Mediante un decreto, el Presidente del Gobierno de Canarias creó en mayo de 2004 el Comité Asesor para elaborar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, texto que elevó el Gobierno Canario al Parlamento para su tramitación.

Este Comité, presidido por José Miguel Ruano (actual Consejero de la Presidencia), estuvo constituido por Rafael Fernández Valverde (Magistrado del Tribunal Supremo), Francisca Jesús Sarmiento Peña
(Viceconsejera de Administración Pública), Sonia Mauricio Subirana (Profesora Titular de Derecho Financiero de la ULPGC), José Adrián García Rojas (Profesor Titular de la Escuela Universitaria de Ciencia Política de la ULL), Julio Pérez Hernández (Abogado y Profesor de Derecho Mercantil de la ULL), Fernando Ríos Rull (Profesor de Derecho Político de la ULL), Ignacio Díaz de Aguilar Cantero (Abogado) y José Javier Torres (Secretario del Comité Asesor y Jefe del Servicio de Estudios y Documentación de la Presidencia del Gobierno de Canarias).

Según el Comité, con esta Reforma se pretendía profundizar en el autogobierno mediante la introducción en el Estatuto de las singularidades políticas, culturales y económico-fiscales de Canarias, junto con los problemas derivados de la fragmentación y la lejanía de las islas.

Entre los cambios más significativos que se abordaron, figura la Ley Electoral, el control de las aguas canarias, actualización del Régimen Económico y Fiscal-REF, la inserción de Canarias en el Estado y en Europa...

El Partido Socialista, que había puesto en marcha paralelamente un Foro para la Reforma del Estatuto, presidido por el ex-Presidente del Gobierno Canario Jerónimo Saavedra, se incorporó a este Comité Asesor, una vez se accedió a abordar la reforma de la Ley Electoral, principal escollo por el que se había mantenido al margen el PSOE y por el que aún hoy no hay entendimiento.

En 2005 el socialista Ex-Fiscal General del Estado Eligio Hernández afirmaba rotundamente en la Sala San Borondón que el actual sistema electoral de Canarias es anticonstitucional y antiestatutario. Por ello se precisa una reforma del Estatuto que propicie la existencia de una circunscripción regional por encima de las insulares. Hernández se definió partidario de una circunscripción regional única: “este sistema reforzaría la cohesión regional entre las fuerzas políticas, aunque reconozco que posiblemente las islas menores no lo aceptarían nunca ya que supone un claro retroceso respecto a su posición actual. Precisamente la ausencia de una lista regional hace que, por ejemplo el voto de un ciudadano de El Hierro equivale al de 18 personas en Gran Canaria.

El actual sistema electoral canario data de 1982, aprobado entonces con marcada provisionalidad. Esencialmente esta Ley designa a la isla como circunscripción electoral y los porcentajes mínimos de votos para la adjudicación de los escaños a los partidos políticos, que deben obtener alguno de estos resultados: el 30% de los sufragios válidos emitidos en la isla donde se presenten; el 6% del conjunto de la región; o ser la lista más votada en su circunscripción, al margen del número de votos cosechado.