Miguel Ángel Rojo Garnica, ex interventor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, habría ratificado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de la capital provincial, según desvela IU Canaria, lo dicho en su informe de julio de 2005, en el que afirmaba que, de acuerdo con la legislación vigente, no había razón para privatizar Emmasa y que los ingresos obtenidos por la venta de acciones sólo podrían destinarse al mantenimiento y desarrollo del servicio municipal de aguas. A pesar de lo cual, el alcalde habría optado por dedicar esos ingresos a otros gastos.

El abogado José Pérez Ventura, militante de IUC y asesor y portavoz legal de ese partido en Tenerife, preguntó a Rojo Garnica si había sido presionado para cambiar su informe, contrario a la privatización de Emmasa. El ex interventor respondió al Juzgado, el pasado día 12 de febrero, señalando que fue presionado por el secretario y el oficial mayor “que me propusieron la emisión de un nuevo informe. Siendo convocado al efecto a varias reuniones para ‘estudiar mejor el asunto’, en una de ellas el Oficial Mayor, entre otras cosas, me dijo que los puestos de libre designación comportan un mayor complemento específico y por tanto un mayor grado de flexibilidad y subordinación a los dictados del grupo de gobierno”.

IUC exige al Ayuntamiento de Santa Cruz una investigación sobre las supuestas presiones recibidas por el ex interventor, para que incumpliera con sus obligaciones con los contribuyentes, en aras de la “subordinación a los dictados” de ese “grupo de gobierno”, que también posibilitó una operación especulativa contra las arcas públicas en el caso Las Teresitas. Señalan que, si el Ayuntamiento no hace una investigación sobre lo sucedido, el caso será llevado ante la Fiscalía Anticorrupción.