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Ley Canaria de Salud Pública con una sanidad sostenible Imprimir E-Mail
martes, 10 de julio de 2012

Arturo Borges Álamo, miembro del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública

ImageEn primer lugar, hay que insistir en que la mayor amenaza evitable a la sostenibilidad de nuestra Sanidad Pública es la enorme deuda derivada del carácter de suculento negocio que es aquella para la industria farmacéutica y las empresas de tecnología sanitaria.

Estas participan en el diseño de los recortes en sanidad a la población y para que la deuda recaiga sobre la ciudadanía mediante el repago, y a su vez se sigan destinado ingentes cantidades de dinero a incrementar la factura farmacéutica “agilizando la entrada de nuevos medicamentos”, así como para que continúe la incorporación de tecnologías realmente innecesarias.
 
Frente a ello es imprescindible revertir el desorbitado gasto farmacéutico y tecnológico, muy superior al de los países de nuestro entorno, aplicando medidas encaminadas a disminuir el consumo y uso innecesario y los consiguientes efectos adversos de los fármacos y tecnologías que constituyen uno de los principales problemas de salud.
 
Además, debemos volver a señalar que las intervenciones del sistema sanitario, cuando no son dañinas, en una muy considerable proporción son parches o paños calientes. Por ello es necesario abordar las causas o determinantes del enfermar, generalmente sociales, como son las condiciones de vida y trabajo. Y también la causa última, la causa de esas causas, un sistema capitalista que acentúa su carácter salvaje empeorando notablemente la salud de la población. De otra forma, no podremos evitar ni la enfermedad ni la medicalización de la vida cotidiana, con el consiguiente incremento de la carga asistencial y encarecimiento de una sanidad parasitada por los mencionadas intereses industriales.

Por eso estamos convencidos de que podrá ser la prevención, mediante políticas intersectoriales saludables que actúen sobre las condiciones de vida y trabajo, la que permita un cambio del modelo de atención a la salud, desde el predominio actual de la medicina asistencial a un modelo preventivo de salud pública, que, entre otras cosas, podrá ser mucho menos costoso monetariamente y con muchos menos efectos adversos para la salud.

En este sentido, es fundamental el desarrollo de la Ley General de Salud Pública (LGSP) que entró en vigor el 6 de octubre de 2011, en el Estado, y particularmente en Canarias aprovechando la ILP para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública, como coincidieron en decir todos los grupos del Parlamento de Canarias el 7 de marzo de 2012 con ocasión del pleno de toma en consideración, pudiendo contribuir a reafirmar la sostenibilidad de la asistencia sanitaria pública, en el contexto actual de crisis económica y como muro de contención y alternativa, en Canarias, a la contrarreforma sanitaria puesta en marcha por el PP.

Por tanto se trata de hacer una apuesta de índole salubrista, así como, con la profundización en el impulso de participación social que ha representado nuestra ILP, a favor de la más amplia participación ciudadana en la plasmación de un desarrollo de la LGSP en Canarias, una Ley Canaria de Salud Pública, dotándonos de un instrumento con el que se podría dar un paso de gigante en la mejora de la situación de salud de nuestra población y por tanto también hacia unos servicios de salud que en correspondencia tengan una mayor racionalidad desde el punto de vista del gasto sanitario, al evitar determinados gastos y garantizar la inversión en los recursos necesarios.

La aplicación del modelo de los determinantes sociales de las desigualdades en salud a la planificación de las actuaciones de las administraciones públicas abre nuevas perspectivas de futuro para la mejora de la salud poblacional. Permite una mejor comprensión de los factores que tienen impacto en la salud, y en consecuencia, la elaboración de estrategias apropiadas para lograr decisiones políticas más saludables y justas. Este modelo, además, favorece que los sectores no sanitarios, económicos, laborales, sociales, culturales, educativos, ambientales, etc., puedan tomar conciencia de su responsabilidad en la salud de la población, y los pone ante la obligación de asumirla, impidiendo que las consecuencias de no hacerlo, en forma de enfermedad, terminen en el ámbito sanitario. Es decir, modelo preventivo, de salud pública, para mejorar la salud reduciendo la carga asistencial y por tanto a favor de la sostenibilidad de los servicios sanitarios y todo eso consagrado en una ley.
 
Esta debería ser la clara prioridad para los grupos del Parlamento de Canarias, salvo que se quiera garantizar "el negocio de la salud" a los mencionados intereses industriales y además a las compañías aseguradoras que con el deterioro que se ha venido produciendo desde hace años y ahora la contrarreforma sanitaria de Rajoy, si no lo impedimos, van a romper la sanidad pública y a convertir nuestra salud, plenamente, en mercancía para el lucro privado.

Con estas exigencias permaneceremos vigilantes y dispuestos a movilizarnos ante las tareas, aún pendientes, para la tramitación de la ILP y su posible y necesaria conversión en Ley Canaria de Salud Pública.
 
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