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Las "Paulinas" en la sanidad pública Imprimir E-Mail
miércoles, 27 de junio de 2012

Carlos García

ImageDesde el pasado mes de Enero el Gobierno de Canarias (CC-PSOE) impuso una ampliación de jornada a los empleados públicos sanitarios; se amplió el horario laboral hasta 37,5 horas semanales y, por tanto, se realizan horas de trabajo añadidas que los trabajadores han denominado, para identificarlas, como “horas paulinas”, en honor al Presidente Rivero, aunque también podía haberlas nombrado como “miguelinas”, por José Miguel Pérez, o “espínolas”, por Francisco González Espínola, también responsables de todo lo que se nos impone desde nuestro gobierno.


El pueblo, que es muy sabio, define a las cosas en sus justos términos, quitándole hierro e interpretando las situaciones con un  tono de socarronería y cierto humor negro  para impedir  que les afecte sobremanera, a pesar de que estos hechos son muy serios e importantes y condicionen y produzcan resultados nefastos y adversos.

Esta obligatoriedad en el aumento de jornada laboral  ha traído consecuencias de todo tipo por la manera de implantación en los distintos centros sanitarios de la comunidad canaria. Porque en cada uno de los centros, hospitales o ambulatorios  se ha puesto en marcha de forma diferente, con criterios arbitrarios y abusivos por parte de los gerentes y directores que han finalizado con distintas denuncias ante organismos y la justicia.

En el Hospital Universitario de Canarias, por ejemplo, el próximo día 9 de Julio tendrá lugar un juicio ante el Juzgado de lo Social, por denuncia interpuesta por Intersindical Canaria, ante esta irracional puesta en marcha de las horas paulinas.

Y es que tras la aplicación de medidas fiscales y administrativas tomadas por el Gobierno de Canarias  se encuentran tantas dudas legales, que la propia Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno ha puesto de manifiesto, igual el  Consejo Consultivo de Canarias, advirtiendo que su aplicación dará lugar a reclamaciones, denuncias y toda clase de impugnaciones ante los agravios y atropellos que nuestros políticos gobernantes cometen contra los empleados públicos. Argumentan que se tratan de informes jurídicos no vinculantes y por ello no les hacen caso y lo llevan al Parlamento donde, aplican el rodillo de su mayoría de votos y sacan adelante temas que van a serles cuestionados más adelante. Si no les hacen caso a sus propios servicios jurídicos ¿para que los tienen?

Y es que están empeñados, siempre, en atacar a este estamento laboral para poder enjugar sus déficits, sus precariedades presupuestarias, sus erróneas aplicaciones sin mirar hacia otro lado para lograr algún cambio en lo que pretenden.
Estos ajustes económicos no tienen otro objetivo que seguir favoreciendo a los “mercados” y grupos financieros y creen poder conseguirlo eliminando y recortando derechos laborales antes nunca conocidos. Y de paso sacrifican servicios básicos ciudadanos, como el de la salud; eso sí, manteniendo privilegios personales y servicios no necesarios como la policía y televisión autonómicas, con sus sueldos y prerrogativas políticas, que, para poder mantenerlas, piden sacrificios y arrimar el hombro de los trabajadores públicos con la realización de horas paulinas.
Mientras el Gobierno Canario quiere comprar edificios para seguir aumentando la infraestructura administrativa, ya de por sí hipertrofiada, con un gasto de más de 44 millones de euros. Y sigue destinando 3,2 millones de euros al pago de asesores externos, enchufados a dedo, para “asistencia técnica y pública al Presidente o al Vicepresidente” y financian a empresas públicas que todos saben deficitarias. Y la Consejera de Sanidad, con la boca chica, se declara “insumisa” contra el copago y las políticas de recortes del PP (también para echarles de comer aparte). Y aquí cierran quirófanos, suspenden consultas, alargan las listas de espera, dejan sin empleo a centenares de empleados sanitarios, jubilan a los trabajadores, etc. etc.

Nada acerca de realizar una prestación sanitaria de calidad y, menos, de ofrecer a sus trabajadores una conciliación de vida familiar y laboral. No hay respuestas homogéneas e igualitarias en los centros sanitarios con gran arbitrariedad en la aplicación de las medidas que vulneran aspectos constitucionales y atentan contra la seguridad jurídica. Parece pretender solo un escarnio público contra los trabajadores de la sanidad  a los que se les rebaja sueldos, pagas extras, derechos, se les anula convenios, para así distraer a la sociedad canaria, a esa que tiene los salarios más bajos del estado, de sus desmanes y abusos políticos. Y mientras, con lo que está cayendo, el Consejero de Presidencia nos habla de “buena gobernanza y ética pública”. ¡Ay PSC¡, quién te ha visto y quién te ve. ¡Váyanse por ahí todos…¡

Pues nada; nos veremos en los juzgados con las paulinas y con los recortes…..
 
 
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