La repatriación de un inmigrante que se encuentre en situación irregular por parte de uno de los socios de la UE tendrá consecuencias a nivel europeo puesto que se le prohibirá la “entrada y permanencia en el territorio de todos los Estados miembros”, según el proyecto de directiva de retorno que mañana abordan los Veintisiete y que aún no ha sido aprobada. Los nacionales de terceros países que se encuentren de forma irregular en cualquier socio comunitario y sean el objeto de un procedimiento de devolución podrían tener prohibida su entrada y permanencia en todos los países de la Unión Europea (UE) durante un periodo máximo de cinco años, según propone el proyecto de directiva de retorno al que ha tenido acceso ACN Press que mañana abordarán los Veintisiete a nivel del Comité de Representantes Permanentes (Coreper).
La directiva de retorno, que aún no ha sido formalmente adoptada, “establece un paquete horizontal de reglas, aplicable a todos los nacionales de terceros países” en situación de irregularidad, es decir, “que no cumplen, o han dejado de cumplir, las condiciones de entrada, permanencia o residencia en un Estado Miembro”.
El objetivo de la misma es dotar a la UE de unas “reglas” mínimas “comunes” en cuanto a la decisión de “retorno, la devolución, el uso de medidas coercitivas, la detención y la prohibición de entradas”.
LA PROHIBICIÓN DE ENTRADA
El borrador de esta directiva indica que las “medidas nacionales de retorno” tendrá efectos de una “dimensión europea mediante el establecimiento de una prohibición de entrada y de permanencia en el territorio de todos los Estados miembros”.
Esta prohibición de acceso al club europeo acompañará, según expresa el texto, a los procedimientos de devolución cuando el inmigrante no acepte volver voluntariamente (para lo cual hay un plazo estipulado de entre 7 y 13 días) o no se cumpla la obligación de retorno.
El periodo de prohibición de entrada a la UE para el ciudadano extranjero que ha sido devuelto “será determinado teniendo en cuenta las circunstancias relevantes de cada caso individual” aunque “normalmente no debería exceder los cinco años”.
Este plazo puede prolongarse en el caso de que la persona afectada “represente un serio problema” para la “seguridad pública o nacional”, según el artículo 9 del proyecto de directiva.
Asimismo, el borrador de las reglas comunes europeas señala que los socios europeos “deben tener un acceso rápido a la información sobre la prohibición de entrada” de un ciudadano extranjero que ha sido repatriado a través del “Sistema de Información Schengen de segunda generación” (SISII).
El proyecto de directiva para el retorno fue consesuado por el trílogo interinstitucional –Consejo, Eurocámara y Comisión Europea- el pasado 23 de abril, pero aún no ha sido adoptado formalmente.
En el seno de la Eurocámara el texto cuenta con el respaldo de los grupos popular y liberal (PPE y ALDE), que conjuntamente forman mayoría, pero con la opsición de, al menos, los socialistas franceses y de la Izquierda Unitaria Europea. |
