Asegura que la consejera "manipula las cifras para tapar la inexistente gestión de su gobierno" y añade que Canarias "es la peor comunidad autónoma en la aplicación de la Ley de Dependencia según los datos del IMSERSO".

El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha expresado su malestar por las declaraciones hechas ayer por la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, que evidencian “una grave falta de respeto por las preocupaciones de esta isla” en materia de servicios sociales y de la aplicación de la Ley de Dependencia.

En su opinión la consejera del Gobierno canario ha optado por la vía de la desinformación y la manipulación de los datos para ocultar el nulo trabajo de su consejería. De esta manera Quevedo señala que es una falsedad decir que se dispone de 115 millones de euros para aplicar la Ley de Dependencia. Ya que en realidad se trata de 26 millones, aportados por la comunidad autónoma, y que ya se venían utilizando por parte del Ejecutivo canario, por tanto “ni un solo euro nuevo para aplicar la ley”.

Quevedo asegura que 115 millones de euros es la suma de todos los programas sociosanitarios del presupuesto del Gobierno de Canarias para todo el Archipiélago, “lo que se comprueba si se suman las correspondientes partidas de las sección 23 de los presupuestos autonómicos para 2008”, que no tienen nada que ver con nuevas aportaciones para la Ley de Dependencia.

El consejero nacionalista señala que también se han manipulado los datos del número de personas a las que se ha evaluado su grado de dependencia, cifrada en 39.000 por el Gobierno de Canarias y en 14.000 por los datos del IMSERSO a 2 de junio del presente año.

Tampoco es cierto el número de personas que ya perciben prestaciones de la Ley de Dependencia. Éstos son sólo 7, según el IMSERSO, lo que supone que Canarias es la peor comunidad del Estado en la aplicación de esta ley.

Quevedo destaca que el acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el del Estado ya lo conocen todos los ayuntamientos de la isla, además del Cabildo por lo que son conscientes que las cifras aportadas por Inés Rojas “son un intento de intoxicación informativa”.

En su opinión sólo existen dos explicaciones para este comportamiento, por un lado que la consejera desconozca el ámbito de sus competencias o bien, “y esto sería peor”, que tenga la manifiesta intención de abandonar estas políticas a lo largo de la presente legislatura.

Ante esta huida hacia delante, Quevedo indica que lo que corresponde es que el Gobierno asuma definitivamente sus responsabilidades porque los cabildos no tienen competencias. Este es el motivo por el que el Cabildo de Gran Canaria se ha solidarizado con los ayuntamientos de la isla.

Exigen además que el gobierno cumpla con el mandato del Parlamento canario de elaborar a lo largo del año 2007 un plan plurianual de integración de todas las políticas sociales y sociosanitarias y adaptarlas a la Ley de Dependencia, tal como han suscrito 14 municipios grancanarios tras una reunión celebrada esta semana con el Cabildo.

Este acuerdo ha sido remitido por el Cabildo de Gran Canaria a las consejerías de servicios sociales de los demás cabildos insulares, a la presidencia de la FECAM y a la propia consejera de Bienestar Social.

Quevedo insta a la consejera a despolitizar estas cuestiones sensibles y a que centre sus energías en actuar sobre los problemas que de verdad afectan a las personas que más sufren de nuestra comunidad porque lo que no van consentir Cabildo y ayuntamientos de grancanaria, es que los servicios sociales y sociosanitarios entren en quiebra “que es lo que va a ocurrir si el Gobierno no asume de una vez sus responsabilidades financieras en esta materia”.