anulada y por tanto, obligaría al ayuntamiento a devolver las once parcelas que compró en el frente de playa para que, a su vez, Inversiones Las Teresitas, empresa a la que compró en 2001, le devuelva los 52,5 millones que el Ayuntamiento le pagó por ese suelo.

Pero la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC abre una nueva salida y, en lugar de considerar la ejecución de la sentencia, de devolución del frente de playa, asume la puesta en marcha de un nuevo procedimiento de fijación de precio de las parcelas.

Lola Schneider

Entre las grandes irregularidades, está, tal como fundamentó la Fiscal anticorrupción, la venta de parcelas que llevó a cabo desde un principio la Junta de Compensación cuando ésta no era la propietaria de dichas parcelas y lo que sorprende aún más es cómo un notario autorizó dichas escrituras con esta irregularidad.

Asimismo, la supuesta compra del frente de playa que asumió el ayuntamiento “para salvar el frente de playa”, olvida que hubo un convenio del año 1986 por el cual ya se habían cedido estos terrenos al ayuntamiento. Además una parte de los mismos, por el deslinde marítimo, ya eran de dominio público. 

Se trata de una operación inmobiliaria que prescinde de las tasaciones llevadas a cabo por la propia arquitecta municipal, Pía Oramas, y en la que sólo se tiene en cuenta las interesadas valoraciones privadas carentes de rigor técnico. Todo esto se desarrolla, por supuesto, con el consiguiente resentimiento de las arcas municipales. Dos empresarios, sin arriesgar absolutamente nada, obtuvieron 20.000 millones de beneficio, algo que muchos entendidos valoran, como mínimo, moralmente reprobable.

El Valle de las Huertas es ya pasto de las constructoras y las inmobiliarias. A ello se añade la construcción de una gran edificación de aparcamientos que se está levantando junto a la Playa, parte de ella invadiendo el dominio público marítimo-terrestre, según la Ley de Costas, motivo por el que la Administración de Justicia ha parado la obra.