Bernardino Ruiz Velázquez. Director del IES Playa de Arinaga y delegado de la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas en representación del STEC

¿Qué antecedentes y motivaciones tiene esta propuesta?
1.- Se viene proponiendo a la Consejería desde hace años, la necesidad de abordar un  gran acuerdo por la mejora del sistema público educativo. El profesorado hace años que viene denunciando la falta de recursos e inversiones en el sector acordes a los cambios y desafíos que la educación canaria presenta. Hay acuerdos de las Juntas de Personal Docente al respecto, entregados a la Consejería de Educación en legislaturas sucesivas, que han recibido el silencio por respuesta.
Desde el inicio del conflicto por la homologación, los sindicatos expresaron al gobierno, la voluntad de abordar un doble acuerdo: reconocimiento de la homologación y pacto por la mejora de la educación. La Consejería, además de negarse a negociar la homologación, ha evitado la negociación de un posible pacto por la mejora, ya que ha pretendido en todo momento evitar sus responsabilidades y compromisos, tratando de responsabilizar socialmente al profesorado de la situación y depositando exclusivamente en su esfuerzo o "contrapartidas" las posibilidades de mejora.
2.- Los profesionales de la educación hemos asumido con profesionalidad y responsabilidad en los últimos 15 años, nuevos y numerosos retos derivados de los profundos cambios sociales: aumento cualitativo de población inmigrante, parte de ella, no hispano hablante; programas de integración intercultural;  programas de prevención de la violencia y de la xenofobia, programas de educación para la salud y de educación afectivo-sexual; programas de habilidades sociales y educación en valores; programas de refuerzo y recuperación del desfase escolar; programas de prevención del absentismo escolar, programas de actividades complementarias y extraescolares; programas de dinamización de la participación de las familias en los centros; programas para  la potenciación de las nuevas tecnologías ; programas para el desarrollo progresivo de la educación bilingüe y un largo etcétera. Todo ello, en un contexto social de mayor precariedad, con continuos aumentos de las ratios y con pocos recursos para la dimensión de los problemas. En definitiva, hemos asumido nuevas y numerosas tareas  -“sin contrapartidas”-, en un contexto de precariedad de medios, con el consiguiente estrés y sensación de incomprensión política y social.
3.- Los profesionales de la educación, que estamos todos los días en la primera línea de atención a los usuarios, al igual que los profesionales sanitarios o de otros sectores, conocemos bien la situación y tenemos una conciencia  clara del tratamiento que requiere. La mejora de la educación solo será posible con el esfuerzo y los compromisos de todos los sectores: profesorado, padres, gobierno, medios de comunicación, instituciones, etc.
Pretender que una mejora retributiva sujeta a contrapartidas, como ha planteado el gobierno, es la garantía de una mejora cualitativa en la educación es un "fraude social", un engaño. Los principales  esfuerzos deben partir del gobierno y de un compromiso claro y decidido de financiación suficiente. Por ello, el profesorado ya rechazó en el referéndum  “cargar en exclusiva” con la responsabilidad de una hipotética mejora. Sin embargo, no nos engañemos, tenemos total disposición a asumir nuestra parte, a afrontar compromisos serios para mejorar la educación en un contexto donde todos los sectores implicados nos comprometamos seria y honestamente.
4.-El lema de “homologación sin contrapartidas” recoge y representa la legítima aspiración del profesorado de equiparar sus retribuciones, sin chantajes, sin nuevas cargas laborales. Pero, posiblemente, no ha sido bien comprendido o no lo hemos sabido explicar. Siempre lo he manifestado en los foros donde he participado. Se ha malinterpretado socialmente nuestra reivindicación y se le ha dado al gobierno la excusa perfecta para acusarnos de peseteros e insolidarios. La realidad es que la inmensa mayoría del profesorado pone al mismo nivel la reivindicación de la homologación con la de la mejora de la educación. Pero si del lado sindical se han producido traiciones, divisiones y errores, del lado del Gobierno se viene actuando con una actitud absolutamente provocadora, irrespetuosa e irresponsable. Cada gesto y declaración es una invitación a radicalizar el conflicto y cada vez más sectores nos preguntamos si obedece a una estrategia de seguir desprestigiando el servicio público para justificar su política de derivación de fondos a la privada.
5.-Ante la pasividad del gobierno, sus maniobras y demagogia, proponiendo medidas aisladas, parciales y populistas, los representantes del profesorado han trabajado en la elaboración de una propuesta de documento base para un verdadero acuerdo por la mejora, que parte de un diagnóstico riguroso de los problemas reales y concretos que arrastra nuestra educación, realizado por los profesionales que trabajan inmersos en ellos todos los días y que propone un TRATAMIENTO INTEGRAL para alcanzar unos objetivos que ilusionan y aúnan las aspiraciones de todos los sectores comprometidos con la educación.
Dicho acuerdo se concretaría en la consecución de los siguientes objetivos en 5 años:
1.- Lograr unas tasas de éxito escolar que nos sitúen, al menos, en la media estatal.  
2.- Mejorar los resultados y el rendimiento del alumnado en las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés hasta niveles equiparables con la media estatal.
3.- Avanzar cualitativamente en el desarrollo de las nuevas tecnologías y uso de Internet como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje en el ámbito escolar.
4.- Prevenir y compensar las situaciones de riesgo de exclusión social, con especial atención a las familias con dificultades para armonizar su vida laboral y familiar y al alumnado inmigrante.
5.- Revalorizar el trabajo y la función social de la docencia en nuestra sociedad.

 Para la consecución de dichos objetivos se proponen una serie de medidas y compromisos de cada uno de los sectores implicados. En definitiva, es una propuesta abierta para retomar el diálogo en un marco social. (Invito a leer la totalidad del texto propuesto en cualquiera de los foros publicado).
6.- La homologación o equiparación con los funcionarios base de la Comunidad Autónoma sigue siendo un principio u objetivo irrenunciable para la mayoría del profesorado, más que por ambición por dignidad. Resulta difícil aceptar esa discriminación retributiva cuando se nos pide y asumimos una alta responsabilidad social. Podemos comprender las dificultades del gobierno para afrontar dicha inversión en un periodo presupuestario corto. Por ello, se ha reiterado la total disposición a flexibilizar los plazos, etapas y condiciones de dicho proceso.
7.- El gobierno, a pesar de la oferta, no responde. Mantiene un sospechoso silencio. No realiza el más mínimo gesto de disposición negociadora  para evitar las movilizaciones convocadas.
 El momento es crucial y delicado. Por un lado, se abre una oportunidad para un gran acuerdo sin vencedores ni vencidos donde, las mayorías de cada uno de los sectores queden razonablemente satisfechas y, por otro lado, el peligro y la tentación desde el poder de realizar una maniobra de división del profesorado que proyecte en la escuela pública un ambiente de frustración, desmotivación y desconfianza para el futuro.
¿Hay en el gobierno responsables con la necesaria moderación, rigor y visión de futuro? ¿Seremos capaces los sindicatos representativos de aunar nuestros esfuerzos para lograr un acuerdo que devuelva la esperanza y la dignidad a la escuela pública?. Espero que sí, porque necesitamos unos docentes ilusionados en una sociedad esperanzada.