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104.000 parados no cobran prestación alguna por desempleo Imprimir E-Mail
domingo, 04 de marzo de 2012

La cifra total de los beneficiarios de la cobertura pública frente al desempleo asciende así en las Islas a 169.954 parados

ImageEl número de parados que no cobra ningún tipo de prestación pública por desempleo alcanza ya en Canarias las 104.029 personas, el 37,96% del total, según datos de enero publicados ayer por el Ministerio de Empleo. Al término de ese mes, en Canarias cobraban la prestación contributiva por desempleo 66.644 personas, 82.176 percibían el subsidio y 21.134 ingresaban la renta activa de inserción.

Sin embargo, enero se cerró con 273.983 desocupados inscritos en las oficinas públicas de empleo, lo que significa que en el Archipiélago hay en estos momentos 104.029 parados que no perciben ni prestación, ni subsidio ni renta activa para paliar su situación.

Las prestaciones por desempleo supusieron en Canarias en enero un desembolso de 127,71 millones de euros, de los que 78,98 millones corresponden a la prestación contributiva, 39,77 millones al subsidio y 8,96 millones a la renta activa de inserción.

La cuantía media de la prestación contributiva en Canarias es de 791,00 euros al mes, 75,40 euros menos que el promedio nacional (866,40 euros mensuales).

Mientras, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, afirmó ayer que en la actualidad el 6% de los canarios vive en exclusión social y el 30% por debajo del umbral de la pobreza. Rojas, en una comparecencia parlamentaria sobre la integración social de las personas beneficiarias de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI), instada por el grupo Nacionalista Canario, señaló que está Ley se elaboró en 2007, cuando todavía no había llegado la crisis económica, y su objetivo era "atajar y prevenir la exclusión social". "Cuando se promulgó la Ley, en Canarias había un 3% de personas en exclusión social, hoy la exclusión social llega al 6%", subrayó la consejera.

La consejera, tras aseverar que esta Ley no estaba pensada para una crisis de tales dimensiones como la actual, indicó que la PCI cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros más otros cinco millones para el pago de las nóminas de sus trabajadores.

"El perfil de la persona que percibe la PCI es el de una mujer que vive sola y que tiene hijos a su cargo; el 90% de los beneficiarios de la prestación son mujeres", añadió.

Rojas sostuvo que la Ley se está desvirtuando ante la actual coyuntura económica, "porque no está pensada para las personas que han sido despedidas y se les ha agotado las prestaciones por desempleo, esa labor es del Gobierno central, está pensada para personas, en su mayoría, repito, mujeres que están excluidas laboral y socialmente".

"La Ley se creó pensando en un periodo de pleno empleo, fue pionera en el Estado español y temíamos su efecto llamada", agregó.

Inés Rojas señaló que la Ley puede tener o no prestación económica y que en todos los casos hay un compromiso de las personas de hacer programas de inserción, "con el fin de rescatarlas de la exclusión social y reasentarlas en la vida social, laboral y escolar".

La consejera explicó que la Ley se aplica durante dos años y que las personas que se acogen a ella, tras realizar los programas de inserción a los que se han comprometido, adquieren cualificaciones y hacen prácticas en empresas y luego se pueden quedar ahí.
 
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