Hermann Luis D. Yanes es uno de los trabajadores que denunció /el Caso ICFEM, /uno de los mayores casos de corrupción en el seno de la Administración Pública canaria, aún sin resolver diez años después. Él, junto al abogado José Manuel Rivero (de la Asociación Justicia y Sociedad) explicarán mañana miércoles en La Laguna el caso.

Este acto forma parte del programa que viene organizando de lunes a viernes cada semana la Sala San Borondón, donde se realizan además presentaciones de libros, discos, conciertos en directo, proyección de cine, exposiciones, talleres... El objetivo de la Sala SB es ofrecer una visión crítica de la actualidad social y cultural que atañe directa o indirectamente al Archipiélago, a través de la palabra de personalidades de relieve, con voz autorizada, que aporten su opinión y promuevan el diálogo.

El ICFEM es el Instituto Canario de Formación y Empleo, creado por el Gobierno Canario en 1993, bajo mandato de Manuel Hermoso. El citado organismo recibía una cuantiosa suma de la Unión Europea para la creación de empleo en las islas. Financió numerosos cursos de formación, organizados por empresas privadas, academias de enseñanza, grandes sindicatos... Posteriormente se supo de un cúmulo de presuntas irregularidades: algunas de esas empresas se crearon a la carta con el exclusivo objetivo de acceder a esas subvenciones; que hubo cursos que nunca se realizaron, pero que fueron pagados; etc.

En julio de 1998, el Consejero de Empleo del Gobierno que entonces presidía Hermoso, Víctor Díaz (imputado en el caso), solicitó al Consejo de Gobierno convalidar parte de los expedientes de los cursos de formación para desempleados, que estaban sin justificar, sumando globalmente unos 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas). La convalidación faculta al Gobierno a dar por buenas actuaciones administrativas que pudieran ser de dudosa certificación por los servicios de la Intervención General. Víctor Díaz pretendía así sortear un paso crucial en cualquier proceso similar: la Intervención. Pero tropezó con trabas administrativas que le impedían tramitar los expedientes de los centros colaboradores, a los que la Ley obligaba a cumplir determinados requisitos al parecer inexistentes.

El Director General de Promoción Económica entre junio de 1996 y febrero de 1998, Aurelio Ayala (también imputado en esta causa) alega en su favor que el Tribunal de Cuentas no detectó ninguna irregularidad en su gestión en el ICFEM.

Uno de los denunciantes del Caso ICFEM fue el trabajador del citado organismo Hermann Luis D. Yanes, militante activo de CC.OO., posteriormente apartado del sindicato, en tanto en cuanto CC.OO., al parecer también había formado parte de la red de Cursos de Formación financiados por el ICFEM.

Cuando se cumplen diez años desde que aquel escándalo trascendiera a la opinión pública, aún el proceso judicial está en curso. Consta de más folios que el 11-M. Los últimos datos hablan de que la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó hace un mes un auto encaminado a que el Ministerio Público retome su tesis inicial de catalogar como delito de /malversación de caudales públicos/, desechado antes por falta de pruebas. En este auto, la Audiencia accede a lo solicitado por el abogado de la acusación particular, José Manuel Rivero, para que se aplique una prueba pericial contable que revele a cuánto ascendió el daño al herario público, si lo hubo.