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¿Qué respuesta se da a las mujeres maltratadas en la isla de Gran Canaria? Imprimir E-Mail
martes, 18 de septiembre de 2012

RED “FEMINISTAS DE GRAN CANARIA”

ImageAMPARO, 66 años. Funcionaria jubilada. Separada recientemente tras 38 años de matrimonio. Una hija y un hijo. Desde el inicio del matrimonio, su marido le repite:  "No sé cómo pudiste sacar tu plaza, con lo ignorante que eres", "No hay ninguna comida que te salga decente, a ver cuando te pones a hacer un curso de cocina en vez de esos que haces", "Eres un desastre con las cosas de tus hijos, los chiquillos nunca encuentran nada".

Además, él nunca colaboró en la crianza y educación de su hijo e hija, ni en las tareas domésticas; nunca valoró su trabajo ni su dedicación día a día.
 
Amparo empieza a sentirse triste, desmotivada, infeliz… Está tan cansada y sin energía, que su médica de cabecera le da la baja laboral y la remite a un Centro de Información para Mujeres. Allí, Amparo toma conciencia de que ha estado sufriendo maltrato psicológico durante años y se da cuenta, además, de las consecuencias de este entorno de maltrato en su hija e hijo.

Decide separarse para intentar recuperar su vida, sintiendo que al menos la tranquilidad, el día a día sin insultos y humillaciones, pueden devolverle algo de felicidad para la última etapa de su vida. No obstante ella, que no se planteó antes romper el matrimonio por el bienestar de su hijo y de su hija, se encuentra ahora que ellos la rechazan y creen que debería mantener el matrimonio porque su padre es mayor y se puede encontrar solo en la vejez.

A pesar de la falta de apoyo familiar y de sus propios miedos, Amparo ha hecho la apuesta de su vida. Continúa en tratamiento psicológico. No quiere que la vuelvan a tratar mal y quiere ser capaz de darse cuenta cuando esto ocurra.

MARTA, 33 años. Licenciada en Historia. 10 años de convivencia. Un hijo en común.
Marta y su pareja se conocen estudiando la carrera. Cuando ambos terminan la Universidad, empiezan a vivir juntos. Ella trabaja primero de camarera y después como administrativa mientras él se prepara unas oposiciones. A los tres años de iniciar la convivencia tienen un hijo.
Desde que tienen el niño, empiezan a darse problemas en la pareja. Por un lado, él no la ayuda en los cuidados del niño, se niega para que ella no acuda a cursos de formación que requiere en su trabajo como administrativa alegando que es más importante que él estudie las oposiciones. Por otro lado, la insulta, corrige y recrimina constantemente y comienza a agredirla físicamente cuando tienen discusiones fuertes: la abofetea, empuja, zarandea, agarra con fuerza…
Cuando él aprueba las oposiciones, insiste en que Marta deje su trabajo de administrativa. Ella termina haciéndolo porque está muy sobrecargada ante la falta total de apoyo e implicación de su pareja con el niño y la casa.
Él empieza a mostrarse muy celoso, pretendiendo que Marta esté siempre en casa. Las discusiones aumentan llegando a tener una, tan fuerte, que la policía se presenta en el domicilio (probablemente alertada por la vecindad). Marta no se atreve a denunciar en ese momento, pero se decide a marcharse a casa de su madre.
A la semana él se presenta muy violento en casa de la madre y Marta decide denunciar. En el juzgado archivan la denuncia sin celebrarse juicio, por lo que busca asesoramiento en un Servicio de Información a Mujeres en situación de violencia de género para tramitar la guarda y custodia de su hijo. Dos años tarda en finalizar el proceso por los obstáculos que pone su expareja, quien ahora quiere quedarse con el niño.
Marta cree que por fin ha aprendido que “Quien bien te quiere, nunca te hará llorar”.


Éstas son sólo dos historias, dos vidas, entre las muchas mujeres cuya realidad en Gran Canaria está marcada por la violencia de género; su vida y la de sus hijas e hijos que crecen en un entorno violento.

Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las mujeres en situación de violencia de género tienen derecho a la información y asistencia social integral, así como a la protección y a la asistencia jurídica gratuita (entre otras cosas).
Según la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, se creará (y mantendrá en el tiempo) un Sistema Canario Integral de Prevención y Protección de las mujeres contra la violencia de género.
Según el Decreto 113/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de servicios sociales especializados a personas mayores, minusválidos y mujeres, los Cabildos insulares son los responsables de la atención a mujeres en situación de violencia de género.

No obstante todo esto, en Gran Canaria, a 1 de enero de 2012, ante la falta de información sobre el convenio interinstitucional para los servicios de especializados en violencia de género para el presente año, cuatro Ayuntamientos prescinden de los equipos profesionales de atención a la violencia de género, ocho los reducen dejando servicios mínimos y nueve los mantiene.

Esto supone que, en la isla de Gran Canaria, más del 50% de los municipios ha visto reducida a la mínima expresión la atención a la violencia de género en el primer semestre de 2012 y es ahora, en el último cuatrimestre del año, cuando empiezan a reanudarla en función de las negociaciones con el Cabildo de Gran Canaria, teniendo nuevamente fecha de cierre a 31 de diciembre"


Desde la RED “Feministas de Gran Canaria” PREGUNTAMOS al Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria:
•    ¿Cómo planifica el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria sus políticas sobre violencia de género?
•    ¿Cómo es posible que, desde 2010, cada año se cierren los servicios a 31 de diciembre quedando a la espera de la firma de los nuevos convenios anuales a lo largo del año?
•    ¿Cómo es posible que se tarde más de 6 meses en firmar esos nuevos convenios y que la atención a mujeres en situación de violencia de género y sus hijas e hijos esté sin suficientes profesionales ni recursos durante más de 6 meses en el año?
•    ¿Qué se ha hecho con el dinero para violencia de género, una partida presupuestaria de 4.080.525 euros (2.111.475 euros del Instituto Canario de Igualdad y 1.969.050 del Cabildo de Gran Canaria) aprobada desde enero de 2012 y que a fecha de septiembre de 2012 aún no se ha entregado a las entidades que van a gestionar los servicios de atención a la violencia de  género: Ayuntamientos y ONGs?
•    ¿Cómo puede la Administración Pública obviar sus responsabilidades e incumplir las leyes que ella misma ha aprobado sin que esto tenga ninguna repercusión y con total impunidad?
•    ¿A quién o quiénes les importa realmente lo que les ocurre a las mujeres en situación de violencia de género y a sus hijas e hijos?

Porque la violencia de género es una realidad diaria en Gran Canaria que afecta a una gran parte de la población; porque las mujeres en situación de violencia de género y sus hijas e hijos son ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho; EXIGIMOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES CON UNA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ADECUADAS QUE PERMITAN SERVICIOS ESTABLES Y DE CALIDAD.
 
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