Manuel Marrero Morales.-

Desde febrero del 2007, a propuesta de CC.OO en Tenerife, que contaba con el acuerdo previo con ANPE e INSUCAN, se convocó a todos los sindicatos que se habían presentado a las elecciones sindicales de los meses anteriores, STEC-IC, UGT, EA-C y UCPL. Estaban presentes también aquellos que no habían obtenido representación alguna en la enseñanza, CSIF, SEPCA y OCESP. Y faltaba la CNT, que se había presentado en Las Palmas.

Tantas siglas sindicales juntas daban sensación de fuerza y unidad, pero con una gran debilidad en la práctica, debido a la dificultad para llegar a acuerdos. La existencia de algunos personalismos y las inveteradas costumbres de prácticas de sindicalismo de gestoría y ‘conseguidor’, que en los últimos años de retroceso sindical han proliferado, dificultaban los acuerdos y han propiciado que algunos sectores menos comprometidos esperen sentados en casa a que las conquistas se las hagan otros.

A pesar de todo ello, la unidad sindical fue posible, en torno a una plataforma reivindicativa, sobre homologación sin contrapartidas con el resto del funcionariado canario y con una tabla de exigencias salariales, todo ello enmarcado en que habría un referéndum cuando se llegara a algún acuerdo. Y el profesorado valoró de forma muy positiva esta unidad y el contenido reivindicativo propuesto. Y participó masivamente en las movilizaciones que se desarrollaron antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo pasado.

Todos los líderes políticos recibieron y mostraron su apoyo al Comité de Huelga de los 10, excepto Coalición Canaria. Incluso el entonces Consejero de Hacienda, José Carlos Mauricio, intentó llegar a un acuerdo, en una pirueta de última hora para arañar unos votos y salir Concejal de Las Palmas de G.C., pero Godoy no lo secundó, porque Ruano así se lo ordenó. Y es que la sombra del Sr. Ruano continúa siendo muy larga sobre las decisiones que se siguen tomando en Educación.

Los tres sindicatos que nos embarcaron a todos en la lucha por la homologación y que contaron con el apoyo de las otras tres siglas, no tuvieron dudas de que el profesorado movilizado iba a aceptar cualquier acuerdo que ellos firmaran y se jactaban, despreciando la inteligencia del profesorado canario, de que con quince días tenían de sobra para llevarse de calle en un referéndum al conjunto del colectivo apoyando su indigna propuesta. Tan convencidos estaban este bloque de los seis y la Consejera, que no dudaron en excluir de la preparación del referéndum al resto, que utilizaron ilegalmente información reservada, de carácter individual, para hacer su campaña, que hicieron gala públicamente de una insensatez rayana en la ignorancia supina, cuando estaban convencidos de que ese referéndum lo iban a ganar, porque de lo contrario, a buen seguro, que jamás lo hubieran convocado.

El NO masivo del 80 por ciento del profesorado el pasado 30 de enero a ese preacuerdo sobre sexenios, a ese atajo que pretendieron tomar los siete (Consejera y seis sindicatos, que desde entonces han unido indefectiblemente sus destinos, como si se hubieran jurado amor eterno…), no les hizo recapacitar y enmendar el error que habían cometido, antes al contrario, se mostraron ‘tristes’ en un primer momento, se escondieron durante un par de meses, sin volver a aparecer en foro público alguno, y de manera flagrante persistieron en el error y en no asumir el compromiso contraído  con el profesorado sobre el resultado del referéndum. Han perdido credibilidad ante el conjunto del profesorado, que con ellos y sin ellos, ha seguido participando en las movilizaciones que el Comité de Huelga de los cuatro, ha seguido convocando. No han querido regresar al Comité de Huelga, al que en múltiples ocasiones, a los tres representantivos, se les ha invitado; eso sí, firmando el mismo preaviso que nos llevó a esta lucha y uniéndose a las movilizaciones para forzar la negociación ante la negativa de la Administración.

El Gobierno de Canarias cuenta con unos inestimables aliados, formando un bloque opositor a las justas reivindicaciones de un profesorado que ha esperado desde el año 1995 a que sus demandas se vean satisfechas. Y han seguido, a escondidas como siempre, negociando. Han optado por dejar pasar el tiempo, porque todos ellos saben que cometerían una ilegalidad si negociaran y acordaran algo referido a la homologación -aunque ninguno de ellos quiera hablar de este concepto- a espaldas del Comité de Huelga. Y porque es evidente que la sangría económica que cada día de huelga, sin perspectivas de llegar a un acuerdo, produce sobre el profesorado, traerá el desánimo y el convencimiento de que con movilizaciones nada se consigue y que hay que apostar por el sindicalismo de gestoría y conseguidor que siempre han representado y que el poder favorece con múltiples prebendas para mantener al sector de forma dócil y servil. Quieren que surja la demanda del más vale pájaro en mano… Pero se han encontrado con la resistencia del colectivo, que sigue unido en torno al Comité de Huelga y que tiene la firme decisión de seguir resistiendo el tiempo que sea necesario.

El profesorado canario, que sigue participando en estas movilizaciones, siempre ha defendido la calidad de la educación; pero no está dispuesto a que el Gobierno y el resto de sectores sociales se eximan de sus responsabilidades y, a cambio de una deuda económica, que nunca se tenía que haber producido, se quiera trasladar toda la responsabildad de la hipotética  mejora de la calidad del sistema educativo y de sus resultados académicos a un profesorado que, durante estos años, ha ido incrementando el número de contrapartidas que asume, sin pedir nada a cambio.

Reiteradamente hemos denunciado las intenciones manifiestas del Presidente del Gobierno Canario de seguir favoreciendo la privatización de la educación en Canarias, hasta alcanzar el 50  por ciento de la oferta, como lo viene haciendo con la sanidad, desviando dinero de todos para el negocio de sus amigos. Y este empecinamiento de Coalición Canaria y el Partido Popular hay que enmarcarlo en esta estrategia de deterioro de lo público en beneficio de lo privado, con la colaboración inestimable de este grupo de profesionales del sindicalismo.

A principios de abril comenzaron a salir a la luz pública algunos componentes del grupo progubernamental, que estaban escondidos en los dos últimos meses, avanzando la posibilidad de un inminente acuerdo del bloque de los siete, intentando imponer por la vía expeditiva de llevar al Boletín Oficial los sexenios rechazados por el profesorado. En consecuencia, el Comité de Huelga, en un gesto de responsabilidad, el pasado 8 de abril, presentó a la Consejería un amplio documento, en que se proponía diferenciar la negociación salarial de la homologación, en un ámbito estrictamente laboral y a corto plazo, y las mejoras del sistema educativo, en un ámbito social y a más largo plazo, donde las partes (Gobierno, profesorado, alumnado, padres y madres y ayuntamientos) adquirieran una serie de compromisos que condujeran a tal fin.

Por tanto, una solución rápida y razonable del conflicto depende tanto del Gobierno Canario como del grupo de sindicalistas que lo apoya incondicionalmente, y a todos ellos habrá que exigirles responsabilidades del deterioro al que pretenden seguir conduciendo al servicio público de la educación. 

Un acuerdo, no cualquier acuerdo, es posible. El profesorado desmoralizado por el trato recibido de su Gobierno, lo reclama. La sociedad canaria, sufridora en última instancia del malestar existente en la educación, lo demanda. ¿A qué siguen esperando, pues, el Sr. Presidente, don Paulino, y el Sr. Soria?

Manuel Marrero Morales, Delegado sindical del STEC-IC y miembro del Comité de Huelga.