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Una familia desalojada por las obras del barranco de Santos se queda sin vivienda social Imprimir E-Mail
sábado, 18 de agosto de 2012

Urbanismo comprobó que eran propietarios de otra casa y por lo tanto ahora sólo pueden recibir una indemnización

Noé Ramón

ImageUna familia que tenía en propiedad una casa situada en los terrenos por donde el Ayuntamiento de Santa Cruz construyó la III fase de vía arterial del Barranco de Santos se ha quedado sin la vivienda social que se les había otorgado como compensación.
El nuevo inmueble se iba a construir en la calle Plácido Sansón y no podrá ser ocupado por sus inquilinos después de un largo proceso administrativo y judicial. 
 
La Gerencia de Urbanismo considera que estos vecinos incumplieron las normas que permiten entregar una vivienda social a aquellas personas que hayan sido expropiadas al demostrarse que eran propietarias de otra casa. Por esta razón ahora el Ayuntamiento tan sólo está dispuesto ahora a compensarles económicamente con una indemnización pero les retira la propiedad del inmueble. Sin embargo, esos vecinos no parecen estar muy de acuerdo con la decisión municipal y han recurrido a todas las instancias pero sin éxito para hacer valer su punto de vista. El Juzgado de lo contencioso administrativo llegó a darle la razón a los expropiados pero tan sólo, según la Gerencia de Urbanismo, en que había caducado el proceso de revisión de oficio del expediente pero no en el fondo de sus pretensiones.
 
El Ayuntamiento de Santa Cruz llegó a invertir 1,5 millones de euros en el proceso de ejecución de las 14 expropiaciones que era necesario acometer en la tercera fase en la que se situaban los terrenos de estos propietarios. En 2006 el entonces concejal de Urbanismo Manuel Parejo, anunció que las negociaciones con la totalidad de los afectados "han sido en algunos casos muy duras" y algunos optaron por recibir una indemnización y otros unas viviendas sociales, siguiendo los criterios que se marcaron tras las lluvias torrenciales del 31 de marzo de 2002. En esta cifra estaba incluida el precio del terreno, el alquiler y la mudanza de las familias que lo precisaran, los pisos para ser realojadas y las indemnizaciones acordadas. En esta fase nueve vecinos optaron por recibir una casa en la misma zona y el resto una compensación económica.
 
El proceso expropiatorio no resultó nada sencillo. Hace dos años el Tribunal Supremo (TS) anuló todo un bloque de ocupaciones que se ubicaban debajo del puente Zurita y obligó al Ayuntamiento a pagar 3,5 millones de euros casi el triple de lo ya inicialmente abonado. Otro grupo no tuvo tanta suerte ya que hace escasas fechas el TS no aceptó tramitar el recurso al considerar que la totalidad de las parcelas agrupadas no sumaban la cantidad mínima que requiere este Tribunal para estudiar el caso.

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