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Pecados, libertad de expresión y ética periodística Imprimir E-Mail
Escrito por Eustaquio Villalba Moreno   
jueves, 03 de julio de 2008

SB-Noticias.-Cuando el presidente del gobierno canario quiso acreditar los méritos que reunía el locutor Willy García  para desempeñar el cargo de director de la Radio Televisión Canaria, destacó  el dato más sobresaliente de su breve curriculum: es licenciado en periodismo por la universidad de la vida. Debió ser un alumno modelo de la única universidad que solo pide a sus aspirantes el certificado de nacimiento pues, en solo un año, ha conseguido doctorarse con sobresaliente cum laude y hacerse un hueco destacado en la historia del periodismo amarillo. El caso del cura de San Andrés ha sido definitivo para que el tribunal le diera a su tesis la máxima nota. Este caso, el gran éxito de audiencia de la televisión canaria, es un perfecto colofón a su proyecto como director general en su discurso de toma de posesión y que él mismo resumió con esta tautología: “Quiero hacer una televisión que se vea y una radio que se escuche”.

Autorizar que se organizara una encerrona a un anciano, grabar una conversación privada y difundirla en la televisión autonómica, es una muestra incontestable de lo que este señor entiende por servicio público, respeto a la privacidad y ética periodística. En primer lugar ¿qué tipo de servicio público se presta con este tipo de noticias? ¿Qué delito cometió este señor? En su actuación no había nada sancionable, frases como las suyas se oyen todos los días desde los andamios o desde los coches, sin ello suponga la intervención de las fuerzas de seguridad ni de los audaces reporteros de la televisión canaria. Otra cosa es que la confesión religiosa a la que pertenece el difamado cura considere que este tipo de conducta es reprobables, un grave pecado según sus normas. Allá ellos con sus contradicciones, pero éstas no suponen carta blanca para conculcar los derechos de un ciudadano, la Constitución no distingue por creencias religiosas y no asume los valores morales de las distintas religiones, eso pertenece al ámbito de lo privado y no al de las leyes.

Dos personas mayores de edad mantiene una conversación, pero una de ellas había sido preparada con todo tipo de artilugios para grabar el encuentro y, sin advertírselo a su interlocutor, difundirla en un programa de telebasura. ¿Qué perseguían estos intrépidos reporteros? No hay duda, conseguir una noticia de impacto que suba los bajos índices de audiencia de la autonómica y convertirla en noticia obligada de los otros medios de comunicación. Es comprensible que los rectores de la Radio Televisión Canaria tales fines justifiquen los medios empleados, pero en este caso lo reprobable, incluso lo delictivo, hay que buscarlo en unos responsables de un organismo público que ignoran los principios elementales de la deontología periodística. El director de “la nuestra” opta por este tipo de noticias y, por el contrario no incluye otras que indudablemente afectan al interés general. Por ejemplo, los programas autonómicos han ignorado la orden del ayuntamiento de Santa Cruz de desalojar a Amnistía Internacional y de ATAN. La primera de estas ONG está declarada de interés general tiene el premio Nóbel de la Paz por su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos. ATAN, por su parte, es  la asociación conservacionista más antigua de Canarias, fundada en 1971, ha mantenido una intensa actividad desde la época de la dictadura que ha sido reconocida con múltiples distinciones, entre ella, el prestigioso premio Teide de Oro que concede Radio Club a las instituciones que sen han distinguido por la defensa de Tenerife y de Canarias. Pero la televisión canaria consideró que la encerrona al anciano párroco de San Andrés era más importante para el interés general.

Resulta llamativo que los medios informativos locales y sus sesudos columnistas hayan eludido analizar el fondo y la forma de este “reportaje periodístico”. Por el contrario, se han limitado a resaltar el aspecto más escabroso de este atentado a la intimidad y el “pecado” cometido por un sacerdote católico. Si la señora que se prestó a este denigrante hecho alega que sufría el acoso del párroco, un programa de televisión, y mucho menos en una de titularidad pública, no es el lugar adecuado para presentar la denuncia y, tampoco es una manera aceptable de probar las acusaciones de acoso. Por el contrario lo que prueba este programa es que se han conculcado los derechos de un ciudadano. ¿Tendría el mismo interés para la televisión de Willy si el protagonista del incidente hubiese sido un fontanero, un guardia municipal o un ingeniero de camino? Es evidente que no, la grosería con las mujeres, la falta de educación, no es patrimonio de ningún gremio, lo único particular del caso es la profesión del anciano afectado.

Eustaquio Villalba Moreno

 
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