SB-Noticias.- Las numerosas quejas recibidas sobre la falta de contestación de la Administración a los escritos y solicitudes que los ciudadanos les dirigen, obliga al Diputado del Común a continuar destacando la necesidad de que la Administración Pública actúe con sujeción al principio de eficacia funcional, burocrática y legislativa. O lo que es lo mismo: observando una mayor simplificación y claridad en los textos legales.

El Diputado del Común señala en su Informe Anual que: “La Administración Pública debe tener una dimensión finalista que comprenda la eficacia, la operatividad y la existencia de unos buenos resultados. La constatación de esta necesidad ha planteado la necesidad, a nivel global, de desarrollar diferentes estudios sobre la reforma administrativa.”

A renglón seguido se concluye que: “Bajo estos principios se han analizado las quejas recibidas, relativas a la falta de respuesta de la Administración a escritos y solicitudes que realizan los ciudadanos, y por las que hemos detectado la vulneración del deber de dar resolución expresa a los expedientes que se inician a instancia de parte: el silencio ante una cuestión planteada por el ciudadano. Dicha vulneración no sólo esta presente en los Ayuntamientos canarios, sino también en dependencias pertenecientes a las diversas Consejerías de la Administración autonómica y, lo que es peor, también se han detectado problemas de este tipo –retrasos e inactividad- en las propias Oficinas de Información al Consumidor de los Ayuntamientos y de Cabildos Insulares.”

El Diputado del Común advierte en última instancia: “Lamentablemente, en determinadas Administraciones Públicas, sobre todo locales, resulta reiterado y continuo el incumplimiento de los deberes formales que les impone la legislación sobre el Procedimiento Administrativo.”

En relación a la vulneración del Derecho de Acceso a la Información por parte del ciudadano, el Diputado del Común, recalcó en su Informe Anual: “Del análisis de las quejas recibidas, sigue evidenciándose que el Derecho de Acceso a la Información aparece como uno de los grandes problemas que tienen las Corporaciones Locales en su relación con los ciudadanos. Creemos –adelanta el Informe- que el problema radica en la heterogeneidad de los criterios de interpretación que en cada caso hacen los técnicos municipales del alcance y contenido de este derecho a la información, hace que, en ocasiones, lo que para una Corporación local resulta de obligado cumplimiento –derecho a la información- , para otra Corporación se convierta en una aplicación restrictiva  del mismo derecho, imposibilitando al ciudadano su ejercicio.