SB-Noticias.- La Ley de Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias del 2003 ha estado marcada siempre por la polémica. Paradójicamente, varios intentos del Gobierno autonómico para detener la construcción de hoteles han acabado siendo anulados por los Tribunales: El poder del “lobby” empresarial es enorme y el TSJC acumula reclamaciones de los promotores que han puesto cemento en la costa por un valor que asciende a 1.500 millones de euros.

El Informe hecho público por la Organización ecologista Greenpeace, titulado “Destrucción a toda costa 2008” no deja lugar a dudas en sus conclusiones: “En el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley de Directrices, la oferta turística – el número de camas- ha aumentado de forma sustantiva, mientras que ha disminuido la demanda, tanto en número de extranjeros, como en la duración de la estancia hotelera media.”

En la misma línea descriptiva, el Informe resalta el siguiente dato: “Las Islas Canarias cuentan además con 22 campos de golf: deporte que sólo practica el 1,1% de sus visitantes. Estos hechos  dejan claro que la oferta turística en las islas no debe crecer en cantidad, sino en calidad.”

Greepeace advierte en su Informe en relación a la anterior afirmación que: “El Gobierno de Canarias no parece tenerlo claro ya que, a pesar de disponer de una moratoria en vigor, a finales de la pasada legislatura, el ejecutivo de Coalición Canaria aprobó tres proyectos turísticos con el argumento de la excepcionalidad: Tauro, Meloneras y Abama. Por su parte, los Cabildos de La Gomera y de La Palma, plantean en sus Planes Insulares la construcción en sus islas de 17.000 y 13.000 plazas más respectivamente.”

Un dato especialmente revelador contenido en el Informe es el de que: “Los esfuerzos de algunas Administraciones Públicas por detener la ocupación de su territorio en ocasiones caen en saco roto. Es el caso del Cabildo de Lanzarote, cuyos esfuerzos por mantener a raya los campos de Golf han sido confrontados por el TSJC, el cual ha publicado ya dos sentencias a favor de la Federación de Empresarios Turísticos de la isla.”

El Informe de Greepeace resulta tremendamente clarificador cuando determina que: “El desarrollo sostenible que muchos ciudadanos canarios pretenden, choca con iniciativas como la de los grupos parlamentarios de Coalición Canaria y Partido Popular que han presentado una Proposición de Ley para modificar las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias y así poder declarar urbanos todos los pueblos afectados por la Ley de Costas. Una iniciativa que pretende potenciar el otorgamiento de concesiones administrativas a las edificaciones que están en áreas dentro del Dominio Público y que seguramente les hará ganar votos, pero,  que hipoteca el futuro del medio natural canario.”

Greenpeace finaliza su Informe acerca de la Degradación por Urbanismo con la siguiente conclusión: “Las Islas Canarias se enfrentan a una dualidad: la de muchos ciudadanos que quieren un desarrollo equilibrado que no continúe por el mismo camino seguido hasta el presente, y la de unos pocos que permanecen únicamente interesados en su lucro personal”