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Aplicaciones políticas de la reforma laboral Imprimir E-Mail
sábado, 16 de junio de 2012

EL  RINCÓN  DEL  BONZO. Carlos Castañosa

ImageLa reforma laboral, todavía sin completar y propensa al despido libre, podría resultar beneficiosa para el grueso de la población si se aplicase a todos los ámbitos sociales, incluido el político. Conscientes de que la clase política forma una casta aparte y perfectamente diferenciada del resto de la población, sería una solución racional integrarla en la sociedad civil mediante la aplicación directa de la normativa laboral afecta al resto de ciudadanos.

La figura del “despido libre”, aspiración de la CEOE, sería el método idóneo para depurar y racionalizar tanto la entidad profesional de cada político como la masiva profusión de “servidores del pueblo” que tiene sumido a este país en un gasto público demoledor.

Habida cuenta de que los cargos públicos son contratados en la urnas - con dinero del pueblo - a partir de un currículum que presentan en formato de promesas electorales, si una vez instalados en la correspondiente poltrona, se descubre que alguno mintió en su carta de presentación, o demuestra su incapacidad funcional para desarrollar el servicio para el que fue seleccionado, el empresario-pueblo debería gozar del derecho a quitárselo de un plumazo. Pero ojo, en las mismas condiciones que cualquier trabajador despedido procedentemente. Es decir, sin indemnización millonaria, recolocación privilegiada  ni suntuosas pensiones vitalicias.

Si repasamos nuestro alrededor, leemos y analizamos noticias de portada en las secciones de economía y/o política, o escuchamos con atención los informativos audiovisuales, nos percataremos de que estamos manejados por una mayoría de ineptos que fracasan en su gestión de supuesto “servicio” porque priorizan su interés político; unas veces con el apoyo de su deficiente formación previa,  y otras por unas condiciones humanísticas incompatibles con la responsabilidad que se les asignó en el contrato laboral; el que firmaron tras unas elecciones en las que se les seleccionó como “aptos”, equivocadamente porque habían sorprendido  la buena fe del votante.

El primer indicio de fracaso funcional debería ser motivo de despido fulminante y procedente, pues si demuestra su incapacidad al no resolver determinado problema puntual, por correlación tampoco estará capacitado para resolver otros de mayor entidad.

Esta maniobra de depuración presenta grandes ventajas:

- La más importante; se reduciría el bochornoso porcentaje – un político cada 100  habitantes – a niveles de los países civilizados de nuestro entorno.

Quedaría un reducido número de dirigentes válidos y capacitados para cumplir con su misión prioritaria, cual es “servir al pueblo”.

Se erradicaría el argumento despótico que trata de tontos a los ciudadanos: “Si ustedes me votaron, y volvieron a votarme, por algo será… Y aquí me quedo hasta que acabe la legislatura”

Sería el momento de reformar una ley electoral que está destrozando el presente y futuro de este maltratado Estado de Derecho.

Quizá, ante el desprendimiento rocoso que nos amenaza, sería hora de radicalizar medidas de emergencia como la aquí propuesta.

Por cierto, los jueces también son trabajadores por cuenta ajena. La nuestra. ¿No sería conveniente incluirlos en el mismo contexto laboral? No parece petición viciosa ante los últimos acontecimientos…

 
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