Entre otros motivos los dueños de estas casetas alegaron la inexistencia de informes técnicos y jurídicos que avalaran el derribo de las chabolas situadas en las playas de Punta Larga, la Zamora y El Faro y que estas no se encontraban dentro del dominio público. Una afirmación que según el Alto Tribunal no ha sido respaldada con ningún tipo de prueba documental. Aunque los vecinos admitían que estas edificaciones se levantaron sin licencia, consideraban que esta infracción ya había prescrito.
    

Las sucesivas sentencias, sin embargo, han ratificado que el deslinde aplicado es válido “y plenamente aplicable” y que estas edificaciones se encontraban dentro del mismo. La única posibilidad que les quedaba a estos propietarios era que todas las administraciones certificaran el interés público pero tan sólo el Ayuntamiento de Fuencaliente apoyó esta declaración. Estos vecinos, además, deberán hacer frente a las costas del proceso judicial que ascienden a 1.500 euros.
    

La Dirección General de Costas inició las obras de derribo a finales del pasado año 2007. La intervención del Cabildo, del Ayuntamiento de Fuencaliente y la plataforma Salvar las casetas, así como la movilización social que tuvo lugar por aquellas fechas no hizo cambiar de opinión al organismo estatal. El consistorio tuvo entonces que reconocer la imposibilidad de incluir estos asentamientos dentro del Plan General de Ordenación (PGO) de Fuencaliente.

 

El proceso para recuperar el suelo público se da por prácticamente culminado en este municipio aunque no ocurre lo mismo con Los Llanos de Aridane donde aún hay focos importantes en los que se concentran este tipo de construcciones, alguna de las cuales ha podido demostrar que cuenta con todos los permisos para seguir en el mismo enclave. En la playa de El Faro había incluso un bar que funcionaba desde hace años, además de varias casetas que eran utilizadas como residencia o por los pescadores.