Profesorado del IES Tacoronte – Óscar Domínguez.-

Estimados padres: un cordial saludo.

Una vez más, el profesorado de este centro se dirige a ustedes para hacerles llegar nuestra preocupación porque, después de un año, la Consejería de Educación siga sin proponer una solución razonable al conflicto que mantiene con el profesorado sobre el asunto de la homologación retributiva del personal docente con el resto de funcionarios de igual categoría y titulación.
Ya llevamos varias jornadas de huelga y somos conscientes de que con estas medidas se deteriora el servicio público de la educación. No obstante, a pesar de nuestro ofrecimiento al diálogo y a una solución negociada al conflicto, el Gobierno de Canarias se ha empeñado en querer imponer unilateralmente su posición.

El 30 de enero pasado el profesorado, de forma mayoritaria (un 80%) dijo no a un preacuerdo que había firmado la Consejera de Educación y algunos sindicatos. Pues bien, no sólo han desoído el resultado de dicha consulta, sino que durante este tiempo no han negociado con el Comité de Huelga y han mantenido la misma oferta que el profesorado rechazó. Por eso volvemos a la huelga el martes, 22 y jueves, 24 de abril.

Hace dos semanas, con tiempo suficiente para que esta huelga se pudiera aplazar, se le ofreció a la Consejería un Documento, en el que se ofertaba diálogo y salidas a esta situación. Hemos esperado una respuesta a la oferta que le hicimos y hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Consideramos, por tanto, que parece que el Gobierno Canario esté tal vez interesado en conseguir el deterioro del servicio público educativo; porque, de lo contrario, ya hubiera dado alguna señal de voluntad de diálogo y de acercamiento de posiciones.

Queremos negociar, por una parte, esta deuda que desde el año 1995, viene produciéndose con el profesorado. Y hemos tomado la decisión de no reclamar los últimos 12 años, sino comenzar a hablar de lo que debe actualizarse a fecha de enero del presente año. Una Ley del Parlamento Canario del año 91 nos reconocía ese derecho. Sin embargo los reiterados incumplimientos de los sucesivos Gobiernos nos han conducido a esta situación.

Los profesionales de la educación hemos asumido con profesionalidad y responsabilidad en las últimas décadas, junto a la cotidiana tarea de impartir clases, nuevos y numerosos retos derivados de los profundos cambios sociales: aumento cualitativo de población inmigrante, parte de ella, no hispano hablante; programas de integración intercultural;  programas de prevención de la violencia y de la xenofobia, programas de educación para la salud y de educación afectivo-sexual; programas de habilidades sociales y educación en valores; programas de refuerzo y recuperación del desfase escolar; programas de prevención del absentismo escolar, programas de actividades complementarias y extraescolares; programas de dinamización de la participación de las familias en los centros; programas para  la potenciación de las nuevas tecnologías y el uso de internet; programas para el desarrollo progresivo de la educación bilingüe y un largo etcétera). Todo ello, en un contexto social de mayor precariedad, con continuos aumentos de las ratios y con pocos recursos para la dimensión de los problemas. En definitiva, hemos asumido nuevas y numerosas tareas  -“sin contrapartidas”-, en un contexto de precariedad de medios, con el consiguiente stress y sensación de incomprensión política y social.

Los profesionales de la educación, que estamos todos los días en la primera línea de atención a los usuarios, al igual que los profesionales sanitarios o de otros sectores, tenemos un diagnóstico profesional de la situación y una conciencia  clara del tratamiento que requiere. La mejora de la educación solo será posible con el esfuerzo y los compromisos de todos los sectores: profesorado, padres, gobierno, medios de comunicación, instituciones, etc.

Pensar que una mejora retributiva sujeta a contrapartidas, como ha pretendido el gobierno, es la garantía de una mejora cualitativa en la educación sería un "fraude social", un engaño. Los principales  esfuerzos deben partir del gobierno y de un compromiso de financiación. Por ello, el profesorado ya rechazó en el referéndum  “cargar en exclusiva” con la responsabilidad de una hipotética mejora.

Ante la pasividad del gobierno, sus maniobras y demagogia, proponiendo medidas aisladas, parciales y populistas, los representantes del profesorado han trabajado en la elaboración de una propuesta de documento base para un verdadero acuerdo por la mejora, que parte de un diagnóstico riguroso de los problemas reales y concretos que arrastra nuestra educación, realizado por los profesionales que trabajan inmersos en ellos todos los días y que propone un TRATAMIENTO INTEGRAL para alcanzar unos objetivos que aúnen las aspiraciones de todos los sectores comprometidos con la educación.

Dicho acuerdo se concretaría en la consecución de los siguientes objetivos en 5 años, avanzando para ello hasta un 6% del Producto Interior Bruto destinado a Educación:

1.- Lograr unas tasas de éxito escolar que nos sitúen, al menos, en la media del Estado Español.  
2.- Mejorar los resultados y el rendimiento del alumnado en las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés hasta niveles equiparables con la media del Estado Español.
3.- Avanzar cualitativamente en el desarrollo de las nuevas tecnologías y uso de Internet como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje en el ámbito escolar.
4.- Prevenir y compensar las situaciones de riesgo de exclusión social, con especial atención a las familias con dificultades para armonizar su vida laboral y familiar y al alumnado inmigrante.
5.- Revalorizar el trabajo y la función social de la docencia en nuestra sociedad.

La homologación o equiparación con los funcionarios base de la CC.AA sigue siendo un principio u objetivo irrenunciable para la mayoría del profesorado, más que por ambición por dignidad. Resulta difícil aceptar esa discriminación retributiva cuando se nos pide y asumimos una alta responsabilidad social. Podemos comprender las dificultades del gobierno para afrontar dicha inversión en un periodo presupuestario corto. Por ello, se ha reiterado la total disposición a flexibilizar los plazos, etapas y condiciones de dicho proceso.

El momento es crucial y delicado. Por un lado, se abre una oportunidad para un gran acuerdo sin vencedores ni vencidos donde, las mayorías de cada sector queden razonablemente satisfechas y, por otro lado, el peligro y la tentación de realizar, desde el poder, una maniobra de división del profesorado que proyecte en la escuela pública un ambiente de frustración, desmotivación y desconfianza para el futuro.

El servicio público de la educación tiene ante sí grandes retos, el Gobierno Canario tiene una responsabilidad que afrontar y la sociedad el deber de reclamarlo.

Profesorado del IES Tacoronte – Óscar Domínguez
(Esta carta ha sido financiada con los propios medios del profesorado en huelga)