Entrevista a José Manuel Rivero.

SB-Noticias.- José Manuel Rivero, abogado y miembro de la Asociación Justicia y Sociedad, exige que se aclare la disparidad de datos aportados por los registros de muestras de ADN tomadas a las víctimas de agresiones sexuales existentes entre el Instituto de Medicina Legal y el Hospital Materno Infantil. Y es que, mientras en el primero consta que se pueden llegar a registrar entre 20 y 30 muestras de ADN, en los registros del Hospital Materno Infantil sólo se habla de una al mes.

Según José Manuel Rivero, la simple contradicción en los datos aportados por estos organismos públicos, que en definitiva son los encargados para remitir al órgano judicial las muestras o pruebas tomadas, merece ya de por sí la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

“Esta disparidad de datos se tiene que aclarar”, afirma el abogado, quien recuerda que las mujeres afectadas tienen que ser amparadas con todos los instrumentos que la administración pública posee, más aún si se tiene en cuenta la ley de protección integral de la mujer contra la violencia de género.

Advierte Rivero que contradicciones como ésta, ante hechos tan graves, “conducen a la impunidad de estos execrables delitos”.

Esta nueva denuncia se viene a unir a la presentada el pasado mes de febrero por Justicia y Sociedad    ante el Fiscal General del Estado, con la que ponían en conocimiento de éste la posible omisión en la persecución de delitos de carácter sexual, a raíz de unas declaraciones del jefe de genética del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, José Pestano, en las que afirmaba que se guardan más de 400 muestras de ADN que no se pueden analizar pues no existe denuncia del agraviado.

Estas muestras se guardan a la espera de servir como prueba incriminatoria de la autoría del delito. Muchas de las víctimas de agresión sexual no formalizan denuncia, quedando tan sólo como prueba de la agresión las muestras tomadas a las mismas. Pero la toma de las mismas pierde su razón de ser cuando, al hacerse la petición para su análisis para contrastarlo con otras muestras y patrones que conduzcan hasta la detención del autor, éste no es autorizado pues así lo impide el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Cuenta el abogado que la Fiscalía ya ha rectificado “tamaña aberración jurídica”, admitiendo como denuncia la manifestación verbal de haber sido objeto de una agresión sexual ante el mismo médico que toma las muestras, considerado éste como funcionario público, en este caso de la sanidad.

Explica José Manuel Rivero que la denuncia no necesita mayores requisitos que la manifestación, verbal o escrita, ante una autoridad o funcionario, y que a partir de entonces se produce la obligación de investigar y aclarar “hasta las últimas consecuencias” delitos tan graves como este.