SB-Noticias.- El  Secretario Regional de Administración Local y Empresas Públicas del sindicato SEPCA y miembro interdepartamental de Prevención del Gobierno de Canarias, Adolfo Sánchez Barbudo, afirma que tras la contratación de los equipos para el control de los horarios de los funcionarios mediante huella digital “algo huele mal”. El próximo viernes tendrá lugar una reunión con la secretaria general técnica, a petición del comité de empresa de la Consejería de Presidencia.

Hasta que se conozca el resultado y conclusiones de dicha reunión, a partir del próximo lunes los funcionarios de Presidencia no deberán hacer uso del control mediante huella digital, sino usar el tradicional método de tarjetas.

El pasado día 23 de abril se produjo una reunión de la Mesa General de la Función Pública, máximo órgano de negociación del sector, en la que se encuentran representados todos los sindicatos y que Sánchez Barbudo califica como “tomadura de pelo a los trabajadores”. Explica que tras más de dos horas a lo largo de las cuales se expusieron los argumentos que esgrime SEPCA en su posicionamiento contrario a estos aparatos, los representantes públicos deciden simplemente seguir adelante con el polémico sistema.

“Fue un paripé... Nos dejamos el pellejo exponiendo nuestras razones, y ellos con cara de palo aguantando el chorreo...”, comenta Sánchez, quien entiende que lo que tuvo lugar el pasado día 23 en absoluto se puede calificar como negociación. Destaca además que, a pesar de que en la reunión se afirmó que el pliego de condiciones de la contratación del material aún no se había realizado, y que éste saldría en unas semanas, al día siguiente este se encontraba publicado en Internet, tal y como descubría el representante sindical. Además, asegura que tan sólo un día después, la publicación de dicho pliego fue retirada de la red.

Según cuenta Sánchez Barbudo, de la misma reunión se desprendió que, en caso de verse satisfechas las reivindicaciones de los funcionarios de Presidencia, el sistema, instalado el pasado enero, sería simplemente sustituido por otro. “A lo mejor tenemos la suerte de que se le compra a la misma empresa...”, comenta el de SEPCA.

Señala además que en la implantación del sistema se incumplen los acuerdos anteriores, según los cuales éste iba dirigido a todos los funcionarios públicos, mientra que ahora parecen que quedan exentos de la imposición de esta medida los de sanidad, educación y justicia. “Ya empiezan discriminando...El resto de los trabajadores somos personas de las que se desconfía; de los otros se ve que no y a esos no le van a poner el sistemita de las narices”, sentencia Adolfo Sánchez Barbudo.