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Nueva Canarias denuncia que el PP en el Cabildo premia el transfuguismo y la traición Imprimir E-Mail
martes, 31 de julio de 2012

Bravo de Laguna dijo que gobernaría con 12 consejeros liberados, sin embargo, la incorporación de Hernández Lobo suma el número 16 con sueldo público

ImageSB-Noticias.- Los consejeros de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria denuncian que el Partido Popular y el presidente insular, José Miguel Bravo de Laguna, favorecen y premian la traición y la desconfianza al reforzar su mayoría de gobierno apoyándose en un nuevo tránsfuga, Manuel Hernández Lobo.

No hay constancia en la Junta Electoral de que se haya roto la coalición que llevó al CCN de la mano de CC en las pasadas elecciones al Cabildo de Gran Canaria, por lo que el vicepresidente del Cabildo, Juan Domínguez, y ahora Hernández Lobo, son tránsfugas que forman parte de un gobierno fruto de decisiones políticas fundamentadas en intereses partidistas y que no responde a las necesidades ciudadanas.

La organización nacionalista se muestra muy crítica con el Partido Popular ya que está permitiendo que el CCN alcance unas cuotas de poder que no le han otorgado las urnas y “lo hacen con recursos del Cabildo”. En este sentido denuncian la recuperación de la figura del presidente ejecutivo de Infecar, plaza que había sido eliminada, para contentar al CCN buscándole un destino político y laboral a su fundador, Lorenzo Olarte.

Nueva Canarias subraya que el PP está incumpliendo de forma flagrante uno de sus máximos compromisos electorales, por lo menos uno de los que repitió José Miguel Bravo de Laguna hasta la saciedad, la de no superar el número de 12 consejeros de gobierno liberados. “Ya van por dieciséis (16), y encima fomentando el transfuguismo político para mantenerse en la poltrona”, añadió Inés Jiménez.

Hernández Lobo suma el consejero 16 con sueldo público, lo que supone un incremento de los gastos que contradice de forma evidente lo que fue su línea argumental durante las pasadas elecciones y su propio programa electoral y de gobierno. Un incumplimiento flagrante al que ya tienen acostumbrados a los ciudadanos, tanto en Gran Canaria, como en Las Palmas de Gran Canaria y en el conjunto del Estado.
 
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